Así calificó el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló el procesamiento de tres ex militares acusados vejaciones y torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas.
Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos se repudió la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, por la que anuló el procesamiento de tres ex militares acusados de perpetrar vejaciones y torturas a soldados bajo su mando, durante la Guerra de Malvinas.
La decisión de la sala I del máximo tribunal penal federal se basa en que considera prescriptos estos crímenes, tal como lo señala un fallo de 2009 que resolvió que no se trataba de delitos de lesa humanidad. De este modo benefició a Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini.
“El fallo retrocede a la Argentina de los 90”, lamentó el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que fue adoptada por los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la restante integrante de la Sala Ana María Figueroa, quienes anularon lo que oportunamente había resuelto la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que en consonancia con la primera instancia de Río Grande, estableció que se cometieron delitos de lesa humanidad.
Gassino, Garde y Calderini quedaron procesados tras ser indagados durante 2019, por “imposición de tormentos” ya que se comprobó que fueron responsables de hechos de estaqueamiento y enterramiento de los soldados que habían sido castigados parte por salir a buscar de comida, en medio de una situación en la que sus mandos los sometían a hambre extrema.
Al respecto, desde el Cecim La Plata se repudió el fallo pero se aclaró que no sorprende y se hizo hincapié en que Petrone y Barroetaveña “pueden estar incursos en la figura de prevaricato”, ya que la sentencia “desoye los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia transicional y de acceso a la justicia por parte de las víctimas y en lo que concierne al deber del Estado de investigar en aquellos casos donde se ha cometido el delito de tortura”.