Quien lo hace en este caso es la Asociación Argentina de Juristas, a partir de lo que dispuso el gobierno nacional por medio del DNU 941/2025, que brinda atribuciones excepcionalmente peligrosas a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Intentan emular “el siniestro régimen de la Alemania nazi”, afirmó la AAJ.
La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), hizo público su repudio al DNU 941/2025, dictado por el Ejecutivo Nacional durante el último día del año pasado, por el que se introducen modificaciones sustanciales, estructurales y permanentes a la Ley de Inteligencia Nacional, lo que incide en el funcionamiento y atribuciones de la Side. Y, por tal motivo, convocó “a todas las organizaciones políticas sociales y del ámbito de la justicia y el derecho a pronunciarse en le mismo sentido”, al tiempo que adelantó que va a recurrir a organismos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos para plantear este tema.
Al respecto, la AAJ consideró que el DNU 941/2025 resulta “inconstitucional y contrario a las convenciones internacionales y el sistema democrático”, ya que las modificaciones que introduce a la Ley de Inteligencia Nacional “alteran de modo integral el sistema normativo vigente en una materia especialmente sensible para el sistema democrático”.
De acuerdo a lo advertido por la AAJ, esto “transforma a los agentes de inteligencia en una ‘policía secreta’, con capacidad para aprehender personas sin orden judicial”, algo que la convierte en “una suerte de fuerza parapolicial”, al tiempo que “establece que todas las actividades que se realicen en el ámbito de la inteligencia nacional ‘revisten carácter encubierto’”, pero además “permite que la Side disponga de personal militar y de fuerzas de seguridad para cumplir tareas de inteligencia, sin requerir que en las solicitudes de colaboración se precise cantidad de efectivos y temporalidad”.
Por otra parte, el decreto “consolida un esquema de inteligencia centralizado, con amplias facultades discrecionales y con mecanismos de control débiles o insuficientes, pudiendo afectar gravemente el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales”. Con la misma preocupación, señaló que “pone a disposición de la Secretaría de Inteligencia de Estado una concentración de grandes volúmenes de información sensible, sin un control judicial efectivo y adecuado”.
Asimismo, subrayó la AAJ, que “la ampliación de las facultades de contrainteligencia podría habilitar prácticas de vigilancia que, aun de manera potencial, pueden inhibir o afectar la libertad de expresión, la opinión política, la participación democrática, la libertad de asociación, la actividad de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, ya que habilita un accionar represivo o persecutorio bajo la invocación de supuestas situaciones de ‘infiltración, ‘influencia, injerencia o interferencia de factores externos’, frases cuya flagrante opacidad habilita la discrecionalidad más absoluta”. Por lo que si prospera tal iniciativa, aseguró que se consolidará un “Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía”.
También indicó que el decreto promueve una concentración de funciones de Inteligencia, Contrainteligencia y producción de información estratégica “anulando los mecanismos de control parlamentario y aumentando el riesgo de desvíos autoritarios”. Tras lo que recordó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que los sistemas de inteligencia deben estar estrictamente regulados por ley formal, con controles democráticos efectivos, a fin de evitar prácticas de vigilancia ilegal, persecución política o criminalización de la disidencia”, como así también que toda injerencia estatal en la vida privada, la libertad personal o la participación política, “debe cumplir con los principios de legalidad estricta, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad, estándares incompatibles con regulaciones amplias, opacas o discrecionales”.
A partir de lo cual, la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas, hizo hincapié en que el otorgamiento o ampliación de facultades operativas a organismos de Inteligencia sin control parlamentario previo ni debate público, “incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos, en particular a la libertad personal, la privacidad, la libertad de expresión y la participación política”. Por lo que denunció el grave precedente institucional “que implica la utilización de un DNU para reformar integralmente el sistema de inteligencia nacional” y alertó acerca de que el DNU 941/2025, “entraña un riesgo cierto de afectación de derechos fundamentales en las garantías constitucionales, en particular por la concentración de poder, la ampliación de facultades operativas y la reducción de los controles democráticos, con disposiciones que parecen emular al siniestro régimen de la Alemania nazi, más que apuntar a una pretendida ‘modernización’”.
