La Central recibió a trabajadores de los Sitios de Memoria que vienen resistiendo la ola de despidos y cierres que perpetra el gobierno nacional por medio de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia.
La Mesa Nacional de la CTA de los Trabajadores recibió en su sede a trabajadores de los Sitios de Memoria, que presentaron un informe acerca de la situación que atraviesan los distintos centros y organismos que funcionan bajo la jurisdicción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que con la gestión de Alberto Baños, es objeto de vaciamiento, despidos de personal y hostigamiento a los que no fueron echados.
En todos los casos, estos despidos pasaron a engrosar una larga nómina de trabajadores estatales a los que se cesanteó durante 2024, cuando por orden del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y del propio secretario Baños, se perpetraron masivos despidos en esa cartera que afectaron particularmente al área de Derechos Humanos, mientras que también se anunció la determinación de desguazar el Centro Cultural Haroldo Conti.
Con este contexto, en su visita a la sede central de la CTA, la Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ATE Capital presentó un informe que elaboró, donde consta la situación que se está atravesando. Ahí estuvieron, entre otros, el secretario adjunto de la central y titular de ATE Capital, Daniel Catalano, el responsable de Relaciones Internacionales, Roberto Baradel, la trabajadora del Haroldo Conti, Nana González, y secretaria adjunta de ATE Capital en el Ministerio de Justicia, Rubén López, así como el secretario Sindical del Partido Comunista, Ignacio Cámpora, quien integra directiva de ATE.
Durante el encuentro se visibilizó la situación de despidos y amenazas perpetradas por parte del gobierno que encabeza Javier Milei hacia los trabajadores de los Espacios de Memoria, por lo que se hizo hincapié en que es preciso “defender los puestos de trabajo y los Sitios de Memoria y en este contexto Catalano informó sobre el estado en que se encuentra la medida cautelar que fue presentada por la legisladora porteña, Victoria Montenegro, a la que el juez Ariel Lijo respondió determinando que el Estado debe garantizar una dotación de personal capacitado para que prosigan las tareas de transmisión de lo ocurrido durante la dictadura en los Espacios de Memoria que están dentro de Ciudad de Buenos Aires, esto es, los predios y edificios donde funcionaron los campos de concentración Escuela de Mecánica de la Armada, Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Al respecto, Catalano advirtió que la decisión judicial “aún no se ha efectivizado”.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA informó que se van a ratificar las denuncias que se vienen efectuando ante organismos internacionales para dar cuenta del recorte en materia de políticas de Derechos Humanos, algo que remarcó “atenta gravemente contra la democracia”. Y se estableció que con el antecedente del multitudinario acto que se hizo bajo la convocatoria “Una memoria que arde”, se prevé continuar con las actividades de visibilización, “en defensa de los trabajadores de los Espacios y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.
