La causa de la Masacre de Palomitas tendrá un “juicio por el derecho a la verdad” contra el ex juez, ya fallecido, Ricardo Lona, cómplice de la dictadura.
La noche del 6 de julio de 1976, un grupo del Ejército retiró a once detenidos en la cárcel salteña de Villa Las Rosas, en Salta, para un supuesto traslado y luego asesinarlos. La Masacre de Palomitas, de la que hace un mes se cumplieron 47 años , espera por un “juicio por el derecho a la verdad” al fallecido ex juez Ricardo Lona, un directo cómplice del poder judicial de Salta con la última dictadura cívico-militar.
Estos juicios se llevan a cabo cuando los acusados están muertos, como el caso de Lona, o que sus causas estén bajo “suspensión del proceso a prueba”, por cuestiones psiquiátricas. Las víctimas de la Masacre son María Amaru Luque, Benjamín Ávila, José Povolo, Celia Leonard, María del Carmen Alonso, Roberto Oglietti, Rodolfo Pedro Usinger, Alberto Simón Savransky, Georgina Droz, Evangelina Botta y Pablo Outes.
Sus detenciones se habían legalizado y estaban bajo la protección del entonces juez federal de Salta, Ricardo Lona, quien falleció en junio de 2022 y aunque tres años antes había sido condenado a quince años de prisión por el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone, nunca fue juzgado por su participación en la Masacre de Palomitas y otros delitos que cometió en perjuicio de otras 78 personas. Y jamás estuvo preso.
En este sentido, Mariana Leonard, militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Partido Comunista de Salta, dijo que el juicio a la verdad del ex juez Lona debe ser oral y público. La familia Leonard tiene una relación directa con la Masacre de las Palomitas, porque entre las víctimas se encuentran los tíos de Mariana, Benjamin Leonardo Ávila y Celia Leonard que alumbró a su hija en la cárcel.
Al respecto, Mariana Leonard se mostró optimista con que “en poco tiempo podamos llegar a tener sentencia” ya que “falta que las querellas presenten el plenario y después las defensas”. Y, sin dudarlo, hizo hincapié en que “debemos seguir trabajando en otras causas, como la de los Quemacoches”.
La Causa Quemacoches remite a un hecho que tuvo lugar durante un atardecer de 1981 en una calle de barrio de la ciudad de Salta, cuando cinco niños de ocho a doce años jugaban en el esqueleto de un automóvil. Y, de pronto, se vieron rodeados por un espectacular operativo policial, con automóviles que cortaban la calle.
Unos policías los levantaron en vilo, los metieron en un móvil y, en medio de golpes, los llevaron a la Seccional 2, donde la paliza siguió. En esa comisaría fueron azotados durante veinte minutos y ahí supieron que los acusaban por la quema de varios coches, pero ninguno de ellos podía confesar el hecho porque lo desconocían, como bien sabían sus torturadores.
Al cabo de treinta minutos los llevaron a la Brigada de Investigaciones, donde estuvieron detenidos durante diez días durante los que también fueron torturados. Omar Ricardo Subia, el más pequeño, de sólo ocho años de edad, fue enviado a un Instituto de Menores Cerrillos, Pablo Andrés Gramaglia y Pedro Román Salva, ambos de nueve, fueron a parar al de La Merced, mientras que los mayores, Hugo José López y Félix Nicolás Salva, de once y doce años respectivamente, fueron internados en San Lorenzo.
Y tiempo después, cuando lograron salir, quedaron, como pasó con Pedro y su hermano Félix, en libertad condicional, por lo que cada mañana debían asistir a una guardería y por la tarde a clases, y todos los meses debían entregar en la Jefatura de Policía las certificaciones que lo demostraran.
A sus 51 años, 42 años después de aquellos hechos que lo marcaron para toda su vida -que hacen de su vida una pelea cada día- Pedro Salva sigue buscando un gesto, una mirada del Estado. Un pedido de disculpas, algo que indique que aquella injusticia no pasará inadvertida. En ese afán hizo en 2019 la denuncia formal y por eso mismo exige que la Policía de Salta pida perdón.
Vale mencionar que cuando los padres fueron a buscar a los chicos a la cárcel, no se lo dejaban ver porque sus captores los caracterizaron como “subversivos”. La aparición de otros autos quemados mientras ellos estaban en la cárcel y las descripciones de los responsables no coincidían con la de los niños vulnerados, aclararon todavía más el tema.
“A todos lo que se podía acusar se murieron, ahora con el fallo este podemos pedir juicio a la verdad y que se declaren culpables”, sostuvo Mariana Leonard, tras los que no dudó en afirmar que “las cosas terribles que les hicieron fueron porque venían de familia pobre”. Y, para finalizar, fue contundente cuando dijo que “lo importante es que la familia sepa la verdad y que el hecho fue de lesa humanidad”.