Con el apoyo de Lagarde y el secretario del Tesoro de EE.UU., el Gobierno Cambiemos aprovechó el encuentro de ministros del G-20 para relanzar el intento por lograr una membrecía en la Ocde y el acuerdo Mercosur-UE.
Con la mirada puesta en la cumbre de mandatarios del G-20 que se llevará a cabo en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre, el Gobierno Cambiemos fue desde el viernes -y hasta ayer- anfitrión del encuentro de ministros de finanzas y titulares de bancos centrales de ese organismo multilateral, que se celebró en la capital argentina.
Ahí, con la presencia descollante de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde y el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, el gobierno recibió un apoyo explícito a la política de ajuste que desarrolla desde diciembre de 2015, la misma que blanqueó con la irrupción del Fondo.
La llegada de Lagarde era esperada por el Staff Cambiemos y, particularmente, por Mauricio Macri, que en un escenario de moderada zozobra política, está urgido de dar señales claras al tándem de poder que representa.
Por eso la titular del FMI, que próximamente va a reabrir en Buenos Aires la oficina desde donde se monitoreará el cumplimiento del Stand-by que suscribió con el ejecutivo, fue recibida con la consideración que excede al tratamiento que el protocolo indica para alguien de su investidura.
Tras revisar los libros de Economía, Lagarde cenó en la Quinta Presidencial y después, durante el encuentro del G-20, apadrinó al ministro Nicolás Dujovne y al presidente del Banco Central, Luis Caputo.
Es que el universo que representa -desde la política- el G-20 y fundamentalmente su núcleo duro, el G-6, tiene razones valederas para desconfiar sobre el éxito del programa de ajuste que el Gobierno Macri le vendió al Fondo.
Por eso es que una de las cartas fuertes que el ejecutivo puso sobre la mesa en este encuentro, es su abierta voluntad de avanzar en todo lo que sea necesario para que Argentina sea aceptada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), pero también para que se pueda concretar un acuerdo entre el Mecosur y la Unión Europea (UE).
Aquí vale recordar que, tal como lo señaló desde un primer momento NP diario de noticias, el acuerdo que viabilizó el Stand-by entre nuestro país y el FMI, es el resultado de un camino que diseñó el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015.
De ahí que las crisis monetaria y cambiaria, además de crisis financiera en que derivó, lejos están de ser consecuencias de impericia, factores externos o cualquier otro imponderable, sino que corresponden a un plan meticulosamente pergeñado que se completa, al menos en uno de sus capítulos, con la entrada a la Ocde y el acuerdo Mercosur-UE.
“España debe incentivar más la prolongación de la vida laboral ya que su sistema de pensiones tiene un problema financiero derivado del envejecimiento”. Esto lo dijo Hervé Boulhol, quien es economista senior responsable de pensiones de la Ocde, cuando no hace mucho se refirió al sistema de jubilaciones de este país que tiene problemas de financiamiento, pero que derivan de la política llevada a cabo -sobre todo- por los gobiernos encabezados por Aznar, Rodríguez Zapatero y Rajoy.
Fue durante las gestiones de estos jefes de Estado -del PP y el Psoe- cuando sistemáticamente se vació La Hucha, tal como ahí se conoce al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para tapar el agujero fiscal que iban dejando reformas regresivas en el terreno laboral e impositivo que se implementaron a instancias -entre otras- de recomendaciones de la propia Ocde.
¿Tendrá alguna similitud todo esto con lo que está haciendo el Gobierno Cambiemos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS)?
¿Y qué pasó en España? Entonces, con La Hucha llena de agujeros, apareció la Ocde para plantear que el sistema de pensiones que tiene ese país es demasiado generoso, por lo que debe abrirse a la intervención del capital financiero privado.
Pero, asimismo, a que las personas estén obligadas a trabajar más años después de jubilarse, porque si no lo hacen, ni siquiera pueden soñar con complementar ingresos que le permitan sobrevivir. Esto no es otra cosa que un sistema de jubilaciones privado sustentado por aquellos a los que ya se les sacó hasta la última gota.
¿Pero cómo se puede llegar a que se acepte algo así? Ahí y aquí, el camino es sencillo: forzar el quebranto del sistema, para después apropiarse y transformarlo en negocio sustentado por trabajadores, en beneficio de multinacionales y actores del sistema financiero local.
Así también lo dejó en claro el jefe de la Unidad de Pensiones Privadas de la División de Asuntos Financieros de la Ocde, Pablo Antolín, cuando al comenzar el año reclamó que España lleve a cabo una reforma integral en el sistema de pensiones. Lo hizo al presentar un documento del organismo en el que también recomienda “abaratar el despido -esto es reducir las indemnizaciones- y aumentar los plazos de preaviso y subir el IVA”.
Ahora bien, si la Ocde pide todo esto para un país como España, que ya es miembro del organismo ¿se imagina qué es lo que va a exigir para uno que, como Argentina, tiene un gobierno capaz de hacer cualquier cosa para lograr la membrecía.
¿Futuro del trabajo?
El “futuro del trabajo”, es uno de los temas centrales que propuso el Gobierno Macri para la agenda del G-20, pero también uno de los tópicos clave para el objetivo del relanzamiento del intento por lograr un acuerdo entre la UE y el Mercosur que, si hasta ahora fracasó, fue sólo por objeciones provenientes de algunos de los principales jugadores del bloque europeo.
Esto quedó claro cuando, en enero, al visitar a Emmanuel Macron, Macri le pidió “no desperdiciar esta oportunidad” para que la UE avance en un tratado de libre comercio con el Mercosur. La respuesta pública del mandatario francés fue contundente: ese acuerdo podría ser “desestabilizador” para el sector bovino de su país.
Macron también habló de “líneas rojas” que su país no está dispuesto a pasar y recalcó que la Política Agrícola Común de la UE -que tiene a Francia y Polonia a la cabeza- se mantiene firme en puntos clave como las barreras existentes en lo inherente a las carnes rojas, productos agrícolas y el bioetanol.
Es que las reglas son claras: en el universo capitalista sigue habiendo vecinos de primera y de segunda, y las fronteras entre ambos son infranqueables, ya que eso del liberalismo tiene un carril de única dirección.
Este y no otro, es el mundo -cerrado a la importación, abierto a la deslocalización y proclive a la externalización- en el que el Gobierno Cambiemos quiere meter a Argentina. Esto es, terminar de convertir a nuestro país en un campo orégano para la maximización -rápida y segura- de la tasa de ganancia del capital financiero.
Y lo hace junto a Brasil, enarbolando la bandera de haber hecho el “trabajo sucio de derrotar al populismo” y con la promesa de ceder todo lo que sea necesario y aún más.
Todo esto que significa darle un golpe letal a la pequeña y mediana industria y al trabajo a cambio de poco y nada, se expresa con claridad en las palabras del secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas de Brasil, Marcello Estevao, quien celebró que el ejecutivo propusiera como tema central de la agenda del G-20 el “futuro del trabajo”.
En su paso por Buenos Aires, Estevao fue claro cuando hizo hincapié en el “vínculo muy estrecho” que existe entre la propuesta del Gobierno Macri y la reforma laboral en que avanzó Michel Temer a poco de que un golpe parlamentario se cargara a la Presidencia Rousseff.
El funcionario explicó que, en su país, la reforma apunta a “disminuir el grado de rigidez de las relaciones laborales”, algo que “va en la misma dirección que la idea del ‘futuro del trabajo’ porque es necesario tener mercados de trabajo más flexibles”.
Y remarcó que el acuerdo entre Mercosur y UE, sería “muy importante” porque el bloque sudamericano “es muy cerrado en términos comerciales”, tras lo que destacó que es preciso “trabajar para tener, principalmente, más importaciones en el bloque” ya que “si se importan los bienes que nosotros hacemos pero son muy caros, los productos nacionales serán más baratos y competitivos”.
Así las cosas, queda claro que ambos proyectos, diseñados en consonancia con las requisitorias del FMI y la Ocde, tienen su leitmotiv en el acotamiento -a punto de la extinción- de la capacidad de negociación por parte del universo del trabajo y el drástico cercenamiento de derechos laborales adquiridos por los trabajadores.
Pero asimismo, en garantizar un nuevo orden capitalista que -más allá de la puja entre facciones- se sustenta en el poderío militar, la supremacía del dólar como moneda de intercambio global, la extracción de recursos económicos de la periferia.
Por eso el putsch que busca -una vez más- transformar en privada y multinacional a la riqueza social que, en algunos lados, se construyó en años de lucha. Y de esto van los tratados de libre comercio como el que se pretende hacer entre la UE y el Mercosur. Pero también el ingreso a la Ocde y la renovada relación con el FMI.
