Esto es lo que aseveró Beatriz Rajland sobre el DNU 70/2023, al participar en la Cámara de Diputados, en un encuentro convocado por legisladores para que diferentes personalidades del Derecho expongan sobre el tema.
Sin referirse al fondo de la cuestión, el martes pasado la Corte Suprema rechazó dos planteos que reclamaban la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 que oportunamente habían presentado el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el abogado Jorge Rizzo quien fue presidente del Colegio de Abogados de Ciudad de Buenos Aires e integra el Consejo de la Magistratura porteño.
Así las cosas, el DNU 70/2023 sigue vigente salvo en los capítulos inherentes a las reformas laborales, las sociedades anónimas deportivas y los cambios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, a lo que se suman fallos individuales en el caso de los aumentos en las cuotas de las prepagas de medicina. Y entre los que continúan vigentes, aparecen algunos sumamente sensibles como las derogaciones de la ley de Alquileres, la de Abastecimiento y la de Góndolas.
De todo esto se habló y se expuso no hace mucho en la Cámara de Diputados, cuando se llevó a cabo un encuentro convocado por legisladores de los bloques Unión por la Patria, el FIT, el socialismo y una parte de la UCR en el que participaron los juristas Gustavo Ferreyra, Andrés Gil Domínguez y Eduardo Barcesat, junto a la profesora de Derecho, Beatriz Rajland, quien como se recordará fue asesora de Patricio Echegaray cuando el dirigente del PC era legislador de Ciudad de Buenos Aires.
Precisamente fue Beatriz Rajland quien alertó que, por medio del DNU 70/2023, la Presidencia Milei pretende otorgarse “la suma del poder político, con el objetivo de imponer un proyecto político sin debate” y sin dudarlo remarcó que se trata de “un total despropósito”, por lo que “el DNU es inconstitucional, ya que no hay ninguna circunstancia excepcional que impida el procedimiento de sanción de leyes establecido por nuestra Constitución para el Poder Legislativo”, entonces “no hay ni necesidad ni urgencia ni impedimento alguno para que funcione el Congreso”.
Durante su intervención, Beatriz Rajland, no dudó en calificar a la iniciativa gubernamental como “una aberración jurídica, un disparate irracional, ilegal e ilegítimo en forma y en contenido” y subrayó que en este caso “no creemos que haya que referirse sólo a la técnica legislativa o jurídica, que es importante, puesto que hace a la violación de los principios constitucionales”.
Pero además advirtió que el DNU es “un intento de otorgar la suma del poder público con una intención específica: la de imponer un proyecto político sin debate, sin oposición al mismo, asegurándolo aún a costa de la violación de los principios más elementales del propio republicanismo liberal”, ya que es “un proyecto político que se plantea refundar Argentina sobre la base de las ‘leyes de mercado’, deteriorando los derechos de las trabajadores con un Estado reducido a tareas fiscales, de control social y represivas y, de paso, entonces aparece el complemento del Protocolo Bullrich”.
Y recordó que lo que se pretende imponer por esta vía, “es un proyecto político que subvierte la institucionalidad constitucional que tanto nos ha costado imponer a partir de 1983 después de la dictadura genocida cívico-militar, cuyo programa es antecedente simular a lo que este instrumento intenta imponer”.
Asimismo, hizo hincapié en que lo que plantea el DNU 70/2023 “implica de hecho una reforma de la Constitución Nacional”, al tiempo que su articulado “es regresivo en cuanto a derechos”, así como “falto de razonabilidad y de racionalidad, lo que constituye también parte de su inconstitucionalidad”. Y, entonces, “no es legal ni legítimo, es inconstitucional y por lo tanto nulo de nulidad absoluta e insanable”.
De ahí que, sin dudarlo, tras recordar que diferentes instancias judiciales aceptaron cautelares contra algunos puntos del DNU, Beatriz Rajland puntualizó que “esto es insuficiente si no se detiene la aplicación de este proyecto político” que se plasma en el decreto, por lo que instó a que los diputados determinen que es inconstitucional, ya que “anular el DNU es trabajar para el pueblo que los eligió”.