En Córdoba el fuero federal inició un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Nanzer, secretario del PC provincial, remarcó que “es una causa con alto grado de simbolismo dada la coyuntura” y resaltó el papel del campo popular, el fuero federal, los sindicatos y los abogados para evitar que se frenen los juicios.
Comenzó en Córdoba un nuevo juicio de lesa humanidad, en el que se deben sentar en el banquillo de los acusados integrantes del D2 de Inteligencia, funcionarios del Poder Judicial y de la Casa Cuna. “Es una causa que posee un alto grado de simbolismo dada la coyuntura”, dijo Federico Nanzer, secretario político del Partido Comunista de la provincia, una de las organizaciones que puja por evitar que el actual contexto político se vuelva favorable a los genocidas que aún deben ser juzgados o condenados nuevamente.
El juicio abordará casos de secuestro, tortura, vejámenes, muerte y desaparición de personas ocurridos entre 1978 y 1979. Entre las víctimas, el juicio va a buscar esclarecer el secuestro y desaparición de trabajadores del Sindicato Únicos Obreros y Empleados (Suoem) de Córdoba, como así el de cinco mujeres que fueron secuestradas, torturadas y encarceladas por actuar solidariamente como mensajeras de los detenidos políticos.
Nanzer resaltó que “es una causa que inicia en un contexto complicado, cuando la ultraderecha anarcocapitalista se plantea desmontar y pulverizar muchas cosas, entre ellas, las políticas de derechos humanos que en Argentina gracias a los organismos, la lucha popular y a las organizaciones políticas de izquierda adquirieron rango de políticas de Estado”. Y, en ese sentido, recordó que esto pudo ser posible “no sólo porque hubo un proyecto político -el kirchnerismo- que lo instituyó como política de Estado, sino fundamentalmente por cómo caló en la conciencia popular el rechazo a la dictadura y las consignas de memoria, verdad y justicia”.
El dirigente del PC remarcó que la causa “pone de manifiesto que las organizaciones populares cordobesas tienen un resto, una reserva, un nivel de fortaleza histórica que no pudo ser degradada en estos cincuenta años de cordobesismo por parte de los grupos dominantes de la provincia”.
De acuerdo al análisis de Nanzer, ello se debe en gran medida a cuatro elementos que, a pesar de los años, mantuvieron vigente la lucha por memoria, verdad y justicia en la provincia: la movilización del campo popular, el trabajo de los abogados, la tenacidad de los sindicatos y el compromiso del fuero federal para con las causas por delitos de lesa humanidad.
Respecto al papel del campo popular, el titular del PC provincial recordó que “en Córdoba cada vez que un gobierno intentó avanzar sobre un pilar de la política de derechos humanos, se ha encontrado con una parte muy grande del pueblo que ha salido a defenderlo”. Y puntualizó que, en este caso, “el ejemplo del 2x1 durante la presidencia de Macri es un ejemplo paradigmático”.
En segundo lugar, “hay que rescatar la labor de los abogados y de las abogadas de los organismos de derechos humanos, luchadores a los que habría que otorgarles el rango de próceres del campo popular, porque han mantenido durante muchos años una conducta y un método de trabajo encomiable y admirable”. Entre ellos, Nanzer mencionó a Claudio Orosz, quien fue parte querellante en la mayoría de las causas que integraron la Mega Causa La Perla - Campo de La Ribera; a Martín Fresneda -quien fuera secretario de Derechos Humanos de la Nación- y abogado en la mayoría de las causas; y Lyllan Luque, como representantes de muchos otros que pusieron el cuerpo y el profesionalismo a disposición de la causa.
En esta causa en particular se sustancian casos de trabajadores municipales que fueron desaparecidos por su militancia gremial, afiliados al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Córdoba (Suoem). Al respecto, el dirigente aseveró que “se trata de un gremio muy combativo desde siempre, que además trabaja y milita mucho en el campo de los derechos humanos”. En efecto, en la Secretaría de Derechos Humanos del sindicato trabaja María Teresa Cuello, miembro de la Corriente Nacional Agustín Tosco del PC y secretaria de Derechos Humanos de la CTA de Córdoba.
También destacó el trabajo del fuero federal que, según Nanzer, “mantiene las causas en movimiento, porque si quisieran poner palos en la rueda podrían hacerlo, porque cuentan con los recursos y las posibilidades, y sin embargo no lo hacen”. Recordó entonces que “en Córdoba cuando comenzaron a desarrollarse las causas, incluso con la Obediencia Debida y el Punto Final vigente, hubo muchos funcionarios judiciales -entre ellos Hugo Vaca Narvaja, Miguel Ceballo o la fiscal López de Filoñuk- que trabajaron mucho para que las causas estén en movimiento”.
El inicio de este nuevo juicio pone sobre relieve el papel fundamental que cumplen las organizaciones del campo popular y los funcionarios comprometidos con una causa popular cuando el Estado se encuentra administrado por un gobierno de ultraderecha, que tiene en el reconocimiento a los genocidas una parte de capital simbólico que lo legitima ante los sectores más reaccionarios de la sociedad.