En el salón Delia Parodi del Congreso se convocó a la jornada del jueves para exigir el cese de la represión que desatada por el gobierno de Jujuy.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos estuvo presente en la conferencia de prensa, que tuvo lugar en el salón Delia Parodi del Congreso para exigir el cese de la represión que desatada en Jujuy por el gobierno que encabeza Gerardo Morales.
Ahí también se dieron cita integrantes de organismos de Derechos Humanos, de las dos CTA, de la Corriente Federal de Trabajadores y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, junto a quienes protagonizan la vigilia frente a la Casa de Jujuy en Ciudad de Buenos Aires, en la que la Multisectorial de Solidaridad con el Pueblo Jujeño convocó a movilizar en todo el país el próximo jueves.
Se trata de una decisión tomada, tal como lo explicó el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, “frente a los gravísimos hechos que siguen ocurriendo en la provincia de Jujuy, donde pareciera no rigen las garantías constitucionales ni los Derechos Humanos, ni el 14 bis de la Constitución”.
Además de Yasky estaban presentes, entre otros, Estela Carlotto, Taty Almeida, Vera Jarach y la senadora de la provincia de Buenos Aires e integrante de la Mesa Nacional de la CTA, María Reigada, quien advirtió que “con su imposición de esta reforma constitucional y la represión, Morales lesiona el federalismo”, al tiempo que “está planteando casi una secesión de Jujuy, porque esta reforma es contradictoria con nuestra Constitución Nacional y con distintos tratados internacionales a los cuales adherimos”. Y después hizo hincapié en que la jornada del jueves venidero, “tiene que ser muy fuerte y plantear la reacción de nuestro país en solidaridad con quienes están luchando en esa provincia y para acompañar las acciones que se vayan realizando”.
Por su parte, el coordinador nacional de la organización barrial Tupac Amaru y secretario de Economía Social de la CTA Ciudad, Alejandro Garfagnini, recordó que l situación de Jujuy no es nueva “y viene sucediendo desde la detención de Milagro Sala” y sostuvo que “quieren institucionalizar como modelo que viene, que las organizaciones sociales, sindicales y todo aquel que intente pelear contra el extractivismo de los bienes comunes de los argentinos, pase a ser considerado una organización criminal, que es lo que dice la reforma express que votaron en Jujuy”.
Y alerto sobre la detención del abogado y defensor de los Derechos Humanos Alberto Nallar, a quien el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy acusa de “sedición y motín popular” y es uno de los letrados que actuaron en la defensa de personas represaliadas por protestar contra el nuevo texto constitucional.
Nallar cuestionó severamente la propia reforma de la Carta Magna y advirtió que debe ser declarada nula, porque resulta inadmisible que siendo gobernador, Morales haya sido convencional constituyente y presidente de la Asamblea lo que, aseveró, constituye el “delito de suma del poder público, porque el Poder Ejecutivo aquí asume el poder constituyente”.
En ese camino de la concentración del poder público, Morales dio otra vuelta de rosca cuando la semana pasada, perpetró una maniobra para intentar ahogar las finanzas de los municipios de Abra Pampa y La Quiaca cuyos ejecutivos y concejos deliberantes se opusieron públicamente a la reforma constitucional. El gobierno provincial depositó en las cuentas de esas comunas, menos dinero del que corresponde por carácter de coparticipación, lo que los puso en una situación crítica, ya que no pueden afrontar el pago de sueldos.
Y en La Quiaca la cosa paso de castaño oscuro, cuando mientras el intendente Blas Gallardo estaba en Buenos Aires haciendo gestiones vinculadas a la defensa de las tierras de pueblos originarios de su zona, una banda al servicio del oficialismo provincial, copó la sede del deliberativo comunal donde, tras provocar destrozos y retener ilegalmente a los concejales, intentó forzar la realización de una sesión para destituir al jefe comunal.