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En Villa María, se entregaron copias de los legajos de 19 personas que fueron secuestradas y desaparecidas por la última dictadura, entre ellas, la del militante del Partido Comunista, José Brizuela. 

José Brizuela nació en Córdoba el 20 de febrero de 1927, era obrero de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, sindicalista de Luz y Fuerza y militante del Partido Comunista. Tenía cincuenta años cuando lo secuestraron el 24 de octubre de 1977 en la capital provincial y se supo que estuvo detenido ilegalmente en el Centro Clandestino de Detención La Perla.

Brizuela permanece desaparecido y la copia de su legajo es una de las que, la semana pasada, el Archivo Nacional de la Memoria entregó a familiares de 19 personas que fueron secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura, en los que constan las denuncias originales y los testimonios de víctimas de la represión ilegal por parte del Estado nacional durante esos años.

Por tal motivo se llevó a cabo un acto que tuvo lugar en Villa María en el que, junto al de Brizuela, se entregaron las copias de los legajos de Aldo Apfelbaum, Miguel Ángel Arias, María Marta Badano, Ester Felipe, Noemí Francisetti, Elda Francisetti, Alberto Garbiglia, Marta Ledesma, Juan Ledesma, Susana Libedinsky, Luis Mónaco, Víctor Paciaroni Paccer, Eduardo Requena, Teodoro Rüedi, José Oreste Sorzana, María del Carmen Sosa, Eduardo Valverde y María Elena Viola.

Por tal motivo ahí se dieron cita familiares de estos militantes de organizaciones políticas y sociales que recibieron las copias con la documentación, de manos de funcionarias del Archivo, al tiempo que la Municipalidad de Villa María, representada por el intendente Martín Gill, recibió una copia digital de toda la información.

También participaron del acto el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda, la directora de Gestión de Fondos Documentales, Andrea Copani, y la coordinadora de Gestión de Fondos Audiovisuales, Natalia Magrin, ambas del Archivo Nacional de la Memoria que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.