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Mié, May
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Se va a llevar a cabo el plebiscito que debe decidir si se aprueba el texto constitucional que, tal como advirtió el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, “pone los intereses del capital en todos planos de la vida, incluyendo los derechos sociales a los que pretende transformar en mercancía”.

De cara al plebiscito del domingo que viene, el presidente del Partido Comunista de Chile (PCCh), Lautaro Carmona, advirtió que hay una campaña de desinformación y deformación respecto a la propuesta constitucional que se va a someter a votación que representa una refundación del neoliberalismo, ya que “pone sin ningún pudor los intereses del capital en todos planos de la vida, incluyendo los derechos sociales a los que pretende transformar en mercancía”.

Carmona fue claro cuando denunció que la propuesta de carta magna que fue redactada por la derecha tiene contenidos peligrosos para el pueblo como la eliminación de las contribuciones a las viviendas más caras que sólo paga el veinte más rico del país que es con lo que se financia casi un sesenta por ciento del fondo común municipal, que es empleado por las comunas más pobres para concretar obras y prestar servicios.

En este contexto, desde las organizaciones sociales y colectivos políticos que participan en la campaña que convoca a votar en contra de la propuesta de texto constitucional, se hizo hincapié en que es preciso “estar en los territorios y en las calles” para promover el voto En Contra y “cerrar el paso” a la propuesta que emanó del Consejo Constitucional que domina el Partido Republicano y la coalición de derecha Chile Vamos.

Por su parte, la vocera del Comando En Contra, Antonia Rivas, resaltó que “esta mala propuesta supone riesgos para la educación superior ya que no consagra el fin del lucro ni tampoco consagra la gratuidad progresiva. Eso quiere decir que se pone en riesgo la oportunidad de que muchos jóvenes puedan acceder”.

Y, en esa línea, indicó que de aprobarse el texto  “la gratuidad incluso  podría terminar” ya que no se contempla el financiamiento a las instituciones estatales lo que también pone en riesgo “a la educación básica y media”.