Diferentes organizaciones sociales y políticas, entre ellas el Partido Comunista, hicieron público su rechazo a la condena de los maestros Mónica Gurina y Leandro Sánchez, a quienes se sancionó por haber participado en el acampe que se hizo en el marco del Misionerazo de mayo de 2024.
Para el pasado lunes estaba prevista la lectura de los fundamentos de la sentencia dictada días atrás contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez, que condenó a estos docentes y dirigentes de la CTA de Misiones por su participación en el acampe que protagonizaron los trabajadores de la educación de esa provincia durante el Misionerazo de mayo de 2024 para exigir, entre otras cosas, mejoras salariales y en las condiciones laborales.
Cabe recordar que en aquella ocasión, las protestas incluyeron bloqueos de rutas nacionales en los que participaron trabajadores de la educación y de la salud. En este caso particular, Gurina y Sánchez fueron llevados a juicio acusados de haber cometido los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del tránsito terrestre en concurso ideal”.
Al conocerse estos cargos contra ellos, sectores docentes y organizaciones políticas y sociales, entre las que estaba el Partido Comunista, se dieron cita a primeras horas de la jornada frente al Palacio de Justicia en la ciudad de Posadas. Sin embargo, contra lo que estaba previsto el Juzgado Correccional decidió no llevar adelante el acto de lectura y en su lugar se limitó a poner el escrito de 87 páginas a disposición de las partes en el sistema de gestión judicial.
Ante esta situación, los manifestantes permanecieron en las escalinatas de ingreso al Palacio de Justicia, donde se realizó un acto en el que hablaron históricos luchadores que vivieron la persecución y el hostigamiento judicial, como la docente Ramona Romero de Puerto Iguazú, quien fue judicializada en 2008 junto a padres de la escuela 694 de aquella localidad por exigir la construcción de un nuevo edificio escolar. También se dirigieron a los presentes el maestro de Eldorado, Aníbal Zeretzki, judicializado por participar en cortes de ruta, Rubén Ortiz, quien acumuló causas judiciales por su activismo en las luchas sociales y salariales del norte misionero y el ex secretario general de ATE y CTA Autónoma de Misiones, Jorge Duarte, que está enfrentando una causa por las demandas salariales que llevó a las calles el sector salud en 2024.
Para el cierre del acto, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, coincidieron en reafirmar su compromiso de continuar la lucha y convocaron a apoyar la propuesta de que se convoque a un paro de trabajadores de la educación para el próximo viernes 19, día en que se va a presentar en la Cámara de Representantes un pedido de juicio político contra la jueza que atiende la causa, Marcela Alejandra Leiva.
Vale recordar que la magistrada Leiva condenó a Mónica Gurina a una pena de diez meses de prisión en suspenso, en tanto que para Leandro Sánchez determinó una sentencia condenatoria de ocho meses en la misma condición y a ambos les impuso la realización de tareas comunitarias.
El fallo que provocó el inmediato repudio por parte de distintas organizaciones y trabajadores de la educación que se movilizaron esta semana hacia el Palacio de Justicia de Posadas, lejos de “aleccionar” a los numerosos sectores de la clase que pelean por sus derechos, motorizó un plan de lucha en unidad. Este nuevo acto de injusticia del Poder Judicial se enmarca en un contexto de creciente criminalización a la protesta social que el gobierno nacional busca profundizar por medio de la reforma del Código Penal; la que junto a las reformas laboral, previsional y tributaria, convocará a un mayor repudio popular en las calles.
