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29
Mar, Sep

Política

Agronegocios, hidrocarburos y una matriz productiva que pocos discuten. Restricciones de ayer y hoy ¡Y encima la deuda! Una historia de cartelización y concentración ¿Se puede construir alternativas?

En medio de una semana de pases de factura, con cartas y renuncias de ministros incluidas, el ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Hidrocarburos con el que –fundamentalmente- busca incentivar inversiones en Vaca Muerta. Lo hizo casi en coincidencia con la presentación de la Ley de Presupuesto y a poco de que Julián Domínguez, volviera a calzarse las botas de la cartera de Agricultura, para responder al pedido que por aclamación le hicieran kirchneristas, albertistas, masistas y gobernadores del PJ.
Se trata de iniciativas que refirman que -aunque con matices que no son menores- los dos bloques que hegemonizan el esquema de representación política de Argentina, le ponen las fichas a una matriz productiva similar cuando piensan en la forma en que se puede diseñar un modelo de desarrollo del que se pueda extraer renta.
¿Qué quiere decir todo esto? Un diseño básico capaz de morigerar el efecto acumulativo que, en términos de pobreza y destrucción de empleo, provocan tres restricciones estructurales que enfrenta Argentina desde hace más de medio siglo. Esto es las restricciones de tipo logístico, energético y externo.
Estos tres problemas de carácter estructural, operan desde hace seis décadas como un corsé para los modelos de tipo desarrollista que intentaron gobiernos de diferente pelaje y paladar.
Para un país cosido de a retazos, la restricción logística es un problema grave. Lo que hace algunas décadas fue la apropiación de los ferrocarriles, hoy está representado por la de la Hidrovía Paraná: en ambos casos, el resultado está a la vista.
Es que para garantizar una logística adecuada, hace falta una tasa de inversión pública constante que cuente con financiamiento nacional e internacional, como para que se garantice competitividad e integración de las economías regionales, entre otras cosas.
Y aquí es donde aparece la restricción externa, un fenómeno potenciado por el problema crónico que para Argentina plantea la deuda en tanto mecanismo del sistema capitalista para provocar dependencia y pérdida de soberanía.
En este diseño, para enfrentar el problema resultante de la restricción externa es precisa una conducta espartana a la hora de establecer estabilidad monetaria y equilibrio fiscal, todo en un contexto en el que además se pueda sostener una estrategia cambiaria que facilite el incremento y diversificación de las exportaciones.
Y que, asimismo, pueda mantener cierta estabilidad monetaria, algo que es bastante improbable (o al menos muy costoso) si cualquier excedente que surja de la recuperación salarial de los sectores de ingresos medios y medios-altos, migra casi automáticamente al dólar, por la desestimación que el peso tiene como moneda de ahorro entre esos sectores sociales.
Así las cosas, estas restricciones que existen son serios condicionantes para el intento de sostener estabilidad macroeconómica, algo que jugando en esta cancha, requiere el equilibrio fiscal, estabilidad monetaria y cambiaria, como factores sine qua non para alcanzar competitividad.
Sobre estos tres puntos, el Gobierno del Frente de Todos, puede exhibir resultados aceptables en sus dos primeros años y pese a la pandemia. Pero, está claro, que en la contratara de la moneda aparece un ajuste que se volvió mucho más drástico como consecuencia de las restricciones que el Covid-19 le impuso al mercado del rebusque, que es donde sobrevive casi la mitad de las personas económicamente activas del país.
Entonces, aunque el Proyecto de Presupuesto es explícito al dejar claro que todo lo que ahí está escrito, se condiciona al posible acuerdo con el FMI, la voluntad de pago de la deuda que ilegal e ilegítimamente contrajo el Gobierno Cambiemos, es algo en lo que coinciden quienes tienen poder de decisión hacia adentro de los dos bloques que interactúan en el esquema de representación política argentina.
De ahí que a nadie sorprendiera que la semana pasada, se desembolsaran 1.800 millones de dólares correspondientes al primer vencimiento 2021 de esa deuda. El restante es en diciembre y por un monto de dos mil millones. Todo mientras se sigue negociando con ese organismo un acuerdo de refinanciación de deuda por alrededor de 45 mil millones.
Mientras tanto, en La Rosada le siguen sacando la punta al lápiz para ver de qué manera se pueden inyectar pesos en los bolsillos quienes están por debajo de la línea de la pobreza, que son cinco de cada diez habitantes del país.
Y todo esto en un escenario en el que, cuando tenía el aval del 48 por ciento obtenido en las Presidenciales, el Gobierno no logró disciplinar a los formadores de los precios de la canasta básica ¿Podrá hacerlo ahora, tras la paliza de las Paso?
Cuando el horizonte de lo peor de la pandemia parece estar cada vez más cerca, en Argentina el veinte por ciento de la población se queda con la mitad del ingreso, en tanto que el veinte por ciento que menos gana, sólo obtiene el cuatro por ciento. Afuera de esta estadística queda el amplio espectro que va desde aquellos trabajadores con cierta estabilidad que fueron empujados a la informalidad, hasta los que sólo les queda subsistir de lo que pueden.

¡Money makes the world go around!

¿Entonces de dónde sacar los dólares? En este punto es donde aparece otra de las restricciones, pero también la respuesta que La Rosada (sus actuales ocupantes, los anteriores y sus antecesores), pretende darle a la cuestión.
Vaca Muerta se convirtió en una suerte de as en la manga, que Cristina Fernández y Mauricio Macri intentaron jugar y que, ahora, el actual gobierno pretende arrojar sobre el paño verde con el Proyecto de Ley de Hidrocarburos.
¿Pero de qué va esta iniciativa? La idea es incentivar las inversiones petroleras de una manera poco original, ya que se trata de ofrecer garantías de exportación y un porcentaje de libre disponibilidad del cincuenta por ciento de divisas, para quienes superen metas de producción que se establezcan.
Esto quiere decir, lisa y llanamente, que sólo la mitad de los dólares que las empresas en cuestión obtengan por concepto de exportaciones, deberán ser liquidadas en el Banco Central, mientras que el resto, apenas van a convertirse en un asiento contable de las remesas que giran a sus casas matrices.
Pero esto no es todo. Este proyecto no establece una idea clara sobre precios y abastecimiento del mercado interior. Lejos de eso y a modo de promoción, lo que hace es bajarle los impuestos a quienes inviertan, pero mediante un régimen del que usted y yo quisiéramos disfrutar. Porque junto a la baja de impuestos, se les pretende dar estabilidad fiscal durante dos décadas, en las que ni el actual u otro gobierno, va a poder hacer que las empresas de este sector paguen gravámenes destinados –por ejemplo- a enfrentar emergencias como lo es el Aporte Solidario que se sancionó durante 2020.
Aquí vale recordar que se trata de pesos completos globales como Shell o Panamerican Energy que -por otra parte- están imbricados con algunos de los principales zares del capital financiero y la timba internacional, cuyo rastro suele perderse en cloacas fiscales.
Así, si el proyecto prospera, estas joyitas del sistema capitalista, también van a poder gozar de la posibilidad de acceder, fácil y rápido, a más cupos exportables. De esta forma el Estado pierde la capacidad de controlar cuánto exporta y cuánto queda en el país, de un producto esencial para cualquier intento de desarrollo, cuyo precio internacional suele ser muy volátil y está condicionado por factores de la dinámica global, sobre los que Argentina posee poca capacidad de incidencia.
Para hablar a favor de la urgencia que se le pretende dar a este proyecto, hay que citar que Argentina suscribió compromisos multilaterales vinculados a la agenda de transición energética que prevé emisión neta cero de carbono para 2050.
Esto plantea una transición del 85 por ciento que a escala mundial, representa el predominio del uso de fuentes energéticas primarias fósiles hacia la utilización de fuentes renovables. Si todo esto resulta más o menos como se proyecta, en un mediano plazo se puede llegar a ver una caída en el precio de las reservas fósiles, es decir, de petróleo y gas.
Con esta perspectiva, sacarle jugo rápidamente a Vaca Muerta puede ser un buen negocio si la rentabilidad que entregue, se utiliza, al menos en parte, para construir la estructura necesaria para esa transición que con el horizonte puesto en la descarbonización de la matriz productiva, va a imponer cambios tecnológicos drásticos capaces de afectar al sistema productivo en su conjunto, especialmente, a la industria y el transporte.
Pero no está muy claro que el proyecto tenga que ver con esta mirada, sino más bien con la premura que hay para enviar mensajes al FMI, ya que si se convierte en Ley, una iniciativa así podría viabilizar una incremento en las exportaciones y el consiguiente crecimiento de reservas a partir del ingreso de divisas para garantizar el pago de deuda.

Los huevos y la canasta

Lo cierto es que la restricción externa es un condicionante estructural que, junto a las otras dos, se convierte en explosivo cada vez que la crisis global y sistémica que atraviesa el capitalismo, pega un coletazo por esta parte del planeta.
Y también que el esquema de representación política en su conjunto, sigue convencido de que la llave para comenzar a desarmar esta madeja, está en una matriz productiva basada en el complejo agroexportador (una parte de añade agroindustrial) y el hidrocarburífero. Pero en lo que va del siglo, estos dos actores exhiben que -según la coyuntura- fueron capaces de favorecer el ingreso de divisas, pero que buena parte de ellas (o la mayoría), siempre acaba convirtiéndose en producto especulativo-financiero que nunca ingresa al Banco Central.
Nadie duda de que estas matrices productivas son capaces de garantizar un paliativo para la restricción externa ¿Pero hasta dónde puede ser saludable poner todos los huevos en esa canasta?
Esta semana el flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, se va a reunir con los titulares de las entidades que integran la Mesa de Enlace y las limitaciones para la exportación de carne vacuna están en el centro de la agenda de ese encuentro. Otra de las prioridades de esta cartera, está puesta en el Consejo Agroindustrial Argentino, que cuando se presentó en sociedad, hace poco más de un año, anunció que se propone aumentar las exportaciones y generar setecientos mil puestos de trabajo. A vista está que, lo uno y lo otro, lejos está de concretarse, pero también que el comportamiento de muchas del medio centenar de entidades que lo conforman, viene siendo muy poco receptivo a las propuestas gubernamentales.
Los precios de la canasta básica en los que inciden los actores de este Consejo, se incrementaron en un 58,4 por ciento entre julio de 2020 y el mismo mes de este año. El precio de uno de sus principales componentes, la carne vacuna, fue aumentado en un promedio cercano al cien por cien (Ver De carne somos).
Pese a esto, el entonces ministro Luis Basterra, no escuchó la propuesta que en mayo se le hizo desde la Mesa de Frigoríficos Recuperados (Ver La otra Mesa), a modo de aporte para “recuperar el precio popular de la carne”. Este sector representa la faena del cuatro por ciento de lo que se consume en el mercado interno y tiene capacidad para llegar inmediatamente a un diez por ciento del total.
Tampoco se atendió a la proposición del Frente Barrial de la CTA que, entre otras cosas, postula la necesidad de establecer una red “despensas barriales” como modo de aporte para garantizar abastecimiento y frenar el constante aumento de precios, perpetrado sobre los productos que componen la canasta básica.
Porque lo que en análisis macroeconómico puede sonar a paliativo, a la hora de poner comida en el plato es cuestión de vida o muerte. De acuerdo al Indec, la canasta básica total, esto es lo que precisa una persona adulta para alimentarse mal, se coloca en 22.123 pesos y el salario mínimo, vital y móvil en 29.160, al tiempo que la jubilación mínima se ubica en 25.922 y la AUH 5.063 por cada hijo.
Incluso el resultante de la mejor combinación que se haga de estos montos, resulta terrible a la hora de contrastarlo con los precios de las góndolas, donde se sigue verificando que aquello que muchos dan en llamar “puja distributiva”, no es otra cosa que otro escenario de la lucha de clases (Ver La quimera por el oro).

Commodities

También la semana pasada, gobernadores de diferentes colores, coincidieron a la hora de señalar que la cadena de soja es el “motor de desarrollo nacional”. Lo hicieron Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Capitanich, Juan Schiaretti, Omar Perotti y Gustavo Bordet al participar en la sexta edición del seminario anual que organiza la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina.
Va quedando claro que la matriz productiva basada en la producción hidrocarburíferas y el complejo agroexportador, no alcanzan para resolver los problemas que plantean las restricciones estructurales que tiene Argentina, pero también que a la hora de intentar revertir el creciente empobrecimiento de los argentinos, se colocan en el renglón de los problemas más que en el de las soluciones (Ver ¡Alerta Ovni, llamen a Fabio Zerpa!).
Pero soslayando esto ¿hasta dónde puede ofrecer sustentabilidad este tipo de matriz, si se consideran los factores de los que dependen sus precios? Para evaluar esto, hay que advertir que los precios internacionales que inciden sobre el agronegocio, están sujetos a condiciones muy volátiles derivadas, en gran medida, de la característica estructural que representa la casi ausencia de competencia de los mercados capitalistas que inciden en sus costes de aprovisionamiento y traslado entre otros.
El transporte marítimo está en manos de tres grupos cartelizados que poseen el ochenta por ciento del negocio y son siete de los armadores de contenedores que controlan el 75 por ciento del mercado. También hay apenas dos firmas que se quedan con el 75 por ciento del comercio global de granos, cuatro las que tienen en sus manos el ochenta por ciento del intercambio comercial mundial de alimentos e idéntico número los que poseen el 95 por ciento del mercado mundial de semillas comerciales.
¿Y qué pasa con los hidrocarburos? Aquí la cosa no es muy diferente. La extracción y distribución del petróleo, está llevada a cabo por grandes conglomerados empresariales multinacionales que constituyen un oligopolio y, por lo tanto, poseen la capacidad para determinar precios que lejos suelen estar de ser consecuencia de la interacción entre oferta y demanda de volúmenes físicos de petróleo.
El precio y la volatilidad del precio, surge a partir de los contratos a futuro y las expectativas que se fijan en mercados especulativos, que lo convierten en un producto financiero que -por lo tanto- es el que decide cuándo se abre o se cierra la canilla (Ver ¡Apocalipsis for ever!).
Entonces, una matriz productiva cuyo motor está atado exclusivamente a factores como los citados, tiene pocas probabilidades de garantizar otra cosa que no sea un acompañamiento de la crisis de larga duración capitalista, con sus exiguos ciclos de acumulación acelerada y sus más permanentes y recurrentes momentos donde la clase capitalista acelera y profundiza su toma de ganancias.
Porque estos momentos en los que de la mano del neoliberalismo la clase capitalista encuentra su versión más criminógena, también son una respuesta al reparto del excedente social derivado de esos interregnos donde se produce el breve proceso de acumulación acelerada. De ahí que cada vez sean más recurrentes y voraces.
Y en este contexto, hace agua la mirada de tipo keynesiana sobre los procesos económicos, que pretende la diferenciación entre un “capitalismo malo, especulativo, financiarizado y globalizado”, como contratara de otro que sería “productivo, bueno y nacional”.
Sin hablar de empresas que subcontratan a otras que a su vez subcontratan, ni de las mamuschkas cuyo rastro se pierden en cloacas fiscales, quien revise los balances oficiales de cualquiera de los actores centrales de la matriz basada en el agronegocio y el complejo hidrocarburífero, va a encontrar que buena parte de los beneficios declarados, se explican por su actividad financiera, basada en la especulación con futuros, acciones y opciones ¿Qué parte se corresponde entonces con el “capitalismo bueno” y cuál con la timba?
Es claro que la solución difícilmente pase por ahí, por más parche que se le busque colocar desde la institucionalidad del Estado Liberal Burgués (ELB) que, lejos de presentar una contradicción con la clase capitalista, reafirma el carácter simbiótico que posee con esa misma clase.
De ahí que la contradicción real siga siendo la que existe entre los universos del trabajo y el capital, lo que impone la necesidad de buscar soluciones que puedan eludir el encorsetamiento que pretende naturalizar esa simbiosis, construyendo desde abajo y a la escala posible, verdaderas herramientas de democracia económica.
Esto es algo que con mucho esfuerzo y claridad política ponen en acto movimientos sociales como el MTL, en comedores, merenderos y experiencias productivas que exhiben que es viable la participación de productores en la generación de la riqueza social y también en su distribución y comercialización. Y que lo hacen desde una mirada autogestionaria y cooperativa que se vincula a la posibilidad de establecer una economía autocentrada, esto es, basada en la cercanía, el barrio y la localidad, pero eficaz para atender las necesidades inmediatas de comunidades enteras ahí donde viven.
¿De qué va todo esto? De que es posible hablar sobre lo evidente sin entrar en la zona de confort que propone el ELB y, entonces, poner en acto aquello que es evidente. Que se puede defender a la coalición de gobierno, sin que esto implique asimilarse, ya que los mejores aportes que podemos hacer como comunistas, son los que nacen de ser coherentes con nuestra mirada estratégica y trabajar para la construcción de contrapoder, aprovechando toda hendija que deje el sistema, para el despliegue de una línea capaz de acordar sin que esto conlleve integrarse.
Y todo esto desde la autodeterminación y la identidad de clase, ya que es preciso poder imaginar el futuro, pero para hacerlo es indispensable ir edificándolo ladrillo por ladrillo, lejos de facturas y cartas, cerca de la construcción de poder popular.

 

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En el marco del Día de la Industria, Apyme advirtió sobre el escenario catastrófico al que las políticas del gobierno de Javier Milei están arrastrando al país y demandó medidas de emergencia tendientes a frenar la ola de cierres de fábricas y comercios. También planteó que hay que reconstruir un modelo basado en la industria, el empleo, salarios, crédito productivo, ciencia y tecnología.

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