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El sábado en Lima se llevó a cabo una multitudinaria marcha para denunciar el intento concentrar poder en un tándem compuesto por la derecha y las Fuerzas Armadas.

Con una contundente marcha, más de medio centenar de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de Derechos Humanos se movilizaron en Lima para exigir que el Congreso desista en su intento de desintegrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como en el de avanzar sobre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RNIyEC), y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Todo esto tiene como telón de fondo a la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de propiciar un debate sobre un proyecto de ley que, si prospera, va a permitir que el Legislativo delegue facultades en el Poder Ejecutivo. “Tenemos al frente a una representación en el Gobierno que ha actuado de manera desmedida y sin tener misericordia, quitándole la vida a peruanos inocentes”, lamentó durante la marcha el subsecretario general de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, Gustavo Minaya, quien denunció que el gobierno presidido por Dina Boluarte, “posee un componente racista, discriminador y criminal que todos tenemos la obligación de combatir”.

En este contexto, el Partido Comunista Peruano (PCP), recordó que Boluarte accedió a Casa de Pizarro, mediante un golpe de Estado que derrocó a Pedro Castillo, que estuvo “planificado desde el Congreso por los sectores ultraderechistas bajo el liderazgo del fujimorismo”, pero también implementado a fuerza de represión que “dejó como resultado el asesinato de más de medio centenar de compatriotas”.

Tras lo que alertó que el ataque contra la JNJ, el RNIyEC y la JNE, pretende “el control de todos los poderes del Estado y los organismos autónomos constitucionales que aún quedan para perpetuarse en el poder”. Pero también que en la agenda del Congreso, figura la aprobación de leyes que buscan la salida de Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así  “la represión de quienes opinan diferente en medios de prensa alternativos, dirigentes sociales y todos los que cuestionen la crisis social, moral y política en la que la ultraderecha sumió a Perú”.

Y recordó que Boluarte y la hegemonía de la derecha parlamentaria, es la que en mayo pasado abrió la puerta a que militares estadounidenses se instalen en Perú para asesorar y adiestrar a personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por lo que al participar en la marcha del sábado, el PCP convocó a “cerrar filas contra la dictadura de la ultraderecha del Congreso-Boluarte y las Fuerzas Armadas” y volvió a exigir que cese la represión estatal que persiste en Perú, así como que se libere a todos los detenidos en las jornadas de movilización que salieron al cruce del derrocamiento del Presidente Castillo.

Cabe recordar que aunque fue instrumentado desde el Congreso, el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, tuvo su autoría intelectual y fuente de financiamiento en una clase capitalista que actúa en Perú con un fuerte componente en el negocio financiero, extractivista, de telecomunicaciones, medios digitales pagos y salud prepaga que es donde se verifica un crecimiento patrimonial exponencial que tiene como contratara el empobrecimiento de la clase trabajadora.