Así lo definió desde Agmer el integrante de la CoNaT, Leandro Pozzi, al referirse a la campaña lanzada por Cetra para exigir que se juzgue a los responsables del crimen de los hermanos Arancibia. Y añadió que “estos delitos son imprescriptibles por ser de lesa humanidad”.
“Es muy importante esta campaña en la que participamos activamente y seguimos sosteniendo la exigencia por la reapertura del caso y el esclarecimiento del asesinato de nuestros compañeros”, señaló desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el integrante de la CoNaT, Leandro Pozzi, al referirse la campaña nacional encabezada por Ctera para exigir que inicie el juicio por el asesinato de los hermanos Isauro y Arturo Arancibia asesinados por una patota policial, sobre el inicio mismo de la última dictadura, el 24 de marzo de 1976 en Tucumán.
Al respecto, Pozzi Subrayó que “no es menor, en lo concreto ni en lo simbólico, que como producto del trabajo de los sindicatos docentes, ya sean más de setecientos los casos de maestros desaparecidos por la ultima dictadura que pudieron identificarse” y aclaró que se trata de un número “que se ha modificado a medida que transcurrieron los testimonios y el trabajo de organismos de Derechos Humanos junto a nuestras organizaciones”.
Frente al avance del negacionismo promovido desde el gobierno nacional, remarcó que “estos delitos que son imprescriptibles por ser de lesa humanidad pueden ir llevándose a juicio, porque se va quebrando el cerco de silencio y se va reafirmando la memoria”, por eso es que “hablar de Isauro y Arturo es también denunciar al golpe de 1976, el genocidio y el terrorismo de Estado”, al tiempo que representa “traer desde la memoria a cada uno de esos docentes que forman parte de esa generación que luchó por la construcción de una sociedad diferente con justicia social plena, por salarios dignos y una educación pública que esté al servicio del pueblo”.
Quienes quedan imputados en esta causa son los ex policías Mario Escalada, Jorge Ragonese y José Sánchez, pero también Manlio Martínez, quien por entonces era juez federal e incumpliendo sus deberes evitó darle curso a la investigación de los asesinatos de Isauro y Arturo Arancibia, por lo cual se lo imputa por los delitos de prevaricato y encubrimiento.
