En Tel Aviv piden pan y les dan palos, mientras se vuelve atrás en la apertura de la cuarentena ¿Qué pasa con los palestinos presos políticos en cárceles israelíes?
“Ataque terrorista sanitario”, de esta forma el gobierno israelí califica a la protesta que tuvo lugar el sábado pasado en Tel Aviv, donde más de diez mil personas exigieron que el Estado brinde asistencia económica a los afectados por la profundización de la crisis que tiene lugar en el contexto de la pandemia.
Cabe señalar que de acuerdo a datos oficiales, el desempleo afecta al veinte por ciento de los israelíes, esto es, algo así como 850 mil personas. La misma fuente sostiene que esta cifra puede incrementarse si sigue creciendo la curva de contagios que está en alrededor de mil casos diarios.
Aunque el motivo de la movilización es bastante razonable, desde el gobierno, se utilizó la palabra “terrorista” para caracterizarlo, en un país en el que la carga de esta palabra es muy fuerte y estigmatizante.
También hubo un importante operativo policial que detuvo, al menos, a medio centenar manifestantes acusados de “bloquear calles”.
Todo pese a que nadie atacó a trabajadores de prensa, tampoco hubo manifestaciones de descalificación al gobierno, sus integrantes o a algún sector social en particular y, mucho menos, vandalización de símbolos inherentes a la defensa de los derechos humanos.
Así las cosas, el ministro de Finanzas, Israel Katz, sostuvo que “hasta que no se encuentre una vacuna, la incertidumbre económica se extenderá y habrá sectores que se verán perjudicados y se cerrarán y reabrirán”.
Lo hizo en un contexto en el que Israel atraviesa una segunda ola de crecimiento de casos de Covid-19, que irrumpió después de que el Gobierno avanzara en un proceso de desarticulación de las fases de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El propio premier, Benjamín Netanyahu, reconoció que la desescalada no tuvo un impacto relevante en términos de reactivación de la actividad económica, al tiempo que señaló que “se hizo demasiado rápido”, por lo que decidió dar marcha atrás.
Con este telón de fondo, el comité ministerial israelí decretó el cierre de las ciudades Beit Shemesh, Jerusalén, Lod, Ramle y Kiriat Malachi, donde se restringió el acceso a varios barrios. Esta limitación rige para la entrada y salida de personas, pero también para el movimiento dentro de estos barrios.
Peligro letal
Mientras tanto, desde la Autoridad Nacional Palestina se advirtió sobre el peligro de exposición al contagio de Covid-19, que corren los palestinos prisioneros políticos del Estado de Israel.
En esta misma dirección, la Comisión Palestina de Asuntos de los Prisioneros junto a otras organizaciones, dieron a conocer un informe en el que se denuncia que el Ejército de Israel detuvo a 2.330 palestinos durante el semestre inicial de este año, en plena pandemia.
Ahí se señala que la mayoría de las detenciones se perpetraron en las ciudades de Jerusalén, Ramala, Ebron, Yenún, Belen y Naplusa. Pero también se hace hincapié en que de estas personas detenidas, 304 son menores.
Asimismo se da cuenta de que 365 están bajo detención administrativa, esto es sin imputación de cargos concretos, por lo que fueron encarcelados a partir pruebas a las que el imputado y su defensa no pueden acceder.
Por su parte, la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos Addameer, alertó sobre interrogadores que dieron positivo al test de Covid-19, que estuvieron en contacto con personas palestinas prisioneras y detenidas a las que, pese a esto, se les niega el seguimiento sanitario.