(Por Fernando Torres Padilla, analista político)
El pasado miércoles 14 de mayo, en medio de una apretada votación, con 47 votos a favor y 49 en contra, el Congreso de Colombia rechazó la consulta popular presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, con la que buscaba convocar a la ciudadanía a decidir acerca de las modificaciones a la ley que permitirían mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora.
La votación, que se realizó al finalizar la segunda jornada de un tenso debate marcado por acusaciones entre oficialismo y oposición, registró la participación de sólo 97 de los 108 senadores habilitados para votar.
El anuncio de cierre de votación, realizado por Efraín Cepeda, Presidente del Congreso, se dio en un momento en el que la opción de rechazar la consulta llevaba la delantera. Posteriormente se registró un voto manual adicional en contra de la propuesta. Esto generó que la bancada de Gobierno acusara de sabotaje a la oposición, ya que, según indicaron, esto impidió que la totalidad de los senadores oficialistas pudieran ejercer su voto.
La consulta constaba de 12 preguntas, surgidas de una selección de los puntos clave de la reforma laboral presentada meses atrás por el Ministerio de Trabajo liderado por Gloria Inés Ramírez, miembro del Partido Comunista Colombiano. Dicha reforma había sido previamente archivada por este mismo Congreso, en el que las mayorías obedecen a la oposición. Sin embargo, en la misma jornada de ayer, antes de la votación por la consulta, se aprobó por votación la apelación al hundimiento de esta reforma.
La aprobación de esta apelación, presentada por el senador Fabián Díaz, permitirá que la reforma retorne al primer trámite legislativo y que se le asigne una nueva comisión con nuevos ponentes, distinta a la que ya la rechazó. A pesar de esto, desde el oficialismo señalan que esto se trató de una maniobra dilatoria por parte de la oposición, para impedir la consulta, debido a que al actual periodo legislativo le restan sólo 5 semanas y este tiempo no sería suficiente para que la reforma sea tramitada y consiga su aprobación.
La reforma pretendía recuperar algunos de los derechos fundamentales que fueron cercenados a causa de una contrarreforma llevada a cabo por el Gobierno de ultraderecha de Álvaro Uribe en 2002. La cual bajo el pretexto de incentivar a los empresarios para atraer más inversión extranjera y generar más empleo, consiguió, entre otras cosas, extender la jornada de trabajo, reducir el pago de horas extras y flexibilizar las condiciones de contratación.
Precariedad, desigualdad y migración forzada: Las consecuencias de las políticas neoliberales
Las actuales condiciones laborales en Colombia son precarias en comparación no sólo con las de países industrializados, sino incluso con las de otros países de la región. Los trabajadores colombianos se ubican dentro del top 15 del mundo entre los países que más horas por semana trabajan. Según datos de 2024 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), una persona en Colombia trabaja en promedio 46,6 horas por semana, bastante más cerca de las 49 horas que trabajan en Pakistán y Sudán, que de las 39 que lo hacen en Noruega y Finlandia, o de las 35 de Francia, países que se encuentran en los dos extremos de la tabla.
Si bien, históricamente, la relación entre trabajadores y empresarios en Colombia estuvo marcada por la precarización y la inequidad, factores como las privatizaciones de bienes y empresas estatales ocurridas en los años 90, a causa de políticas neoliberales implementadas por Gobiernos como el de César Gaviria, con sus consecuentes cierres y despidos, sumado a la ya mencionada contrarreforma del Gobierno de Álvaro Uribe, empeoraron unas condiciones ya deterioradas, produjeron desempleo, pobreza e incrementaron la informalidad.
Según informes de la comisión de la verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, los dos períodos presidenciales comprendidos entre 2002 y 2010, Álvaro Uribe, marcaron la cúspide de un proyecto fuertemente vinculado al paramilitarismo y al narcotráfico, que contó con el respaldo de grandes empresarios tanto locales como extranjeros, que en múltiples ocasiones se vieron beneficiados por las medidas ejecutadas por aquel Gobierno. Este proyecto fue el principal responsable del desplazamiento forzado de millones de campesinos y habitantes de zonas rurales, los cuales fueron obligados a abandonar sus lugares de origen por la fuerza, con el fin de despojarlos de sus tierras. Muchas de estas tierras terminaron concentradas en manos de ganaderos y latifundistas también vinculados al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien actualmente se encuentra procesado por manipulación de testigos.
Este desplazamiento masivo, en un contexto marcado por el terror y la violencia, que se dio como consecuencia del conflicto armado generado por la disputa de la tierra, produjo oleadas de personas obligadas a desplazarse a las ciudades para salvar su vida, lo que generó un importante crecimiento del trabajo informal. Lo anterior, sumado a medidas desregulatorias como la implementación de tratados de libre comercio con economías industrializadas, como Estados Unidos, perjudicaron a los productores nacionales y eliminaron puestos de trabajo calificados. Aunado a esto, una brutal persecución a las organizaciones sindicales, configuraron un escenario de profunda desigualdad, explotación, persecución y pauperización laboral y social.
Colombia cuenta, según estimaciones, con una diáspora de entre 5 y 6 millones de personas distribuidas en distintos países del mundo. A pesar de que el país no dispone de datos exactos ni de un registro oficial de migrantes que permita aportar más precisión, algunas encuestas indican que aproximadamente el 80% de los colombianos que han abandonado el país lo han hecho con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas, para intentar conseguir un trabajo o dar con uno mejor, es decir, para huir de la explotación. Estados Unidos, España y Venezuela son los países que concentran el mayor número de ciudadanos colombianos que por lo general se desempeñan en puestos poco calificados, más allá de su experiencia o formación.
El llamado a la movilización: el poder del pueblo frente a la oligarquía
Ante este panorama, en el que la oligarquía colombiana se vale de su poder en el Congreso para obstaculizar el avance de las medidas que buscan beneficiar a los trabajadores, el Gobierno anunció que volverá a tramitar la consulta, y además, convocó a centrales de trabajadores, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general a la movilización permanente y a reunirse en cabildo abierto en todos los territorios del país.
El cabildo abierto es un mecanismo de participación política, consagrado en la constitución colombiana, que permite a los ciudadanos reunirse libremente a discutir sobre asuntos que les interese o afecte, con el fin de generar un debate amplio. Si bien este no es un instrumento vinculante, el Presidente Gustavo Petro anunció que acatará todo aquello que el pueblo decida en estos cabildos, como gesto de empoderamiento de la clase trabajadora frente a la élite económica dominante.
