Los vecinos de la Casa de Santa Cruz 140 se movilizan hacia Plaza de la República para pedir que no los echen a la calle.
Mañana jueves 26 por la mañana las familias de la Casa de Santa Cruz 140, van a movilizarse hacia el Obelisco para visibilizar la situación que nuevamente padecen, ya que de no mediar alguna decisión que frene la orden de desalojo, serán arrojadas a la calle el próximo martes.
Se trata de 350 personas que habitan el edificio desde hace más de dieciocho años que, entre otros organismos, son apoyadas por la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) desde donde se hizo hincapié en que “el derecho a la vivienda digna es indispensable”, ya que “es base de muchos otros derechos humanos, culturales, económicos y políticos que tenemos”.
La casa está habitada por familias que recuperaron el edificio de la que fuera una fábrica abandonada. Pero la Casa Santa Cruz 140, también es un emblema de resistencia a los intentos de desalojo que se potenciaron de la mano de las gestiones de Mauricio Macri en la Ciudad y se profundizaron con su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta, por lo que desde la Ladh se la describe como “una trinchera de la defensa de los derechos en la que sus habitantes siguen resistiendo”.
Sobre sus moradores pesa una sentencia de desalojo que fue firmada por el titular del Juzgado Civil 60, Fernando Jorge Virginio Cesari, que instruye a que el ejecutivo de la Ciudad brinde una alternativa habitacional para quienes viven en la Casa. Pero la Gestión PRO prefiere dilatar la situación, al tiempo que se niega a dialogar con los vecinos.
El edificio de la calle Santa Cruz fue subastado durante 2010 y, aunque las familias que lo habitan intentaron conseguir un crédito para comprarlo, no lo lograron. Pero quien lo adquirió -con todos sus habitantes adentro- fue Leonardo Ratuschny, quien pagó 1.550.000 pesos e inmediatamente inició un proceso judicial de desalojo. En este contexto, quienes viven en el edificio lograron que durante 2015 se realice una audiencia en la que participaron los moradores del edificio, Ratuschny y el IVC.
La propuesta que se hizo consistía en que se pudiera llegar a un acuerdo de venta. Pero Ratuschny valuó el lugar en treinta millones, una cifra descabellada si se tiene en cuenta que, por entonces, el Tribunal de Tasaciones de la Nación lo valuó en ocho millones y una inmobiliaria de la zona lo tasó en quince millones.
Vale recordar que en el edificio de Santa Cruz 140 funcionó la hilandería Selsa que cuando abandonó la actividad -ahí fabricaba toallas-, hizo lo propio con el edificio. El lugar estaba vacío y abandonado, hasta que fue recuperado por quienes lo convirtieron en su hogar, las mismas familias de trabajadores que pueden perderlo todo si avanza la orden de desalojo.
Hace un año, la Asociación Inquilinos Agrupados (AIA) presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley, que propone que las viviendas de esta jurisdicción que permanezcan vacías por más de tres meses consecutivos, ingresen “de forma obligatoria” a un sistema de alquiler protegido con un precio equivalente al uno por ciento del valor fiscal de la propiedad. Los datos que aporta la AIA a la hora de avalar su proyecto son contundentes, ya que dan cuenta que casi una de cada diez viviendas de la Ciudad, permanece sin ocupar y la mayoría de ellas está en barrios como Puerto Madero, Palermo y Recoleta. La iniciativa continúa durmiendo el sueño de los justos.