“Seguimos exigiendo justicia por Isauro y Arturo Arancibia”, recalcó el secretario de Derechos Humanos de Ctera, Rogelio De Leonardi, tras la presentación de un requerimiento para que se eleve a juicio la causa abierta por el asesinato de los maestros.
Hace una semana, Ctera junto a la familia de Isauro y Arturo Arancibia, presentaron un requerimiento para que se eleve a juicio el caso en el que son querellantes en la causa dónde se investiga el asesinato de los maestros, atento la habilitación de días durante la feria judicial que fue ordenado por el juzgado federal 2 de Tucumán.
Esta etapa del proceso representa un importante avance hacia la realización del debate oral y público, a más de 47 años de que se perpetrara el asesinato de los hermanos Arancibia que es un hecho que constituye un delito de lesa humanidad.
“Seguimos exigiendo justicia por Isauro y Arturo Arancibia”, recalcó el secretario de Derechos Humanos de Ctera, Rogelio De Leonardi, y recordó que “Isauro Arancibia, como gremialista y fiel representante de los trabajadores de la educación, representaba un blanco para el terrorismo de Estado”, por lo que recibió reiteradas amenazas por parte de grupos paramilitares y parapoliciales como la Triple A, algo que quedó corroborado por la investigación que cursó la causa penal.
Por otra parte, en el marco de esta causa, la querella dejó constancia de que “la dirigencia sindical de esa época fue perseguida y desaparecida, debido a los principios que defendían relacionados con la educación pública y los derechos de los docentes, pues todo ello se oponía al modelo económico y social de la dictadura”.
Y recordó la desaparición forzada de Marina Vilte en Jujuy y de Eduardo Requena en Córdoba, que son sólo dos casos de los más resonantes de los más de setecientos trabajadores de la educación, lo que “prueba que el terrorismo de Estado apelaba a la eliminación de la dirigencia más representativa del país, que es la que garantizaba la escuela pública e inclusiva”.
Los hermanos Arancibia fueron asesinados en el marco de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. Algunos meses antes del golpe de Estado, Isauro había sido amenazado por la Triple A, cuando era secretario general adjunto de Ctera y titular de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales.
La causa que busca establecer las responsabilidades penales de quienes lo ultimaron, comenzó a sustanciarse en 2003 y durante los veinte años transcurridos la impunidad biológica selló el destino de buena parte de los policías que fueron identificados como integrantes de la patota que lo mató. Durante 2007 la Fiscalía pidió que se indague a los integrantes de la patota que acribilló a los hermanos Arancibia y solicitó que se haga lo propio con Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi. Dos años después, la mayoría de los policías que estaban procesados resultaron favorecidos por la falta de mérito. Y ya durante 2021, el titular del Juzgado Federal 2 de Tucumán, Fernando Poviña, procesó a quienes aún quedaban con vida.