El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que el gobierno evalúa declarar a la educación como servicio esencial.
Ayer martes, el vocero presidencial Manuel Adorni, reconoció que el gobierno evalúa declarar a la educación como servicio esencial, una resolución que si se adopta obligaría a que los docentes garanticen una prestación del 75 por ciento del servicio durante cualquier medida de fuerza que adopten.
Lo hizo a pocas horas de que se lleve a cabo un congreso extraordinario en el que la Ctera podría formalizar la convocatoria a un paro nacional docente, con el que esa confederación saldría al cruce de la negativa gubernamental a llamar a la Paritaria Nacional Docente, pero también para protestar contra la determinación de la Presidencia Milei de no girar a las provincias el dinero correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el Fondo Compensador y aquellos montos que oportunamente fueron acordados para abastecer a los comedores escolares y los que se deben destinar a infraestructura escolar.
No es la primera vez que desde el ámbito gubernamental se platea algo así. A mediados de 2023 y en el contexto de la campaña que esperaba que lo depositara en La Rosada, lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, mientras que un año antes también desde las filas del PRO, quien se manifestó al respecto fue el ex titular de la cartera educativa de la Gestión Vidal, Alejandro Finocchiaro, quien presentó una serie de medidas que según él debían adoptarse para limitar el derecho a huelga en el sector.
Pero el antecedente normativo más elocuente que hay al respecto le corresponde a Patricia Bullrich, que cuando fue ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, estampó su firma en una resolución publicada en el Boletín Oficial, en la que se declaró a la educación como “servicio esencial básico”, lo que obligaba a que determinadas actividades no pudieran ser interrumpidas.
Pero los ataques de la Presidencia Milei contra el sistema educativo público, universal y gratuito no son nuevos, ya que se manifestaron desde los albores de su mandato por medio del proyecto de Ley Ómnibus donde, entre otras cosas se postulaba la necesidad de retirar la obligatoriedad de la presencialidad establecida en la Ley de Educación, al proponerse que los niños desde los nueve años pudieran transitar la escuela de manera virtual.
“Esta es una idea que atrasa 140 años”, definió la secretaria de la Modalidad de Psicología de Suteba, Laura Altamirano, y puntualizó que “la función de la escuela excede a la transmisión de contenidos”, tras lo que recordó la experiencia vivida durante la pandemia “en la que pudimos valorizar la función del docente y de la escuela en la educación en todos sus aspectos”, así como “la importancia de la función social además de la educativa”.
Y, en este sentido, advirtió que “permitir y propiciar que los estudiantes se eduquen en sus casas genera una situación de desigualdad, de soledad, de falta de empatía que puede traer graves consecuencias a futuro”.
Por otra parte, fustigó la decisión de sus pender la Paritaria Nacional Docente que es el espacio establecido por Ley, para el establecimiento del piso salarial para el sector y en todo el país, pero también condiciones laborales, aspectos vinculados a la carrera docente y hasta el calendario escolar. “Creo que con estas medidas, el gobierno nacional quiere avasallar los derechos laborales y eliminar las paritarias que es la forma democrática, instalada durante el gobierno de Néstor Kirchner, con la que contamos los trabajadores para discutir”, lamentó.
Pero nada puede sorprender de una gestión que, además, pretende modificar la normativa vigente para eliminar la Ley de Cooperadoras y habilitar e ingreso de publicidad privada a los establecimiento educativos. “Con esta desregulación las escuelas se transformarían en lugares privilegiados para la publicidad de productos y servicios privados con atención a un público previamente seleccionado”, reflexionó Laura Altamirano y advirtió que “ya tuvimos esta discusión durante el menemismo”, tras lo que fue clara al señalar que “la escuela como institución está en riesgo con estos personajes que llegaron al gobierno sólo para hacer negocios”.