Así se señala en un Proyecto de Ley que fue presentado en Diputados que recibió el apoyo de organismos de Derechos Humanos, entre ellos, la Liga.
La Liga Argentina por los derechos Humanos (Ladh) es uno de los organismos que públicamente salieron a apoyar el Proyecto de Ley por el que se solicita que se intervenga el Poder Judicial de Jujuy que, si prosperara, permitiría que se declare en comisión legislativa a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al titular del Ministerio Público de la Acusación de esa provincia.
En tal sentido emitieron una declaración en la que se recuerda que “desde hace seis largos años venimos reclamando la libertad de Milagro Sala y de otros diez detenidos y detenidas de la Agrupación Tupac Amaru y de la Red de cooperativas sociales de Jujuy”, al tiempo que se hace hincapié en el ambiente de persecución que el ejecutivo que preside Gerardo Morales, incrementa contra referentes sociales desde su asunción.
La iniciativa parlamentaria fue presentada por los legisladores del Frente Patria Grande Federico Fagioli, Itaí Hagman y Natalia Zaracho, y cuenta con el aval de los diputados Leonardo Grosso, Verónica Caliva, Natalia Souto, Eduardo Toniolli y Juan Carlos Alderete.
Junto a la Ladh, suscribieron la declaración de apoyo al proyecto, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Hijos Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
Ahí se recuerda que “hemos denunciado reiteradamente acciones de un Poder Judicial subordinado al poder político del gobierno provincial, todas ellas violatorias de las normas de un Estado republicano y de la división de poderes” y tras solidarizase “con todas las víctimas de la persecución judicial y política que vive la provincia de Jujuy”, denunciaron “la política represiva que el gobernador Morales ejerce sobre quienes se movilizan y reclaman por sus derechos”.