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Dom, Sep

Política

¿Quiénes son las víctimas del desorden social y quiénes los ejecutores del mandato de las clases que tienen interés en ese desorden? De la inflación al desempleo y la escasez, Argentina atraviesa horas aciagas, mientras Javier Milei se la pasa de farra a costillas del erario público.

Palabras más palabras menos, en su obra “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, Federico Engels dijo algo así como que cuando las personas mueren porque son “víctimas de nuestro desorden social y de las clases que tienen interés en ese desorden”, a lo que se está asistiendo es a un “asesinato social”. Esta frase cobra claridad en nuestro país donde la profundización de la persecución que busca desarticular y acabar con los movimientos sociales entró abiertamente en su fase de guerra judicial y casi en simultáneo con la amenaza de estallido por acumulación de conflictos irresueltos en Misiones.

Y con un telón de fondo que exhibe a un presidente que prefiere pegarse paseíto tras paseíto. Esta vez fue a España donde lejos hacer una visita oficial y a costa del erario estatal argentino, presentó un libro, participó de una charla con empresarios amigos y de la cumbre del fascismo planetario que convocó Vox.

Estos son sólo tres datos que dejaron los últimos días, pero que ayudan bastante a entender cuál es el derrotero que por estos pagos llevan las cosas, ahora mismo, a partir de la firme decisión gubernamental de naturalizar y normativizar -vía DNU 70/2023 y del proyecto Bases 2 y el Paquete Fiscal- la escasez que la clase capitalista viene fabricando desde hace muchos años en un país que tiene condiciones para satisfacer las necesidades materiales de toda su población.

El conflicto salarial que lleva a que policías adopten medidas de fuerza, no es el primero que tiene lugar desde que Javier Milei es Presidente. Antes ya hubo otros en Catamarca, Tucumán y La Rioja incluso con irrupciones y tomas momentáneas de edificios públicos por parte de los uniformados. Tampoco es la primera vez en que esos conflictos coexisten con las luchas de docentes u otros trabajadores del Estado. Pero a diferencia de esos casos en los que el gobierno nacional ni siquiera se inmutó, esta vez la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, decidió involucrarlo de forma directa, mediante la conformación de un Comité de Crisis y el envío de un contingente de doscientos agentes de fuerzas federales a Posadas.

¿Qué fue lo que cambió para que pase esto? Un dato es que, a diferencia de los anteriores, en esta oportunidad aparecen ciertos niveles de articulación en la respuesta que los distintos sectores tienen sobre una demanda común, algo que al parecer va a tomar cuerpo durante la realización de la movilización que se prevé para hoy lunes en la capital misionera.

Asimismo, hay otro dato que es todavía más relevante. La respuesta de La Rosada exhibe, quizás por primera vez, que la Presidencia Milei acusa recibo del desgaste que le está provocando el brutal plan de ajuste que perpetra sin descanso desde hace cinco meses, pero también da cuenta de que sabe que no puede permitirse un estallido en las vísperas de una etapa en la que, indefectiblemente, va a aumentar la cantidad de personas que pierda su trabajo y por ende también lo hará la pobreza. Y durante la que, además, es muy probable que no le quede otra que volver a devaluar con las consecuencias que eso trae aparejado para el universo del trabajo (Ver Sentado sobre una bomba).

Pero aquí es donde también se presenta algo novedoso, ya que ayer por la mañana no se pudo hacer efectiva una orden judicial que ordenaba que se desaloje el campamento montado ante la sede del Comando Radioeléctrico por policías retirados y en actividad. Y esto no fue posible porque no hubo quien la ejecute, lo que debilita la posición del gobernador Hugo Passalacqua, pero también la de Patricia Bullrich, cuyos gendarmes estuvieron a nada de enfrentarse con policías que protestan con sus armas en la cintura.

Lo de Misiones es una crisis socioeconómica estructural que reconoce motivos endógenos que se profundizaron, rápidamente, con el ajuste perpetrado por la Presidencia Milei. Esta provincia está gobernada desde principios de este siglo por el dispositivo político que integra Passalacqua, que durante todos esos años exhibió una particular ductilidad que le permitió asociarse a los sucesivos gobiernos nacionales. Esto no cambió con la Presidencia Milei a la que no hace mucho le suministró los votos de sus siete diputados que sumaron a la sanción favorable del Proyecto de Ley Bases 2.

Con este telón de fondo y los acontecimientos en pleno desarrollo, el gobierno nacional sabe que esta vez se forzó mucho la tensión entre el palo y la zanahoria por lo que, probablemente, va a tener que poner algo más sobre la mesa para asegurar que Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, aprieten el botón verde cuando la remozada Ley Ómnibus llegue al Senado.

¿Pero mientras no aparecen los pesos para recomponer salarios que en algunos casos se colocan por debajo de los trescientos mil pesos, dónde estaba el Presidente? Con un costo que según cálculos optimistas no baja de los quinientos mil dólares, Milei volvió a viajar por razones personales, esta vez hacia España donde su agenda se repartió entre la presentación del libro “El camino del libertario”, una reunión organizada a último momento con segundas y terceras líneas de empresarios y -el verdadero motivo del periplo- su participación en la Cumbre “Europa Viva 24” que reunió a buena parte de lo peor del neofascismo del planeta encabezado por el líder de Vox, Santiago Abascal.

Fue ante ese auditorio que, fiel a su estilo, Milei se encargo de insultar al presidente de Gobierno de España y a su esposa (Ver España repudia a Milei). Tal como antes lo hizo con Chile, Bolivia, Colombia, México, Brasil y la República Popular China (RPCh), esta vez, atacó a España y como lo señaló su canciller José Manuel Albares, el agravio fue tomado como propio por la Unión Europea (UE).

La puntería de las ofensas que globales que reparte Milei es significativa. En esta lista aparecen tres de los cuatro principales destinos de las exportaciones argentinas durante 2023: Brasil con casi el 18 por ciento, la UE con algo más del diez y la RPCh con el ocho que, por otra parte, son los tres principales orígenes que tienen las importaciones que hace nuestro país, por ejemplo para que funcione un segmento importante de su industria.

También vale señalar que en el caso de la RPCh, Milei insulta a una formación estatal que le sacó las papas del fuego a nuestro país al habilitar el mecanismo del swap cuando nadie le prestaba un centavo y por el que, como el fundamentalismo melísta se niega a renovarlo, tendrá que pagar entre junio y julio alrededor de 4.900 millones de dólares. Y otra cosa, al país que acaba de agraviar, también el Estado argentino le debe, en este caso, 220 millones de euros.

Estos datos ayudan a comprender el cuello de botella al que este gobierno está empujando al país, aislándolo del mundo para sujetarlo como una mera factoría al eje que integran Israel, EE.UU. y Gran Bretaña que, significativamente, son las tres formaciones estatales que tradicionalmente votan en contra de los intereses nacionales representados en la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y su consiguiente proyección sobre el continente antártico (Ver ¿Será por esto que estaban tan apurados?).

Y como para que quede claro de qué va esto de la mirada geoestratégica, geoeconómica y geopolítica de la Presidencia Milei, nada como advertir en qué andan sus amigotes fachos, los mismos que lo aplaudieron y rieron con sus chistes durante el encuentro celebrado por Vox en Madrid.

Georgia Meloni asistió por teleconferencia y coincide con el ídolo de Milei, Donald Trump, en que en sus respectivas gestiones se expandieron el empleo público y también se subsidiaron las tarifas, algo que también hizo Jair Bolsonaro. Por su parte, la premier italiana no recorta gasto en Salud ni en Educación, al tiempo que plantea un esquema fuerte de inversión pública similar al que en su momento puso en práctica el ex presidente estadounidense.

En todos los casos, incluido el de Abascal, se trata de personajes con propuestas proteccionistas que de ninguna manera plantean la liberalización de todos los precios de la economía y que, en líneas generales, adscriben a la facción “productivista” de la clase capitalista y por lo tanto miran con recelo a la que promueve una extrema financierización de la economía ¿Va quedando más claro por qué estos tipos aplauden a un personaje que le pone la bandera de remate a su país?

 

Inflación, desempleo y escasez

Antes de partir para España, Milei celebró que el índice de inflación que el Indec registró para abril haya sido del 8,8 por ciento, algo que no dudó en definir como un golazo (Ver Gol en contra). Crear problemas para después ofrecer soluciones es un mecanismo tan perverso como inherente a la dinámica del sistema capitalista, al que la Presidencia Milei sabe echar mano como pocos.

Y del mismo modo que a fuerza de desregulaciones y devaluación fomentó que se catapultaran los precios más sensibles de la economía, ahora declara el lawfare contra los movimientos sociales. Durante la última semana arreció el pustch contra los comedores y merenderos, por medio de una causa que tramita en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello en la que interviene el fiscal Gerardo Pollicita, que fue iniciada a raíz de denuncias anónimas que se habrían realizado a la Línea 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad.

De las anunciadas 13.310 llamadas que la cartera a cargo de Bullrich dijo haber recibido, 924 se registraron como denuncias pero de ellas sólo siete se formalizaron con nombre y apellido, que apuntaron a tres personas que integran organizaciones sociales a las que se acusa de haber cometido irregularidades en el manejo de alimentos y otros recursos destinados a comedores o de planes sociales.

¿Alcanza esto para justificar el “plan sistemático” al que alude Pollicita en su dictamen? Nada de esto aparece en el expediente aunque, por supuesto, es lo que inundó las pantallas de las principales propaladoras de la industria massmediática dominante que así le dio otra vuelta de rosca más a la estigmatización que perpetra contra aquellas personas a las que el sistema empuja a la pobreza.

Como para poner estas cifras en contexto, hay que recordar que en Argentina funcionan alrededor de cuarenta mil comedores y merenderos populares, de los que sólo el diez por ciento aparece matriculado. La propia auditoría que llevó adelante el Ministerio de Capital Humano, da cuenta de que se constató la existencia de un 47 por ciento, mientras que el resto se reparte entre los que debieron cerrar porque ya no tenían alimentos para suministrar y otros que se mudaron de lugar, algo comprensible porque muchos funcionan en viviendas particulares que son cedidas generosamente por sus propietarios. Ese relevamiento determinó que no pudo dar con la ubicación de menos de trescientos.

Mientras tanto, la denunciante Sandra Petovello está en el ojo de la tormenta en una causa que también tramita Casanello, esta vez con la fiscal Paloma Ochoa, como consecuencia de una denuncia que hizo Juan Grabois por la suspensión de la entrega de alimentos a comedores y merenderos por parte de la cartera de Capital Humano.

Esto pese a que uno de los programas que destina fondos específicos para comedores y merenderos, depende directamente de aportes de la ONU y a que, en otros casos, las partidas para su adquisición ya está asignada por el Presupuesto 2023 que fue prorrogado por Milei ¿Dónde fue a parar ese dinero? Esto es algo que deberá explicar Petovello.

Es evidente que en esto de hostigar a los movimientos sociales y al esquema de la economía popular existe un intento por distraer la atención, pero la cuestión de fondo es todavía más perversa. Es que con todas las imperfecciones que pueda presentar un esquema que cada día se encarga de construir soluciones básicas como la de la alimentación para millones de personas que el capitalismo descarta, para el sistema el problema de fondo es que lo hace a partir del concepto de autogestión que hace referencia a la socialización de los medios de producción y que, por ende, representa una clara perspectiva que implica una forma de democracia económica. Es entonces que, con todos los problemas del caso, mayoritariamente los movimientos sociales fijan su paradigma en que sean los propios productores los que decidan qué, cómo, para qué y quién produce, pero también con qué circunstancias y de qué modo se produce.

Y esto es lo que preocupa a la clase capitalista que actúa en Argentina que, como nunca antes, tiene un gobierno que está dispuesto a ir a fondo en la batalla cultural y que, por lo tanto, no puede tolerar que prospere la mirada que plantean los movimientos sociales.

Para ponerlo en negro sobre blanco: la economía popular, el asociativismo y el cooperativismo son herramientas eficaces para construir trabajo y riqueza social, sobre todo al pensar soluciones que eludan el camino de producción y distribución, cuya realización el capital plasma exclusivamente en la mercantilización de objetos y personas.

Esto es algo que en el actual momento de su crisis de larga duración, de la que la Presidencia Milei es un claro emergente, el sistema capitalista no puede permitir ¿Entonces qué mejor que fabricar un enemigo cercano y peligroso objetivándolo en un actor como los movimientos sociales?

Por eso es que después de la devaluación y la inflación, lo que se viene es el desempleo y la escasez. “Necesitamos que aumente el desempleo. Tiene que aumentar un cincuenta por ciento. Necesitamos ver dolor en la economía. Necesitamos recordar a la gente que son ellos los que trabajan para el empresario y no al revés”, dijo hace menos de un año el magnate inmobiliario australiano Tim Gurner, quien es en estos días uno de los gurúes de la clase capitalista a escala global.

Queda claro que el desempleo obliga a los trabajadores a aceptar peores condiciones laborales y salarios más bajos, pero también que les cercena poder político y capacidad de negociación. Y ese que es un objetivo que está en el ADN mismo del neoliberalismo, tiene una vuelta de rosca más en este cambio cultural que de la mano del precariado viene a imponer la Presidencia Milei.

Pero también que representa un insumo básico del desorden social, que es funcional a la fabricación de escasez creada artificialmente por un gobierno que vuelve a poner de relieve aquello del “asesinato social”. Esa escasez que es la misma que, en estos días, lleva a que en un país que tiene recursos suficientes para garantizar la prosperidad de todos sus habitantes, docentes, agentes sanitarios y hasta policías estén haciendo piquetes porque con lo que se les paga no les alcanza para comer.

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En ese camino, y tras el paro de docentes universitarios realizado ayer, se prevé la realización de clases públicas en las distintas casas de estudio de todo el país y un acto central ante el Palacio Pizzurno. “Continuamos pensando y proyectando un horizonte de construcción de una universidad para todos y todas, para el acceso de los y las obreras y de sus hijos: este debe seguir siendo nuestro objetivo”, subrayó desde el MUI de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Sol Guirin Chapitel.

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En el marco del Día de la Industria, Apyme advirtió sobre el escenario catastrófico al que las políticas del gobierno de Javier Milei están arrastrando al país y demandó medidas de emergencia tendientes a frenar la ola de cierres de fábricas y comercios. También planteó que hay que reconstruir un modelo basado en la industria, el empleo, salarios, crédito productivo, ciencia y tecnología.

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El presidente fue a un encuentro empresarial el último viernes y los productores yerbateros lo esperaban en las calles para protestar contra la desregulación que provoca la destrucción del Instituto Nacional de Yerba Mate. “Hay que seguir presionando en las calles”, dijo desde el Movimiento Campesino de Liberación Rodolfo Almeida y reclamó que la Legislatura apruebe el Proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera.

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La Cámara de Diputados buscará este miércoles abrir paso al tratamiento de la emergencia crediticia de las familias, mientras el oficialismo maniobra para impedirlo. Más de veinte millones de personas están endeudadas y millones acumulan atrasos en un escenario marcado por la caída de los ingresos, la desregulación financiera y el encarecimiento del crédito. Jóvenes y jubilados aparecen entre los más golpeados por una coyuntura que obliga a tomar crédito a tasas leoninas para sostener los gastos cotidianos. Frente a semejante cuadro, el gobierno de Javier Milei pretende reducir el problema a una relación entre particulares y rechaza cualquier intervención pública. El endeudamiento doméstico para subsistir se ha convertido así en una de las expresiones más crudas del ajuste sobre la clase trabajadora y los sectores populares.

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