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Con una contundente movilización, en Montevideo, alumnos y trabajadores demandaron un cambio en las políticas del gobierno para el área.

Para exigir que se incremente el presupuesto del área, el miércoles pasado en Montevideo, alumnos y trabajadores de la educación se movilizaron en el contexto de un paro nacional de 24 horas, en una marcha que recorrió diferentes puntos de la capital uruguaya para dirigirse hacia la sede de Presidencia de la República.

Ahí, la secretaria general del PIT-CNT y de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), Elbia Pereira, apuntó contra recientes dichos del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, quien aseveró que los trabajadores de la educación son un grupo “privilegiado” por haber recibido incrementos salariales durante los últimos años.

Al respecto, la titular de la FUM-TEP fue clara cuando sostuvo que desde 2020 llevan perdido cerca de ocho por ciento de salario real. “Yo me pregunto por qué si la economía crece no hay derrame para trabajadores y trabajadoras ¿No será que los privilegiados son otros que no somos los que estamos acá?”, cuestionó.

La situación del sistema público, universal y gratuito de educación en Uruguay empeoró a raíz de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fue aprobada por el Parlamento en julio de 2020 y refrendada el 27 de marzo de 2021 en un referéndum que convalidó sus artículos que incluyen herramientas que cercenan el derecho a huelga, al tiempo que favorece la expansión del negocio forestal, consagra otras reformas de corte neoliberal y que habilitan a las fuerzas policiales puedan reprimir la protesta social.

Pero también y tal como oportunamente lo denunció el Partido Comunista de Uruguay, impone una drástica “reducción del Estado cuando más se necesita” y un ejemplo de ello es el “desmantelamiento del rol social de las empresas públicas y debilitamiento de la educación pública”.

Por su parte y en esta dirección, desde la Unión de la Juventud Comunista de Uruguay, Mariana Capurro, hizo hincapié en que la LUC “generó el marco político para llevar a cabo un ajuste”, así como “la limitación al derecho de huelga, la criminalización de la protesta y el decrecimiento del salario real de forma sistemática año tras año”.

Y no dudó en señalar que el actual gobierno “desvalijó el Estado, quitándole recursos genuinos a las áreas de Educación y Salud”, tras lo que destacó que a esto se suma una reforma curricular impulsada por el gobierno desde la Administración Nacional de Educación Pública “que habla de educación para la competencia, lo que quiere decir ‘educar para insertarse en el mercado’, eliminando todo lo que tiene que ver con el área social”.