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En plena temporada de rosca, el ministro Francos arroja el espinel con la esperanza de sumar voluntades para el proyecto de “Ley Bases 2”. Mientras tanto, el DNU 70/2023 sigue haciendo estragos y en Diputados nadie se preocupa demasiado para forzar su tratamiento.

Sólo una semana después de que todas las miradas se posaran sobre el Senado a raíz de la luz roja que ahí se le puso al DNU 70/2023, lejos de aprovechar el envión que les dio el 42 a 25, los diferentes espacios de representación parlamentaria desechan la posibilidad que el momento les brinda para hacer que a Martín Menem no le quede otra que convocar al tratamiento del decreto.

Y esto no es todo, porque mientras en la Cámara Baja aparece el cartelito “cerrado por fin de semana largo”, el ejecutivo no deja de mover sus piezas y lo hace operando sobre legisladores y gobernadores, que se muestran sumamente permeables a cambio de treinta monedas de plata. 

Porque aunque la Cámara Alta le dijo que no, el DNU 70/2023 va a continuar vigente si Diputados no hace lo propio. Y esto es así, pese a que diferentes presentaciones judiciales frenaron los capítulos referidos a las reformas laborales, las sociedades anónimas deportivas y las modificaciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate, a lo que la semana pasada se sumó la luz verde a un amparo colectivo promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata que le pone un paréntesis a la derogación de la Ley de Tierras.

Pero mientras dura su vigencia, persiste la desregulación de tarifas y precios de alimentos, la destrucción de los organismos de control, así como la de las obras sociales y la derogación de las leyes de Alquileres, Góndolas y la de Abastecimiento que constituyen decisiones clave para explicar la degradación del salario y la calidad de vida de millones de argentinos (Ver El Senado dijo no).

El gobierno gana tiempo para ir acomodando el ajuste, mientras le da manija a la maquinita de emitir, para comprar dólares con los que espera hacer un colchón que le permita a Luis Caputo volver a endeudarnos, esta vez por quince mil millones de dólares más, sólo para garantizar la ronda de bicicleta financiera en curso e inflar la fantasía dolarizadora de Milei.

Para galvanizar ese escenario, la Presidencia Milei necesita mostrar liderazgo ante la clase capitalista que actúa en el país que, morbosamente, aplaude cuando promete que “van a caer setenta mil contratos”, como varios de sus actores lo hicieron esta semana en el Iefa Latam Forum 2024. Pero además de las bravuconadas, exigen acción, sobre todo, tras el naufragio del Proyecto de Ley Ómnibus.

De ahí que con la chequera en la mano, Guillermo Francos, viene profundizando su ronda de contactos entre legisladores y mandatarios provinciales a los que debe convencer de que lo que acuerdan con él, no va a ser desmentido al día siguiente por el Presidente.

Y quizás por eso es que, en estos días, cuenta para esa tarea con la ayuda del jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, que es un personaje mucho más cercano a Milei que el ministro del Interior.

Por eso es que durante los últimos días, desde el “arco opositor” no son pocos los que envían señales que dicen que están dispuestos a aprovechar la ventana de oportunidad que abrió el naufragio del Proyecto de Ley Ómnibus y la barrera que se le puso al DNU 70/2023 en el Senado ¿Qué quiere decir todo esto? Que con un barajar y dar de nuevo, sueñan con tener mejores condiciones para negociar desde cero lo que La Rosada espera que sea “Las Ley Bases 2” que es más o menos lo mismo que el proyecto de Ley Ómnibus, pero con una pátina que pretende volverlo más presentable (Ver El sistema al recate).


Conciliábulos


Todo parece indicar que mientras que los opositores friendly siguen esperanzados en que La Rosada pueda exhibir previsibilidad que garantice cualquier cosa que acuerden, Milei continúa confiando en que su racha ganadora le permite dejar de lado la zanahoria para correr hacia delante, vertiginosamente y palo en mano.

La tarea que tiene Francos no es fácil. Hace apenas diez días, junto a Posse recibió a Miguel Pichetto en una reunión en la que, entre otros temas, estuvo presente la idea de alcanzar consensos respecto a la fórmula de movilidad jublatoria, algo sobre lo que la bancada que comanda el ex candidato a vice de Mauricio Macri venía trabajando en un proyecto. Pichetto salió confiado del encuentro, pero seguramente debió sorprenderse cuando el viernes pasado la fórmula fue modificada por decreto (Ver “Descomposición salarial por decreto” y Licuadora en cuotas).

Pese a esto y con la mirada puesta en la intención de sumar apoyos para el proyecto de “Ley Bases 2” y el Pacto de Mayo, Francos viajó hasta Salta para participar de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande en la que fue recibido por los diez mandatarios provinciales del NOA y el NEA.

Sobre la mesa, los gobernadores pusieron su preocupación por el cercenamiento de los fondos coparticipables, subsidios, obras públicas y programas. Según se supo, el ministro llevó como moneda de transacción la reanudación de algunas obras públicas de mantenimiento de rutas nacionales.

La pregunta es si con eso le va a alcanzar para seducir a los mandatarios y, más aún, para que esto derrame sobre los legisladores de sus provincias. Mientras tanto y ante la evidencia de los estragos que provoca la vigencia del DNU 70/2023, el abogado constitucionalista y miembro fundador de la Asociación Americana de Juristas, Eduardo Barcesat, reiteró que en las cláusulas que regula los DNU, la Constitución señala con claridad que y el Poder Ejecutivo Nacional “en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir decisiones legislativas”, lo que representa “un principio general y encabeza el tratamiento de estos decretos” con excepción de situaciones que se esté ante “circunstancias excepcionales que impida seguir el trámite normal de las leyes”, algo que de ninguna manera sucede ahora con los tópicos alcanzados por este decreto.

Por lo que insistió con que el DNU es de nulidad absoluta y, en tal dirección, solicitó a los legisladores “que presenten un proyecto de ley que declare la nulidad insanable de este decreto” que, añadió, no tiene “nada razonable”.

Y fue claro al hacer hincapié en que sin entrar en debates que sólo embarran la situación, “esto no implica la derogación”, sino hacer caso a lo que sostiene la Constitución cuando habla de “la nulidad absoluta e insanable, que significa retrotraer la cuestión al 10 de diciembre”, ya que “todo tiene que volver al momento previo” al dictado del DNU 70/2023.