La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a los ex jefes de la Policía de Salta por el homicidio de Calixto Zalazar, un trabajador al que torturaron hasta asesinarlo, en Salta, durante septiembre de 1976.
“Zalazar no tenía vinculación política, pero se usó todo el aparato del Estado para perpetrar el hecho”, recalcó Mariana Leonard, quien es militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Lahd) y del Partido Comunista de Salta, al referirse al caso de Calixto Zalazar, un trabajador que fue detenido el 4 de septiembre de 1976 en la capital de esta provincia, tras lo que fue torturado y asesinado a golpes por policías.
El juicio que se celebró varias décadas después de perpetrado el crimen, puso sobre el tapete la necesidad de establecer si se trataba de un delito comprendido dentro de la figura de Lesa Humanidad. Es por eso que la Cámara Federal de Casación Penal debió intervenir y confirmó las condenas que ya pesan sobre los ex jefes de la Policía de Salta, Victom Modesto Mendíaz, Joaquín Guil y José Manuel Reinoso, quienes en primera instancia fueron encontrados penalmente responsables por el homicidio de Zalazar, un hecho perpetrado en el marco del terrorismo estatal que se extendía en esta provincia como en elr esto del país.
En el juicio oral que en 2021 llevó adelante el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, la discusión estuvo centrada en si el hecho constituía un delito de lesa humanidad. Las defensas insistían en que no y la fiscalía afirmaba lo contrario. En su fallo, dictado en diciembre de ese año, la jueza Marta Liliana Snopek y los jueces Federico Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz, coincidieron con la acusación y condenaron a prisión perpetua a Mendíaz, Guil y Reinoso, así como al ex comisario Roberto Arredes, sobre el que Casación no se pronunció ahora porque en el medio fue sobreseído total y definitivamente por incapacidad sobreviniente.
Zalazar fue detenido el 4 de septiembre de 1976, en las cercanías del viejo Matadero Municipal, en el sudeste de la ciudad de Salta. Lo llevaron hasta la Comisaría Cuarta, donde funcionaba un centro clandestino de detención y fue golpeado hasta que lo asesinaron el 6 de septiembre. Su cuerpo que fue descartado en la vía pública, presentaba un golpe en la cabeza, estaba envuelto en una Bandera Argentina y tenía una ametralladora en la mano. Agentes de la policía de Salta llevaron a sus hijos a reconocer los restos mortales y los interrogaron sobre si su padre tenía militancia política. Después les entregaron el cadáver sin que se realizara autopsia, pero antes les advirtieron que no debían indagar sobre las causas de la muerte o les pasaría lo mismo.
“Para las organizaciones de Derechos Humanos, el hecho de que Casación haya ratificado que fue delito de lesa humanidad es muy importante”, remarcó Mariana Leonard y sin dudarlo hizo hincapié en que “fue un logro tremendo, porque se trató de una pulseada terrible la que se llevó a cabo durante tantos años”.
Y tras recordar que “la familia de Zalazar fue amenazada y silenciada cuando le devolvieron el cuerpo”, advirtió que “estaba claro que nada de esto se hubiera podido hacer sin el paraguas de protección que brindó el aparato del Estado, por eso se lo calificó como un crimen de lesa humanidad en el contexto del Terrorismo de Estado”.