Carlos Zamorano, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, aseveró que los despidos en un área especializada del Ministerio de Defensa afectará fuertemente la producción de pruebas contra genocidas en los juicios por delitos de lesa humanidad.
“La decisión tiene un impacto directo e inmediato en los juicios” aseveró Carlos Zamorano, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, al referirse a la decisión del ministro de Defensa, el radical Luis Petri, de desmantelar los Equipos de Relevamiento y Análisis que funcionaban en la órbita de su ministerio y que proveyeron información sensible y determinante a los jueces en causas por delitos de lesa humanidad. En concreto, la decisión implica el desmantelamiento de los archivos de las Fuerzas Armadas.
El desmantelamiento se produjo en el marco de los despidos ordenados por el presidente Javier Milei en el empleo público nacional, acatados por sus ministros y secretarios. En este caso, la puesta en marcha de “la motosierra” cumple para el gobierno un doble objetivo, político y judicial, al ofrecer una señal clara de sus intenciones tanto con relación al ajuste como a su voluntad de erradicar las políticas de memoria, verdad y justicia.
Zamorano dio un detalle acerca de las consecuencias de esta decisión puntual, aunque la enmarcó en el conjunto de políticas que viene implementado el gobierno y que conducen, tendencialmente, a la instauración de un nuevo orden de impunidad favorable para los genocidas.
En primer lugar, destacó que “el equipo presentó más de 170 informes en juicios y la opinión unánime de los abogados querellantes es que los aportes realizados fueron decididamente beneficiosos para el hallazgo de la verdad histórica”. También “los fiscales estaban muy conformes con la tarea que el equipo realizaba, porque beneficiaba la suya” y por ello “su eliminación es sumamente sensible para el desarrollo de los juicios”.
Al respecto, Zamorano explicó que “la decisión de Petri afecta directamente la producción de la prueba”, dado que “al tratarse de hechos ocurridos hace más de cuarenta y cinco años, el acceso a los archivos es indispensable”. En ese sentido, puntualizó que “los fiscales construyen la prueba con todo lo que tienen a su alcance y los aportes de estos equipos han sido destacados”. No en vano “los abogados querellantes han puesto el grito en el cielo ante esta decisión” manifestó, y destacó que los abogados querellantes Pablo Llonto y Mariana Maurer presentaron un amparo para evitar que se concrete el desmantelamiento.
En segundo lugar, Zamorano hizo un análisis más amplio de las implicancias de esta medida, en el contexto de las políticas negacionistas del gobierno nacional. Por un lado, recordó que “desde el año 2006 hasta la actualidad los juicios por delitos de lesa humanidad son una realidad y un tema de discusión e información insoslayable para la sociedad”. Es por ello que “el gobierno vino decididamente a revertir esta situación en beneficio de los genocidas, de los condenados como así también de los que aún no han sido juzgados”. Por el otro, dijo que “si bien esto va a tener una influencia en los juicios, mucho más lo va a tener el obrar de Victoria Villarruel”.
Y, en esta dirección, formuló una doble advertencia: primero “existe el riesgo real de que se generalice el arresto domiciliario” y segundo “cabe esperar por el devenir de los hechos de que el gobierno intente avanzar en la libertad de los condenados a través de la figura de un indulto ómnibus”. Para Zamorano “que tienen el propósito de hacerlo no cabe duda, ya que están demostrando que ejecutan las cosas que dijeron que iban a hacer”.
Así, pues, el abogado de la Liga vinculó la decisión de Petri con los planes generales de un gobierno que a su juicio “está a la ofensiva en su objetivo de garantizar la impunidad de responsables en el terrorismo de Estado y el vaciamiento del Estado se correlaciona con la idea de promover nuevas situaciones de impunidad para los genocidas”.
Vale recordar que los Equipos de Relevamiento y Análisis fueron creados por Cristina Fernández de Kirchner en 2010. Desde entonces, ambos planteles estuvieron abocados a responder a los requerimientos judiciales para producir la prueba en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y que implicaban directamente a las Fuerzas Armadas.