El Ministerio de Economía dio luz verde al proceso por el que busca desprenderse de las acciones que, por medio de Enarsa, el Estado tiene en la empresa que controla la principal red de transporte de energía eléctrica. En esta columna, el ingeniero electricista y dirigente del PC de la provincia de San Luis, Juan Larrea, analiza de qué va este nuevo capítulo de la entrega de patrimonio y soberanía.
Mediante la Resolución 2990/25, publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre, se comunicó la privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enrasa), empresa del Estado, propietaria de no menos de diecisiete unidades de negocios del rubro energético, entre ellas del 26 por ciento de Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), propiedad que comparte con Pampa Energía SA, de Marcelo Mindlin.
Por su parte, Citelec es la dueña del 52,67 por ciento de Transener, que es la empresa que tiene por misión asegurar el correcto funcionamiento del sistema integrado de transmisión eléctrica en el país, lo que garantiza que haya luz en cada ciudad. Y esto es lo que el gobierno nacional está poniendo a la venta.
Citelec tiene un valor bursátil que va de entre ochocientos a 1.200 millones de dólares norteamericanos, pero el Estado Nacional pretende recuperar una cifra próxima de 205 millones de dólares que deberá compartir con la compañía Pampa Energía por partes iguales. Por lo que se entiende que lo que está haciendo es regalar la empresa.
Vale aclarar la distribución accionaria de Enarsa en Citelec donde ambas comparten el cincuenta por ciento. El 52.64 por ciento es de Citelec, mientras que a Anses le corresponde algo así como el veinte por ciento del paquete de acciones clase B y el resto de las acciones clase B son cotizables en bolsa. Hay que tener en cuenta que el resultado neto de la compañía, en el presente ejercicio, rondará los noventa millones de dólares y, asimismo, se debe hacer notar que el gobierno de Javier Milei obtuvo el renunciamiento por parte de Pampa Energía a sus derechos de “acompañamiento y empardamiento”, por lo que Midlin resigna ampliamente derechos frente a terceros y el propio Estado, sin saberse a cambio de qué lo hizo.
Desde el punto de vista técnico, el sistema de transmisión es el verdadero “talón de Aquiles” del sistema energético nacional. Pues no ha crecido en forma acorde, ni con la demanda ni tampoco con la oferta. En particular con la renovable que constituyó en el tercer cuatrimestre del año el veinte por ciento de la oferta energética, debiéndose hacer notar que de acuerdo a las normativas Genren 2009 y Renova 2015, las energías renovables son las que primero “despachan y a más altos costos”, lo cual representa un pingüe negocio, pues son las de menor costo por unidad (u$s/MW) para los generadores.
Al momento se encuentran sin abastecer sólo desde los sistemas eólicos aproximadamente 1250 MW, lo que “gira” sin carga o no lo hace, con un importante lucro cesante para las empresas y un serio riesgo para el sistema, en particular en la época estival. Por lo tanto, no es extraño que este verdadero remate se prevea efectuar el 23 de marzo de 2026 porque desde ahora y hasta ese momento, se transita la temporada estival con sus altas temperaturas y los habituales e innecesarios cortes por la saturación del sistema de 500 KV, que inciden en la opinión pública hasta llevarla al hartazgo, propiciando una corriente de opinión favorable a la liquidación de la empresa.
Había manera de prevenir esta debacle, seguramente, realizando las obras necesarias en tiempo y forma como el sistema AMBA con financiamiento asegurado por 1.100 millones de dólares por la República Popular China. Esto tenía por objeto mejorar el servicio en el cuarenta por ciento del país. Pero la obra fue suspendida definitivamente por el gobierno de Javier Milei.
En cambio, a instancias del actual gobierno, la situación pretende ser resuelta aumentando un cuatro por ciento la factura de todos los usuarios del país por el tiempo que dure la obra, que llevará no menos de tres años. Esto significa que millones de dólares que nadie devolverá a quienes los aportaron, que somos los usuarios, quedarán en manos de las empresas o eventualmente del Estado tras veinte años cuando, si se realiza, la obra quedaría suficientemente amortizada.
Pero esto no es todo, ya que bajo el mismo criterio, el gobierno de Milei tiene previsto contratar dos nuevos sistemas. Uno que une Río Diamante en Mendoza con O’Higgins en territorio bonaerense, recorriendo 536 kilómetros, en tanto que el restante pretende ir desde Puerto Madryn hasta Bahía Blanca con 758 kilómetros. Las dos obras demandan alrededor de 1.884 millones de dólares. Por supuesto que en las indicadas condiciones; es decir, a cargo de los usuarios.
Debe tenerse en cuenta que Transener opera y mantiene más de 12.450 kilómetros de líneas y las correspondientes estaciones transformadoras de 500/132 kV, teniendo también jurisdicción sobre las empresas Transener Internacional, que posee líneas en Brasil y los más de 6.500 kilómetros de Transba, correspondientes a la provincia de Buenos Aires cuyo gobierno, llamativamente, aún no ha dicho “esta boca es mía”. Todo ello constituye el 85 por ciento del sistema nacional y aún resta un quince por ciento sobre el cual se ejerce funciones de supervisión.
¿Alguien puede entender el motivo por el cual un sistema de mas de 18 mil kilómetros de líneas de 500Kv a un costo estimado 1.850.000 dólares por kilómetro remate su 52 por ciento a menos de 205 millones de dólares? ¿Y todo esto con el agregado de decenas de estaciones transformadoras de 500/132 KV? Sólo hay una respuesta: juntar las cuotas comprometidas por Luis Caputo, Mauricio Macri y Javier Milei que nos han robado mediante la estafa de la deuda externa junto con sus amigos Scott Bessent, Donald Trump y Cia. La dependencia al FMI y el imperialismo yanqui está líquidando también nuestra soberanía energética.
