“Aunque encuadre en una interpretación que puede estar dentro de lo que dice la Constitución, representa una burla a la propia Constitución y a cualquier idea de democracia que pueda haber”, sostuvo desde la Liga, Gerardo Etcheverry, al referirse al nombramiento por decreto de Lijo y García Mansilla, para la Corte Suprema.
A menos de una semana de que comience el período legislativo 2025 y pocas horas después de que acabara el de las sesiones extraordinarias, Javier Milei designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para cubrir en la Corte Suprema de Justicia las vacantes que dejaron Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, y lo hizo después de que el Senado no avalara los pliegos de estos dos magistrados que en abril pasado se convirtieron en los candidatos de la Casa Rosada.
La primera pregunta que surge es si corresponde que el presidente actúe de tal manera. “Hay un artículo en la vieja Constitución del siglo 19 que prevé que cuando hay receso del Congreso, en el caso del Senado, se puede hacer este tipo de cosas”, reconoció el vicepresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), el abogado Gerardo Etcheverry, pero recalcó que en este caso son sólo tres días los que separan el momento en que se publicó el decreto y la fecha de comienzo del período legislativo.
Entonces aunque el decreto encuadre en “una interpretación que puede estar dentro de lo que textualmente dice la Constitución, en realidad representa una burla a la propia Constitución y a cualquier idea de democracia que pueda haber”, ya que esa norma fue pensada para un momento en que el Congreso funcionaba durante menos meses, entre otras cosas porque trasladarse desde las provincias a Buenos Aires era mucho más complejo que ahora, algo que “nunca fue revisado porque generalmente tenemos un sistema en el cual los sucesivos gobiernos buscan quedarse con este tipo de ventajitas por si las precisan”.
Entonces Milei “aprovecha todas las posibilidades que tiene para que, desde adentro y tal como lo reconoció, pueda destruir el Estado y cualquier cosa mínimamente democrática, para avanzar en una colonización de todo el sistema político del país por parte de individuos que estén a disposición del mejor postor o que, como García Quintana, defienden posiciones favorables a las minorías más poderosas” ya que, recordó Etcheverry, “los jueces son parte de ese sistema y especialmente cuando se trata de la Corte”.
Y, al respecto, recordó que García Quintana “pasó toda su vida en grandes estudios, defendiendo los intereses de grandes empresas”, por lo que “no tiene ningún interés en lo ecológico ni en proteger algún derecho colectivo de nadie y además de todo eso, por su catolicismo conservador, está en contra del aborto y de casi cualquier conquista que hubo durante los últimos tiempos”.
En esta suerte de blitzkrieg contra el pueblo que caracterizó lo que va de de su Presidencia, Milei se cargó instrumentos de control como la Unidad de Información Financiera y Oficina Anticorrupción, al tiempo que embadurnado por el barro de la estafa de $LIBRA, designó a María Florencia Zicavo, al frente de la Unidad de Tareas de Investigación que fue creada para “investigar” el caso que lo puso en el ojo del huracán ¿Quién es Zicavo? Ni más ni menos que la actual jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, además de mano derecha del titular de esa cartera, Mariano Cúneo Libarona.
En este marco, si ahora de la mano de Lijo y García Mansilla acaba por cerrar el cerco sobre la Corte Suprema, podría garantizarse tener la vaca atada en el lugar donde, si Diputados declara su inconstitucionalidad, debería decidirse la suerte del DNU 70/2023 que es la piedra basal desde donde la Presidencia Milei viene construyendo buena parte de las atrocidades que perpetra.
“Todo eso forma parte del absurdo que significa que desde el mismo ejecutivo investiguen a Milei…eso es tan ridículo como cuando Mauricio Macri puso a Laura Alonso como jefa de la Oficina Anticorrupción, cuando a las claras es una persona que desconoce todo sobre derecho, pero que además reconoció que no iba investigar a su propio gobierno”, reflexionó Etcheverry y sostuvo que como aquel del PRO, el actual gobierno “busca destruir cualquier tipo de control y quiere hacer todavía menos democrático al poder que ya es el menos democrático, que es el Judicial”. Y aclaró que “en esto también hay una culpa enorme por parte del Senado que pudo rechazar los pliegos a tiempo, algo que hubiera evitado que el gobierno jugara la carta que juega ahora”.
Así las cosas, el dirigente de la Ladh puntualizó que queda claro que Milei busca acabar de formatear una Corte que sostenga “el sistema de destrucción de derechos que representa su gobierno”, pero asimismo destacó que nada de esto debe ocultar los desastres que cometió la actual composición de la Corte que “es la misma que con tres de sus cuatro votos, a fin de diciembre, hizo una medida gravísima que es la que habilita a que antes de ir a al Corte, los fallos de todos los tribunales ordinarios de la Ciudad, tienen que pasar por el Tribunal Superior porteño (TSJ)” (Ver Hacete amigo del juez).
Y recordó que desde hace mucho, ese Tribunal “está formado por cuatro conservadores y una jueza progresista que viene del Poder Judicial de la Nación donde fue jueza del trabajo y antes abogada laboralista”, por lo que en el TSJ “está asegurado que los votos van a ser de cuatro reaccionarios contra una y entonces todos los fallos a favor de los trabajadores se van a dar vuelta ahí”, mientras que los supremos “ni siquiera van a tener que ensuciarse las manos privando a los trabajadores de derechos…esto va a pasar con las causas laborales, comerciales y penales”.
Por eso es que al tiempo que fue contundente cuando señaló que, entre otras cosas, esa medida “se hizo para favorecer a Macri en la causa del Correo”, también lo fue a la hora de advertir que “entre las causas que pasaron a Ciudad está la de Luis Chocobar, por lo que la Corte hizo una jugada para sacarse de encima esa causa y no tener que decir que está bien asesinar a alguien por la espalda, por eso se la pasó a la Ciudad para ver si el TSJ se atreve a decir eso”.
Con este telón de fondo, la pregunta de la hora es si esta apuesta de máxima le puede salir bien a Milei o si para que pasen los pliegos de Lijo y García Mansilla, va a tener que sentarse a rosquear como en su momento y tras los nombramientos por decreto, tuvo que hacer Macri con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. “Por lo pronto, lo que consiguió es tapar un poco el escándalo en que está metido por el fraude cripto”, evaluó Etcheverry y añadió que “desde ese punto de vista ya le salió bien la movida”, pero lo que pueda pasar después aún tiene un final abierto, “aunque por cómo se portó hasta ahora, no nos podemos hacer muchas ilusiones de que el Senado vaya a rechazar inmediatamente los dos pliegos”, ya que sus miembros “no demostraron estar a la altura de defender al sistema constitucional, algo que quedó plasmado hace poco cuando se aprobó la llamada Ley Antimafias, que lo que defiende es una especie de Estado de Sitio, pasando por encima del Congreso en otra violación de la Constitución que nos pone en riesgo a todos”.
Entre las primeras medidas que impulsó Javier Milei apenas ingresó a La Rosada, estuvo el Proyecto de Ley Ómnibus que posteriormente y rosca de por medio, devino en Ley Bases. Pero cuando todavía era Ómnibus, a la hora de defender la iniciativa, el ministro Cúneo Libarona fue a la Cámara Baja donde, entre otras cosas, explicó por qué uno de los más de seiscientos artículos del proyecto postulaba la obligatoriedad de uso de toga y martillo para los jueces…pero lo que obvió decir es que además, al parecer, deberían usar peluca.
