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Mié, Sep

Política

El gobierno en estado de gracia ¿Puede hacer la plancha, mientras pone todas sus fichas a que en EE.UU. gane Donald Trump? Un 2025 plagado de incertidumbres y fondos buitre. Y una lucha que con movilización y en las calles, comienza a mostrar un camino posible.

Javier Milei festeja. Festeja que voltear la Ley de Financiamiento Universitario le salió más barato que cuando -hace poco- hizo lo propio con la de Movilidad Jubilatoria, también que su partido va avanzando en el camino de convertirse en un esquema político más sólido y articulado territorialmente que aquel rejuntado que le alcanzó para llegar a la Presidencia.

Pero por sobre todo festeja que, al parecer, logró despejar de nubarrones el horizonte de vencimientos de deuda, por lo menos hasta fin de año, lo que le da oxígeno a su gestión y que, para eso, cuenta con el aval de lo más fuerte de la facción de la clase capitalista que actúa en Argentina con intereses que trascienden el corto plazo.

¿Qué quiere decir esto? Que al menos por ahora, puede sostener un cierto nivel de amesetamiento del IPC que para septiembre cerró en 3,5 por ciento, que le sirva para mantener el efecto placebo más allá del núcleo duro de su propia base de sustentación y para tener margen con el que, chequera en mano, pueda seguir sosteniendo gobernabilidad a partir de la cooptación de mandatarios provinciales y la atomización del segmento del esquema de representación que no le responde directamente.

Otra de las noticias que festeja Milei es que pudo acabar septiembre con superávit fiscal, con lo que viene cumpliendo -aunque sea en los papeles- con los parámetros que acordó con el FMI, pese a que ese organismo ya abrió el paraguas y advierte que en el global del presente año, La Rosada no podría consumar la meta de acumulación de reservas netas que se le exige.

De todos modos no hace mucho el FMI aprobó la octava revisión del acuerdo firmado con la Argentina en 2022, por lo que realizó un giro de ochocientos millones de dólares que, tal como lo señala el propio Ministerio de Economía, no son otra cosa que un asiento contable ya que casi en su totalidad fueron destinados a pagar vencimientos.

Con este telón de fondo, su Directorio Ejecutivo volvió a elogiar la “implementación decisiva” del ajuste perpetrado por la Presidencia Milei, que el Fondo denomina eufemísticamente “plan de estabilización”, aunque alertó acerca de “desequilibrios macroeconómicos y obstáculos al crecimiento que siguen siendo considerables” por lo que, insistió, “aún queda por delante un largo y difícil proceso de ajuste”.

Pese a todo en La Rosada se festeja porque durante el mes pasado creció el flujo de la liquidación de divisas del sector agroexportador, de 1.700 a 2.400 millones, lo que sumado a algo que en cuentagotas va ingresando por el blanqueo de capitales hizo posible una leve recomposición de las reservas lo que permite tranquilizar el mercado cambiario y a la timba del corto plazo (Ver A la pesca de un dólar).

¿Es esta calma en la que entró el mercado cambiario el presagio de una olla a presión a la que se le puede saltar la tapa en cualquier momento o acaso esta meseta llegó para quedarse? Lo cierto es que para sostener este estado de cosas, el gobierno precisa que algunos astros continúen finamente alineados. Por eso es que sigue enfriando la economía para poder proseguir chupando pesos que salen, por supuesto, de los bolsillos de los trabajadores, y entonces poder transformar esos pesos en dólares para pagar deuda. Y también seguir ajustando como se vio durante las últimas semanas con los respectivos vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y la de Movilidad Jubilatoria.

Ante esto, el discurso de las propaladoras de la industria massmediática funcionales al gobierno, es que se trata de un paso necesario para arreglar la macroeconomía y, desde ahí, avanzar en un esquema que permita derramar algo de riqueza sobre el conjunto de la sociedad.

Pero la verdadera razón queda al desnudo, si se advierte a qué están jugando en esta historia algunos de los principales actores de esa facción de la clase capitalista que tiene intereses en el país. Es que los integrantes de los principales conglomerados empresarios que actúan en Argentina, durante el primer semestre del año colocaron títulos convertibles en acciones de sus empresas por alrededor de 3.800 millones de dólares, por lo que en un escenario de otra megadevaluación como la de diciembre de 2023 perderían mucho dinero.

Aluar, Edenor del tándem Vila-Manzano, Eurnekian, Eduardo Elsztain con su nave insignia Irsa, Marcelo Mindlin con Pampa Energy, Pan American Energy, Tecpetrol del grupo Techint, Vista que es la empresa petrolera de quien fuera CEO de YPF con el gobierno de Cristina Fernández, Miguel Galuccio y, por supuesto, Clarín y La Nación son algunos de los conglomerados que están agarrados de estos títulos.

Y se metieron en ese baile con la promesa del gobierno de no volver a perpetrar una devaluación como la de diciembre de 2023, pero también con la expectativa de que sea verdad aquello de que si gana Donald Trump en EE.UU., Luis Caputo tiene asegurado que se vuelve a abrir la canilla a una nueva ronda de sobreendeudamiento que va a disparar hacia arriba el precio de bonos, con tanta potencia como promete cargar sobre los hombros de los trabajadores argentinos, en este caso, alrededor de quince mil millones de dólares (Ver ¿Cuánta cuerda le queda?).

Claro que para que esto se cumpla, en caso de que sea verdad, primero debería triunfar Trump en las Presidenciales de noviembre, algo que es factible aunque que todavía está por verse. Pero asimismo ese escenario plantea otros interrogantes, porque en esta historia no existe una relación directa de causa y efecto. Durante el menemismo algo derramó sobre buena parte de la sociedad, lo que le garantizó al gobierno cuatro años de cierta estabilidad, porque aquel proceso se apuntaló con la entrega de las empresas del Estado y cuando eso se agotó todavía quedaba algo de changüí para seguir pasando la gorra y garantizando la bicicleta financiera, lo que acabó con el Blindaje y el Megacanje que resguardó la salida en dólares de los timberos, dejando para la Argentina ni más ni menos que el corralito ¿Cuánta nafta le podría poner Milei a su proyecto político institucional con quince mil millones de dólares?

Entonces lo que hay es un segundo semestre en el que el gobierno espera poder navegar en aguas calmas, ya que pudo meter títulos de deuda a lo pavote que tarde o temprano vamos a pagar los trabajadores, pero también porque cumplió con vencimientos a partir de un esquema caracterizado por un superávit fiscal que le permite pisar el precio del dólar, basado en un drenaje de pesos que salen del universo del trabajo, así como en el apoyo político que lo más concentrado de la clase capitalista que opera en el país le brinda a esta hoja de ruta, por supuesto, de una manera que para nada es desinteresada.

De todos modos los dólares no sobran y por eso es que en medio de todo esto, el gobierno advierte que se puede sorprender gratamente con la República Popular China, lo que traducido quiere decir que Milei tiró la escupidera para que Beijín renovara por un año el swap por 5.500 millones de dólares (su equivalente en xuan) que durante junio de 2023 concedió al gobierno argentino. Karina Milei se apresta a visitar la Exposición Internacional de Importaciones de Shanghái, en tanto que su hermano anunció que prevé ser de la partida en la cumbre conjunta China-Celac programada para principios de 2025, al tiempo que espera poder pasar la gorra para que el swap vuelva a ser renovado y que Beijín abra líneas de crédito e inversión.

Así las cosas, estos días de bonanza para la Presidencia Milei, se redondearon con la reacción que la señal política que brindaron los vetos, tuvo entre acreedores y timberos que leen que el presidente reafirma su “compromiso inquebrantable con el equilibrio fiscal que no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista”, tal como no hace tanto sostuvo en la Bolsa de Nueva York. Pero también que logró exhibir que en esa postura no está sólo dentro del esquema de representación política, algo que se reflejó en la baja del riesgo país y la tendencia alcista de los bonos soberanos argentinos que cotizan en Wall Street. Queda en evidencia que “los mercados” celebran todo lo que signifique ajuste, porque eso fortalece la posibilidad de que el gobierno pague en cualquier condición una deuda que es ilegal e ilegítima. Pero también está claro que las lealtades de “los mercados” son como los amores de estudiantes que con mucho más virtuosismo describen Gardel y Le Pera.

 

Un perro que se muerde la cola

Con este telón de fondo comienza analizarse en el Congreso el Proyecto de Presupuesto 2025, en el que el gobierno pide que se lo autorice a emitir deuda en moneda y bajo ley extranjera por hasta cinco mil millones de dólares. Unos días antes publicó el decreto 864 que elimina la obligación de que el gobierno exija a los bonistas mejores condiciones en plazos y en quitas de capital e intereses, al tiempo que permite realizar canjes de títulos de deuda en monedas diferentes a las originalmente suscriptas, con lo que elude los requisitos que fija la Ley de Administración Financiera, así como la facultad de intervenir del propio Congreso.

El Proyecto de Presupuesto se inscribe en la misma línea del DNU 70/2023 y la Ley Bases, por lo que su carácter francamente crimenógeno puede advertirse con sólo imaginar las consecuencias reales y concretas que la aplicación de algunos de sus postulados más generales traerían, sobre todo, sobre los sectores más agredidos por el sistema que a la luz de los últimos datos que entrega el propio Indec, constituyen más del sesenta por ciento de la población.

Lo más feroz del ajuste que propone, se focaliza en áreas muy sensibles como Agua Potable y Alcantarillado cuya partida se prevé reducir en términos reales en un 57 por ciento, como asimismo en Vivienda y Urbanismo con 47 por ciento de recorte, mientras que en el caso de Educación y Cultura el tijeretazo alcanza a cuarenta por ciento.

Y, tras cartón, en estos días volvió a las primeras planas “la idea de vender todo”, tal como dijo públicamente no hace mucho el titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher, un funcionario que entró al gobierno de la mano de Santiago Caputo, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que es el encargado de liquidar las empresas que quedaron en la lista establecida por la Ley Bases como susceptibles a privatización total o parcial, pero también aquellas como Aerolíneas Argentinas que escaparon de esa nómina pero que ahora arteramente se pretende privatizar.

En la lista presentada por Chaher aparece un grupo de 59 empresas totalmente estatales o con participación parcial del Estado que representan un suculento botín, sobre todo, si se las vende al precio de saldo con el que Milei pretende seducir a “inversionistas”. Ahí se puede ver a empresas de alto impacto en términos de innovación científico tecnológico como ImpSA que está radicada en Mendoza donde fabrica componentes para proyectos hidroeléctricos, eólicos y centrales de generación nuclear, también ArSAT que opera los satélites Arsat-1 y Arsat-2 que fueron fabricados en Bariloche por Invap, al tiempo que presta servicios de telecomunicaciones en todo el país por medio de su Red Federal de Fibra Óptica que tiene más de treinta mil kilómetros. En el mismo rubro está Veng que es una empresa de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado especializada en la actividad espacial.

También hay otras de áreas como transporte que son soporte vital para el desarrollo logístico, energéticas como EnarSA y Yacimientos Carboníferos Fiscales, también algunas vinculadas al planeamiento y desarrollo productivo como ImpSA que es la única compañía en Latinoamérica que ofrece soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables.

En el área de Hacienda corren el mismo riesgo la Casa de la Moneda, los bancos Nación, Bice e Hipotecario, en Defensa Fabricaciones Militares y Tandanor, en Obras Públicas AySA, en Educación Educ.AR y en Comunicación RTA, entre otras.
Estos datos también ayudan a comprender de qué va lo que dijo aquella vez Milei en Wall Streat, cuando hizo hincapié en que “los dólares para pagar los servicios de la deuda tienen que ser comprados con superávit fiscal, con disciplina fiscal, con ahorro fiscal y no con emisión monetaria”.

Pero aunque quizás eso lo ayudó a conseguir algo de aire para este segundo semestre, es probable que ni con tanta reiterada exhibición de sumisión perruna, pueda capear lo que se viene para un 2025 atravesado de vencimientos, que además todo parece indicar que va a caracterizarse por un profundo déficit comercial que entre otras cosas es alentado por la suba de las importaciones, lo que lleva a propiciar una presión superior sobre el dólar con el consecuente impacto en la mayor parte de los precios de la economía, principalmente en la de los productos de la canasta de alimentos.

Y quienes están diciendo esto son precisamente algunos de los actores que la vienen juntando con pala gracias a la Presidencia Milei pero que, a su vez, advierten que el plan económico del gobierno está en falsa escuadra. Y de eso van los informes que recientemente se dieron a conocer desde Moodys y el fondo buitre BlackRock. Para la evaluadora de riesgo “los riesgos macroeconómicos siguen siendo agudos”, al tiempo que “el riesgo sistémico seguirá siendo elevado en los gobiernos locales y regionales a causa de las dificultades económicas, la incertidumbre política y la escasez de divisas”, en tanto que los vencimientos de la deuda internacional “supondrán una mayor carga a medida que comiencen a amortizarse los bonos reestructurados”.

Por su parte, el panorama que pinta BlackRock no es para nada mejor. En su reciente informe recalca que ve “el riesgo de otra devaluación del tipo de cambio” y asevera que esto “podría reavivar las presiones inflacionarias”. Y es lapidario al sostener que “no vemos razones fundamentales por las que querríamos comprar en este mercado por ahora”.

¿Pero será tan así la cosa? Una parte del problema es que buena parte de los papeles de la deuda argentina, están en manos de jugadores como Vanguard, Templeton, Fidelity, Pimco y el propio BlackRock, es decir de fondos buitre. Por eso es que resulta sugestivo el documento que hace poco más de dos semanas dio a conocer el fondo liderado por Larry Fink, cuando advirtió que al menos por el momento no piensa invertir en Argentina, ya que evalúa que es cara en relación a otras plazas de la región, lo que en buen castellano podría querer decir “si querés que ponga un dólar, antes devaluá”.

En este punto, cabe recordar que BlackRock posee participación en los principales cuatro bancos privados que actúan en el país que son el Santander, el Bilbao Vizcaya Argentina, el Macro y el Galicia, así como y entre otras cosas, en Chevron, PAE, Total e YPF con lo que su pulgar es determinante dentro del Club del Petróleo, en el que asimismo financia a varias de las restantes empresas que precisan apoyo externo para el costoso y complejo proceso que va desde la prospección hasta el desarrollo de este tipo de emprendimientos que son uno de los principales pedestales en los que, con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, Milei espera poder consolidar su propio proyecto de gobierno.

Pero mientras tanto como también son acreedores, esos mismos actores ven con preocupación la posibilidad de una megadevaluación. Y, entonces ahí aparece el horizonte incierto que se abre para un 2025 que ya está a la vuelta de la esquina, cuando vencen 17.285 millones de dólares, mientras que en moneda nacional la cosa se pone todavía más chiva, ya que los vencimientos son por 39,7 billones de pesos.

Acá vale la pena volver al tema del Proyecto de Presupuesto que no hace tanto presentó Milei, con una devaluada cadena nacional que logró pinchar el prime time del domingo por la noche. Es que en ese texto, calculan un dólar al precio de 1.200 pesos, con lo que este segmento de deuda, alcanzaría alrededor de 33 mil millones de dólares ¿Pero alguien conoce donde se puede comprar un dólar a 1.200 pesos?

Por eso es que un cálculo más realista, pone al monto de esta deuda en algo así como casi cuarenta mil millones de la moneda estadounidense, porque paso y cañazo, cerca del noventa por ciento de estos 39,7 billones de pesos son ajustables por inflación, lo que agrava todavía más la situación ya que, entonces, si hay otra megadevaluación esto se puede disparar quién sabe hasta dónde.

Entonces esta es como la imagen de un perro que se muerde la cola. Estos fondos buitre que tienen papeles de deuda y bonos argentinos, por lo que celebran que Milei haya vetado las leyes, son los mismos que por un lado se siguen mostrando reticentes a invertir y dicen que para hacerlo antes esperan que haya una devaluación que los posicione mejor, tal como lo insinúa cada vez más abiertamente el FMI que a fin de cuentas forma parte de ese mismo esquema. Pero por otro lado encienden luces de alerta por “el riesgo de otra devaluación del tipo de cambio” que “podría reavivar las presiones inflacionarias”.

Y es entonces en este punto donde hay que reconocer que, al menos en esta porcioncita de la cosa, Milei no tiene la culpa. Es que durante agosto de 2022, apenas asumido como ministro de Economía, Sergio Massa, vehiculizó un canje de títulos de la deuda con vencimientos que iban desde ese momento hasta 2026, y lo hizo ajustándolos a la inflación, por lo que contrariamente a lo que pasó con otras megadevaluaciones de las que hubo y muchas durante el último medio siglo, en esta oportunidad una medida de ese tipo no serviría para licuar deuda, sencillamente porque la deuda en pesos quedó atada a la inflación: por eso a mayor devaluación, más deuda.

Todo este berenjenal plantea un escenario que puede ser advertido como una suerte de cuello de botella, por lo que suena razonable que esos mismos fondos como BlackRock busquen salir antes de que se precipite un Efecto Puerta 12, ya que tienen claro que en esto el que se duerme puede acabar siendo cartera. Ya que resulta admisible pensar que si Milei no puede bancar la parada y tiene que devaluar, va atener que pagar más caros los dólares que necesita para cubrir los vencimientos de 2025, con lo que en su lógica de pensamiento, va a volver a ajustar en un escenario en el que veinticinco millones de argentinos sobreviven en condiciones de pobreza, la recesión empeoró durante el segundo trimestre y la economía se hundió 3,4 por ciento en la primera mitad de 2024. Y en el que la cosa no se queda ahí, porque tal como proyecta el Banco Mundial, para fin de año, de la mano de Milei, la economía argentina habrá caído 3,5 por ciento de su producto, lo que la coloca como la peor posicionada del continente, sólo por delante de Haití que va a culminar 2024 con una retracción del 4,2.

Pero igual, Javier Milei tiene cosas para festejar. Sobre el filo de la semana pasada, el FMI anunció que modifica su política de sobrecargos de deuda con la Argentina, con lo que este año nuestro país se va a ahorrar algo así como 450 millones de dólares, a los que hay que sumar unos 1.100 millones para los próximos dos años. Esto representa, moneda más moneda menos, alrededor de tres cuartas partes de lo que el gobierno se niega a pagar para financiar al sistema universitario, conforme la ley que recientemente vetó.

Y esto da pie para reflexionar sobre lo que fue, sin dudas, el hecho más destacado de la semana pasada. Porque en una sociedad en la que buena parte de los actores del esquema de representación política liberal burgués parecen haber perdido la brújula, nuevamente una verdadera multitud salió a las calles de las principales ciudades del país para pronunciarse a favor del sistema de educación público, universal y gratuito.

Lo hizo durante una semana en la que también, ensoberbecido porque con su veto logró volver a arriar a una parte de quienes ocupan bancas de la oposición, por medio de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el gobierno dijo que va a buscar transferir la administración de los hospitales nacionales a las provincias y lo hizo en un contexto en el que los trabajadores de la salud están en estado de alerta ante el posible cierre de hospitales como el Garrahan y el Laura Bonaparte.

Queda claro que el déficit cero es una obsesión enfermiza para el presidente, pero también que eso mismo resulta parte de un episodio de la lucha de clases que se libra hoy y aquí en terrenos como la defensa del sistema jubilatorio de reparto, el de la universidad y el sistema sanitario. Porque es evidente que meter mano en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses es una tentación para la clase capitalista, lo mismo que impedir que esos seis de cada diez argentinos a los que empuja a la pobreza puedan tener, al menos, una cama hospitalaria y que puedan soñar con que tal vez algún día sus hijos vayan a la universidad. Esto responde a una lógica financiera, pero también a una que es absolutamente simbólica.

La relación patológica de la que la banda que se hizo con las herramientas del Gobierno hace gala contra los jubilados, el sistema sanitario, el de contención social y el educativo responde a la necesidad que tiene la clase capitalista de disciplinar a los trabajadores. Porque cuando se esfuerza por desmembrar estructuras como el sistema jubilatorio solidario, los sistemas sanitario y educativo de base universal y acceso público y gratuito, y la red que desde lazos solidarios atiende cosas básicas como dar comida e intentar construir trabajo entre aquellos a los que el sistema expulsó, lo que busca es destruir instrumentos que representan una concesión que el capitalismo tuvo que hacer, en un contexto histórico determinado que ya no existe, como consecuencia necesaria de la propia crisis que está inscripta en el ADN del sistema capitalista.

Es que el diseño que pese a todo conservan los sistemas de pensiones, sanitario y educativo, como así el de redes solidarias que incluyen comedores, merenderos y cooperativas de trabajadores son, en alguna medida, avanzadas de un tipo de sociedad que no es la capitalista, ya que esencialmente representan una manera de relación social basada en la asociación, la cooperación y la autogestión entre pares. Y todo esto es algo que el capitalismo detesta, tanto como que los seres humanos queramos ser personas y no simples mercancías…ya sea que estemos en un comedor popular o atendiéndonos en un hospital, seamos jubilados, docentes o estudiantes universitarios. Entonces, cuando desde cualquiera de esos lugares se resiste y lucha, Milei deja de festejar.

 

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Con la misma perseverancia con la que se sostienen los reclamos del sector semana a semana frente al Congrso y por distintas puntos del país, los jubilados barilochenses también marcan el camino de este proceso de resistencia popular. “Pese a que muchas veces nos dicen que tenemos la batalla cultural perdida, mientras sigamos luchando no tenemos absolutamente nada perdido, porque aquí la única batalla que se pierde es la que se abandona” dijo uno de los integrantes de la Asamblea, el militante comunista Maxi Schneebeli.

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En ese camino, y tras el paro de docentes universitarios realizado ayer, se prevé la realización de clases públicas en las distintas casas de estudio de todo el país y un acto central ante el Palacio Pizzurno. “Continuamos pensando y proyectando un horizonte de construcción de una universidad para todos y todas, para el acceso de los y las obreras y de sus hijos: este debe seguir siendo nuestro objetivo”, subrayó desde el MUI de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Sol Guirin Chapitel.

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En el marco del Día de la Industria, Apyme advirtió sobre el escenario catastrófico al que las políticas del gobierno de Javier Milei están arrastrando al país y demandó medidas de emergencia tendientes a frenar la ola de cierres de fábricas y comercios. También planteó que hay que reconstruir un modelo basado en la industria, el empleo, salarios, crédito productivo, ciencia y tecnología.

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El presidente fue a un encuentro empresarial el último viernes y los productores yerbateros lo esperaban en las calles para protestar contra la desregulación que provoca la destrucción del Instituto Nacional de Yerba Mate. “Hay que seguir presionando en las calles”, dijo desde el Movimiento Campesino de Liberación Rodolfo Almeida y reclamó que la Legislatura apruebe el Proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera.

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La Cámara de Diputados buscará este miércoles abrir paso al tratamiento de la emergencia crediticia de las familias, mientras el oficialismo maniobra para impedirlo. Más de veinte millones de personas están endeudadas y millones acumulan atrasos en un escenario marcado por la caída de los ingresos, la desregulación financiera y el encarecimiento del crédito. Jóvenes y jubilados aparecen entre los más golpeados por una coyuntura que obliga a tomar crédito a tasas leoninas para sostener los gastos cotidianos. Frente a semejante cuadro, el gobierno de Javier Milei pretende reducir el problema a una relación entre particulares y rechaza cualquier intervención pública. El endeudamiento doméstico para subsistir se ha convertido así en una de las expresiones más crudas del ajuste sobre la clase trabajadora y los sectores populares.

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Este sábado en Avellaneda se realizó un mural colectivo en el marco del centenario del natalicio de Fidel Castro. De la actividad participaron varias organizaciones, entre ellas el Partido Comunista, quienes reafirmaron su solidaridad con Cuba. En relación al bloqueo recrudecido contra la Isla mediante el cerco energético de Trump y a las amenazas imperialistas de una agresión militar, Leonardo Baster, responsable de la delegación diplomática cubana en nuestro país, reafirmó que su pueblo está dispuesto a resistir “hasta la victoria”.

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