Se trata del proceso en el que se juzgan los delitos de lesa humanidad que fueron perpetrados contra 150 personas. Entre los acusados están Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, quienes en julio de 2013 protagonizaron una fuga del Hospital Militar Central.
Al cierre de esta edición, en la ciudad de San Juan, se lleva a cabo una audiencia pública con lectura de cargos y el fallo del juicio enmarcado en la Megacausa San Juan III, en el que se juzgan los delitos de lesa humanidad que fueron perpetrados contra 150 personas, de las que algunas fueron fusiladas otras permanecen desaparecidas.
En principio, en este proceso hubo 35 acusados, pero sólo llegaron a sentarse en el banquillo 24 entre los que hay antiguos miembros de la policía sanjuanina, ex militares y un ex fiscal que está acusado por encubrimiento y, por tal motivo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos se movilizó hacia la sede del tribunal, recalcando que “los reales beneficiarios del genocidio son quienes hoy siguen a cargo de las empresas estratégicas del Estado y quienes legislan contra los derechos y a favor de los privilegios”.
Concretamente, en este caso, se juzgan delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, desapariciones forzadas y contra la integridad sexual por lo que se piden penas de cadena perpetua para siete de los represores. En particular, durante los alegatos, el fiscal Dante Vega solicitó la prisión perpetua para el ex fiscal Juan Carlos Yannello que fue acusado por encubrimiento de 78 crímenes y para el ex policía Miguel Ángel Mejías, así como para los ex militares que integraron la llamada Patota del RIM 22, que estuvo compuesta por Gustavo Ramón De Marchi, Jorge Antonio Olivera, Daniel Rolando Gómez, Eduardo Daniel Cardoso, Juan Francisco del Torchio y Juan Carlos Coronel.
Se trata de delitos de lesa humanidad que fueron cometidos en la provincia de San Juan, entre 1974 y 1983. De los acusados, los dos de más alto perfil son De Marchi y Olivera, quienes protagonizaron una fuga del Hospital Militar Central el 25 de julio de 2013, cuando eran investigados en causas judiciales que tramitaban en la primera instancia, pero que al mismo tiempo estaban siendo juzgados por otros delitos por los que finalmente fueron condenados.