En esta cuestión coinciden, desde La Violeta Docente, Maru Regue y Cristian Poli, cuando se refieren a lo que el Proyecto de Ley Finocchiaro pretende imponer al declarar la “esencialidad educativa” y avanzar con el plan privatizador del sistema educativo en Argentina.
La atomización de la organización y la lucha de los trabajadores es un viejo anhelo para la clase capitalista que, durante los días que corren, vuelve a la carga de la mano del Proyecto de Ley Finocchiaro y su intención de que se declare la “esencialidad educativa”, que no es otra cosa que una forma elegante de designar al cercenamiento del derecho que tienen los trabajadores de la educación a defender sus derechos mediante una herramienta fundamental como es la huelga.
Un punto clave para comprender de qué va todo esto es el que aporta desde Suteba Zárate, Cristian Poli, al recordar que cuando estuvo a cargo de la cartera educativa de Ciudad de Buenos Aires, durante la Gestión Macri, Alejandro Finocchiaro “fraccionó al movimiento sindical docente”, algo que se ve reflejado ahora en el hecho de que en esa jurisdicción “haya alrededor de diecisiete organizaciones docentes cuya mayoría fueron gestadas al calor de la Administración Macri”.
Por eso es que, aunque “lo de la esencialidad en educación tiene varios aspectos, fundamentalmente, es la punta de lanza del proyecto privatista que en Argentina se instaló con el macrismo y se profundiza con Milei", recalcó Poli y recordó que Finocchiario “es un elemento del sionismo israelí que cuando integró la Gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, planteó que el combate con los sindicatos docentes era como el de Israel con Hamas”.
Asimismo, puntualizó que en consecuencia “llevó a cabo una estrategia que fue la de dividir, algo que no pudo hacer a nivel nacional cuando fue ministro, porque desde el conjunto del movimiento sindical docente tomamos nota y fortalecimos nuestras organizaciones en base a la acción y a la lucha”, por lo que “esto que hace ahora es una especie de venganza por parte de Finocchiaro”.
Por su lado, la secretaria de Derechos Humanos de Amsafé, Maru Regué, coincidió con Poli al plantear que la iniciativa “pretende suprimir el derecho de los docentes a poder expresarnos y también el derecho a huelga que son cosas que van de la mano” y advirtió que se busca que “las escuelas estén con la misma cantidad de chicos y chicas, pero con un porcentaje de docentes mucho menor, algo que afectaría la calidad educativa que tanto se jactan de pretender”.
Y después hizo hincapié en que esto que “ya se está viendo en la provincia de Santa Fe, va en desmedro de la calidad educativa”, lo que habla con claridad acerca “de lo nefasto y parecidos que son lo gobiernos de Maximiliano Pullaro y Javier Milei", pero también "señala que ambos coinciden en querer destruir la lucha colectiva de los trabajadores".
Con este telón de fondo, Poli aseveró que lo de la esencialidad educativa “se une a un plan general y a un debate que tiene la ultraderecha fascista, que es si a la educación hay que privatizarla o mercantilizarla”, conceptos que “no son lo mismo pero sí similares, y se inscriben en el proceso que busca ocupar y colonizar lo que sea rentable de la educación pública, como universidades y escuelas ubicadas en ciudades de alto PBI, para dejar a las otras que sobrevivan como puedan, lo que es de alguna manera el modelo que se viene aplicando en Chile desde la dictadura de Pinochet”.
