El dirigente del PRO entrerriano, había asegurado que dispone de un grupo de policías “voluntarios” que realizan tareas de inteligencia en su beneficio.
El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación sobre la denuncia por presunto espionaje ilegal que pesa contra el dirigente de Juntos por el Cambio de Entre Ríos, el ex concejal Emanuel Gainza que, durante septiembre pasado, hizo el coordinador del Registro Único de la Verdad (RUV), Marcelo Boeykens.
Como se recordará, la presentación del coordinador del RUV, fue formulada después de que en un programa de televisión, Gainza reconociera que tiene a su disposición a un grupo de policías que realizan tareas de inteligencia.
El dirigente del PRO aseveró que un grupo de policías “voluntarios”, realizan tareas de inteligencia “para prevenir que se le acercaran personas vinculadas al narcotráfico”, algo que en ese momento Boeykens calificó como “dichos y prácticas de inteligencia que son rayanamente antidemocráticas, violatorias de derechos humanos básicos y del estado de derecho, además de francamente discriminatorias y afectan derechos constitucionales y convencionales (además de) la ley nacional de inteligencia”.
Así las cosas y al conocerse la decisión del Ministerio Público Fiscal, Boeykens dijo que “es importante que la justicia investigue para ver si hay delito” y aclaró que “en el marco de un estado de derecho estas cosas no pueden suceder y, si suceden, deben ser investigadas y sus responsables sancionados”.
Asimismo, añadió que “es importante que el Ministerio Público Fiscal avance en esta investigación”, más aún “en el marco de la situación que está viviendo nuestro país, en donde también hay otras investigaciones relacionadas con delitos vinculados a la política”.
Y recalcó que, oportunamente, “formulamos la denuncia como la podría haber formulado cualquier ciudadano común y lo hicimos porque tenemos un compromiso con el estado de derecho, ya que en el Registro Único de la Verdad llevamos adelante todo lo que tiene que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia y la defensa del estado de derecho que se conquistó a partir de 1983”.