El gobierno que encabeza Gustavo Sáenz, vetó parcialmente la Ley de Convivencia Social, cuya sanción provocó fuerte rechazo por parte de organizaciones sindicales, sociales, políticas y de Derechos Humanos.
“Más allá del retroceso en la promulgación total de la ley que vino a dar respuesta a la inoperancia del Estado respecto las problemáticas económicas, laborales y sociales de Salta, corresponde repudiar el decreto 360/23 que con la derogación de algunos artículos, promulga parcialmente dicha ley, dando lugar a la legalidad de una ley antiderechos”, advirtió desde el Partido Comunista de esta provincia Bertha Lozano, quien además insistió con que “estamos frente a políticas nefastas diseñadas contra un pueblo oprimido”.
Cabe recordar que el sábado pasado, el gobernador Gustavo Sáenz, vetó parcialmente la Ley de Convivencia Social que se popularizó como “Ley Antipiquete”, que fuera sancionada el 1° de junio, tras recibir el aval de ambas cámaras legislativas y que provocó un fuerte rechazo popular que se plasmó en la postura que adoptaron organizaciones sindicales, sociales, políticas y de Derechos Humanos.
Ahora, merced a lo que señala el decreto 360, según anunció el ejecutivo, se busca que la norma ya promulgada concilie “el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de peticionar pacíficamente ante las autoridades y del uso del espacio público garantizando la libre circulación, la preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas”.
El anuncio fue hecho por el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, quien después de las jornadas de movilización que para rechazar esta ley tuvieron lugar en la capital provincial, sostuvo que “debemos reestablecer el orden y la paz social” y confió en que el decreto 360 contribuya a eso, tras lo que aseveró que “el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión, reunión, a peticionar y de circulación quedan plenamente garantizados”.
Con el decreto 360, el gobierno salteño busca también poner paños fríos a un conflicto social que viene creciendo en la provincia, motorizado por los trabajadores de la educación que llevan cinco semanas de paro activo. Y, al cierre de esta edición, se supo que con excepción de las localidades de San Martín y El Galpón, la medida de fuerza se había levantado, después de que la cartera educativa anunciara la resolución 163/23, por la que derogó la obligatoriedad de devolver los días de paro con el dictado presencial de clases los feriados y sábados.