El Tribunal Oral Federal de Corrientes sobreseyó al militar y ex interventor de la ciudad de Gobernador Virasoro durante la última dictadura, Héctor Torres Queirel, por la desaparición de Marcelo Peralta.
Otra vez, la impunidad se presenta de la mano del poder económico, judicial y político en su conjunto. El ex interventor de facto de la ciudad correntina, Gobernador Virasoro, fue sobreseído por la desaparición de Marcelo Peralta durante la última dictadura militar, en estancia María Aleida, perteneciente a Torres Queirel, pero que las concesionaba a la empresa «Las Marías», cuyo presidente Adolfo Navajas Artaza, también está implicado en delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Peralta era uno de la decena de trabajadores de la yerba mate en esa zona del país que sufrió de manera directa el terrorismo de Estado, que buscaba la eliminación de la actividad sindical en el sector.
El tribunal desconoció el terrorismo de estado en Virasoro y argumentando que Torres Queirel no tiene responsabilidad aunque la estancia le pertenezca, y así lograr sacar de contexto todo lo otro que era en el marco del terrorismo de estado.
Asimismo, para el fiscal Flavio Ferrini, quien reclamaba seis años de cárcel para el acusado, en calidad de partícipe necesario, tras los testimonios oídos y leídos durante el debate «no quedan dudas de que Torres Queirel no era ajeno al procedimiento que se desarrolló el 29 de junio, pero no solo y en particular al secuestro de Marcelo Peralta, sino de todos aquellos que involucraron detenciones ilegales, tormentos, secuestro y desapariciones en Gobernador Virasoro».
Hilda Presman, coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes y acompañante de familiares y sobrevivientes del genocidio en la provincia, calificó el accionar del poder judicial como «lamentable», y agregó que «fue un proceso plagado de impunidades». Sin embargo, aseguró que «el fallo era de esperarse por los peces gordos que enfrentábamos».
No es la primera muestra de impunidad y donde el poder judicial protege a los actores civiles y militares de la última dictadura en Corrientes. Hubo 20 jueces que se apartaron de la causa para no tener que juzgar a Adolfo Navajas Artaza, Presidente del Establecimiento «Las Marías» y uno de los empresarios yerbateros más importante del país.
Estuvo procesado en la instrucción de la causa sobre delitos de lesa humanidad cometidos contra tareferos de Gobernador Virasoro, por el secuestro del trabajador de Las Marías y dirigente sindical Neri Pérez hasta que el veinteavo juez que se hizo cargo del expediente lo sobreseyó en 2008.
En el transcurso de todos estos años, los principales jefes de área de la cadena represiva de gobernador Virasoro o fallecieron o fueron retirados de la causa por razones de salud.
En el conjunto de trabajadores rurales donde había dos desaparecidos, Nery Pérez y Marcelo Peralta, gremialistas comprometidos con la causa de los trabajadores. Todos eran sindicalizados, vinculados al establecimiento Las Marías, se organizaron y confrontaron con la empresa por sus derechos.
«Con estos personaje lidiamos, por eso sabíamos que era una batalla totalmente despareja», sostuvo Hilda Presman, y agregó que quienes dimos impulso a la causa y acompañamos fueron un puñado de trabajadores rurales, de escasos recursos sin acceso a medios, ni abogados».
