La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que es admisible el caso promovido por el Centro de Ex Combatientes de La Plata que pide revisar la responsabilidad del Estado Nacional por omitir investigar y juzgar a oficiales y suboficiales que torturaron a soldados argentinos durante la guerra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) declaró que es admisible el caso promovido por el Centro de Ex Combatientes de La Plata (Cecim), en el que se solicitó que se declare la responsabilidad del Estado Nacional por omitir investigar y juzgar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que torturaron a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas.
Por medio de una resolución que lleva la firma del secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la Cidh, Jorge Meza, este organismo declaró que admite “la presente petición en relación con artículos I, II, III y XVIII de la Declaración Americana; artículos 5, 8, y 25 de la Convención Americana, en concordancia con sus artículos 1.1 y 2; y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. La demanda está basada en la causa que investiga torturas que oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, perpetraron contra soldados de su propia tropa durante la guerra librada entre abril y junio de 1982. Entre los casos denunciados se encuentran estaqueamientos, enterramientos, sometimiento al hambre atroz y abusos sexuales. “Entendemos que a 41 años de finalizada la Guerra de Malvinas, el Estado no dio respuestas sobre las torturas sufridas por los soldados a manos de miembros de la Fuerzas Armadas”, lamentó el secretario de Derechos Humanos del Cecim, Ernesto Alonso, tras lo que recordó que la petición hecha ante la Cidh durante 2015, fue presentada “después de que la Corte Suprema nos diera la espalda” y ante la omisión del Poder Judicial, “que está obligado a investigar en aquellos casos en que se presume hubo violaciones masivas de los derechos humanos”. Y añadió que ocho años más tarde, “recibimos con emoción la admisibilidad del caso”, ya que la Cidh “comprende que el Estado argentino debe ser evaluado y juzgado en instancias internacionales, contraponiendo toda la prueba que existe por torturas a soldados”.