Fueron condenados dieciséis militares, policías y civiles que actuaron bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército durante la última dictadura.
Dieciséis militares, policías y civiles, fueron condenados por el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario a prisión perpetua por ser responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad contra 116 personas durante la última dictadura, de las que más de la mitad fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.
Esta fue la definición de la causa Guerrieri IV, en la que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante y en ella fueron condenados los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Marino González, Ariel López, Juan Cabrera, Rodolfo Isach, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, así como Juan Carlos Faccendini, Oscar Giai, Juan Retamozo, Roberto Squiro, Osvaldo Tebez, Enrique López y Federico Almeder que integraron la delegación Rosario de la Policía Federal.
Todos fueron encontrados culpables de ser coautores de los delitos de secuestro, tormentos, sustracción, retención y ocultación de menores, homicidio y, por primera vez en la jurisdicción, también de desaparición forzada. Sólo en los casos de cinco de ellos, Faccendini, Giai, Retamozo, Squiro y Tebez, esta es la primera condena por crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, el TOF 1 aceptó la solicitud de ampliación de la acusación en la que coincidieron la fiscalía y las querellas, por lo que también condenó a los acusados por los crímenes que perpetraron contra hijos de sus víctimas directas que en el momento de los hechos eran menores de edad.
Cabe recordar que las víctimas pasaron por diferentes centros clandestinos de detención ilegal que se ubicaban en Rosario, Granadero Baigorria y Funes, en este caso en el que funcionó en la ex Casa Saleciana Ceferino Namuncurá. Y, en este sentido, durante las exposiciones hechas en el debate, se volvió a establecer la utilización sistemática por parte del Destacamento 121 de enfrentamientos fraguados para encubrir ejecuciones perpetradas en la vía pública y en esos centros de detención.
El juicio por este tramo de la Megacausa Gurrieri, comenzó a sustanciarse hace un año, tal como oportunamente lo destacó el Partido Comunista de Rosario, como “producto de la lucha y movilización popular que logra, con la justa presión, que se comiencen a abrir las causas y a juzgar a los represores y genocidas”, por lo que resaltó que “es preciso que luchemos de la misma manera para que sean procesados y condenados los que se fugaron la deuda que ahora estamos pagando los trabajadores”.