Gabriel Issasi, Fabián López y Juan Nieva recibieron la pena de prisión perpetua que el crimen que el crimen que Tribunal Oral en lo Criminal 25 calificó como agravado por haber sido perpetrado por odio racial.
Gabriel Alejandro Issasi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Lucas González. El Tribunal Oral en lo Criminal 25 los encontró coautores de haber perpetrado el delito de “homicidio quintuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.
Por su parte Sebastián Baidón deberá pagar ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de “torturas en calidad de autor”, en tanto que los otros efectivos de la Policía de la Ciudad Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Ozán, Juan Romero y Roberto Inca recibieron condenas de seis años de prisión e inhabilitación especial por una década, mientras que Héctor Cuevas recibió una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período. Asimismo, resultaron absueltos Daniel Santana, Ramón Chocobar, Jonathan Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Espinosa.
Como se recordará, Lucas González tenía 17 años y jugaba al fútbol Barracas Central. El 17 de noviembre de 2021 volvía a su casa de Florencio Varela después de haber entrenado con la sexta división en su club y lo hacía a bordo de un auto junto a sus amigos Joaquín Zúniga, Julián Salas y Niven Huanca que habían ido a una prueba del equipo.
Pero el Volkswagen Suran en el que iban, fue interceptado por un Nissan Tiida sin ninguna identificación en el que estaban López, Nieva e Isassi vestidos de civil. Los policías tiraron a matar y ultimaron a Lucas. Y a partir de ese momento, desde la propia Policía de la Ciudad, comenzaron a implementarse mecanismos tendientes a encubrir a los criminales y a desviar la investigación, intentando imponer la idea de que se había tratado de un enfrentamiento.
Estas maniobras quedaron desenmascaradas durante la investigación y el juicio que acabó con sentencias que tienen algunos datos relevantes. Además de las que corresponden al asesinato de Lucas, hubo condenas por torturas que cometieron efectivos policiales en el mismo escenario del crimen y a poco de que fuera perpetrado. Y el fallo destaca que el asesinato fue un hecho de violencia institucional y estuvo motivado por odio racial.
“Estigmatizaron, lo discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. Salen de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo”, dijo Héctor González, el padre de Lucas y aseveró que el asesinato tiene un componente de “odio racial”.
El de ayer fue el primer fallo dictado en Argentina por violencia institucional por odio racial. Esta formulación sirve para encuadrar lo que pasó durante esas horas terribles de aquel 17 de noviembre de 2021, pero también invita a reflexionar acerca de cuáles son los procesos que construyen y abonan esa violencia institucional y odio racial que ahora es sancionada en estas sentencias.
La Policía de la Ciudad es una fuerza relativamente nueva que fue creada, teóricamente, desde cero. Pero se la formó a partir de cuadros provenientes de otras fuerzas y que en muchos casos ya venían con frondosos prontuarios delictivos. Un caso paradigmático es el del Jorge El Fino Palacios, que fue en su momento el elegido por Mauricio Macri para moldear desde cero lo que después sería la Policía de la Ciudad.
Desde esa génesis, su matriz ideológica y sus prácticas metodológicas no distan demasiado del resto de las fuerzas policiales del país, que están atravesadas por miradas xenófobas y racistas que ponen en la mira (literalmente) a aquellos que fueron empobrecidos por el sistema. Y, en esta mecánica, como sus pares del resto de Argentina, la de la Ciudad goza de elevados niveles de autonomía respecto del control político que como contraprestación suele recibir la garantía de que se controla el territorio, donde los uniformados son amos y señores que administran una suerte de pax basada en la prebenda y la connivencia con el delito.
Y por más que se lo quiera naturalizar, nada de esto sucede azarosamente. Es que ante todo, el capitalismo es una forma de relación social y como tal precisa legitimar un sistema que es inhumano y sólo incluye a una minoría que es la propietaria del capital. Para eso un recurso tan recurrente como efectivo es la construcción de un “enemigo peligroso” en ese otro cercano y “diferente”.
Por eso todo sirve: “planeros”, “piqueteros”, “bolivianos mandados por Evo Morales para destrozar Jujuy”, “negros”, “kukas”, “zurdos”…cuanto más rocambolesca sea la formulación, más efectiva será. Y si para muestra alcanza con un botón, ahí está la polémica twitera que en estos días tienen Gerardo Morales y Luis Petri, en su disputa por bravuconear quién amenaza con pegarle más fuerte a las personas que salgan a protestar por una vida digna.
Carlos Marx postuló aquello de que el capital es su propio límite. Y reflexionaba que los límites externos son de carácter político, porque en ese marco la reproducción social acabaría volviéndose imposible sin que la clase capitalista debiera echar mano a fórmulas autoritarias que impongan la intensificación de la explotación de los trabajadores.
No se equivocaba tampoco en esto. Es que el sistema capitalista es una fábrica de patologías individuales, sociales e institucionales y una de ellas es la que a raíz de la Masacre de Ingeniero Budge el abogado comunista León Zimerman le puso el nombre de Gatillo Fácil, que no es otra cosa que una de las principales prácticas a las que recurre el Estado Liberal Burgués a la hora de disciplinar al sujeto social al que el sistema capitalista oprime.