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Derechos Humanos
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Es la definición que los organismos de Derechos Humanos, entre ellos la Liga, hicieron al repudiar el intento que hizo Victoria Villarruel de reverdecer la Teoría de los Dos Demonios, de respaldar el Terrorismo de Estado y a sus perpetradores con el fin de ocultar la verdad y no buscar justicia.

"Fue la reivindicación más desembozada del Terrorismo de Estado" fue la definición en la que coincidieron diferentes organismos de Derechos Humanos a la hora de expresar su "más enérgico repudio" al acto que, en el Senado de la Nación, encabezó Victoria Villarruel para anunciar que va a buscar que se reabran todas las causas judiciales, que en algún momento se iniciaron contra personas que desarrollaron actividad militante contra la dictadura durante la década del 70 del siglo pasado.

Lo hicieron por medio de una declaración que, entre otros, suscribe la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), en la que se advierte que la postura de Villarruel representa un respaldo a quienes perpetraron el golpe de Estado de 1976 y "constituye una afrenta a la memoria para esconder la verdad y no buscar justicia, sino la venganza y el odio".

Y tras hacer hincapié en que la vicepresidenta y Javier Milei no buscan justicia, lamentaron que lejos de eso el actual gobierno impone un programa de ajuste que "sólo beneficia a grandes grupos económicos nacionales y extranjeros", algo que se enmarca en la "miseria planificada" que denunció Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar.

"Muy que les pese les recordamos que el Congreso de la Nación es la Casa de la Democracia y no guarida de negacionistas y socios del Terrorismo de Estado", resaltaron los organismos y exigieron que la Cámara Alta se pronuncie "en pleno en contra de esta puesta en escena tan vergonzosa como inútil", pero también que avance en la expulsión de los diputados que "son parte de un plan de impunidad para los genocidas". Y, sin dudarlo, remarcaron: "la sociedad argentina supo y sabe poner límites a la violencia y el odio. Este es uno".

Además de la Ladh, firmaron este texto Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

Cabe recordar que la iniciativa de Villarruel tiene lugar en un escenario que aparece atravesado por los pases de factura que todavía provoca, hacia adentro del esquema de gobierno, la difusión que se hizo sobre la visita que diputados del bloque de La Libertad Avanza realizaron al penal de Ezeiza, para respaldar a genocidas condenados porque perpetraron crímenes de lesa humanidad.

Pero también en momentos en los que en el espacio liderado por Javier Milei y el universo macrista, no se ocultan algunas rispideces que surgieron como consecuencia de la postulación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a integrar la Corte Suprema de Justicia que, vale recordarlo, tarde o temprano deben pasar por el Senado que preside Villarruel.

Pero la visita que los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y Rocio Bonacci hicieron a genocidas de la calaña de Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason y Raúl Guglielminetti también causó la reacción de la bancada de Unión por la Patria de la Cámara Baja que pidió que se cree una comisión que investigue el trasfondo que tuvo este singular tour. Pero asimismo si hubo otros legisladores implicados y qué papel juega en todo esto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya que por su pedido, la cartera que tiene a cargo absorbió la dirección del Sistema Penitenciario Federal.

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En medio de la podredumbre que impone la Presidencia Milei, Abuelas de Plaza de Mayo restituyó la identidad a la nieta 139. “Le damos la bienvenida”, señaló la Secretaría de Derechos Humanos de Conadu Histórica.

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Después del que explicitó la Federación Sindical Mundial, hora fue la Unión Sindical Internacional de los Servicios Públicos y Afines quien cerró filas con sus pares de ATE y exigió que se reincorpore a los despedidos.

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El Ministerio que preside Mariano Cuneo Libarona echó al menos a quince delegados del área de Derechos Humanos "Apuntan contra personas sindicalizadas que llevan a cabo la lucha gremial", advirtió desde la CoNaT, Lorena Giorgetti.

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Se trata de uno de los responsables de la Masacre de Trelew que está prófugo, viviendo en EE.UU., donde se recibió una condena en una corte civil por los asesinatos perpetrados el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar.

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En San Lorenzo el acto de celebración del 107 aniversario del Partido Comunista, fue un momento propicio para honrar la memoria de los Otero, una familia para la militancia comunista y para toda la comunidad de esta ciudad del Cordón Industrial santafecino.

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Se trata del intendente comunal, Mauricio Davico, quien en apenas un año de gestión se llevó puestas a la mayor parte de las políticas de Derechos Humanos que se venían llevando a cabo en esta localidad entrerriana.

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Así lo sostiene desde la Corriente Lohana Berkins, Andrea Mossano, pronta a participar en la Novena Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, en lo que va a ser un momento que aporte a “poder crear escenarios y subjetividades que reivindiquen nuestro ser patriótico y libre del yugo imperialista”.

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Se trata de Julio César Casanova Ferro, quien integró la banda de Aníbal Gordon que regenteó el Centro Clandestino de Detención de Pomar 4171/73 donde estuvieron secuestrados Carmen Román, Juan Carlos Comínguez, Luis Cervera Novo, Isidro Gómez, Cesáreo Arano, Miguel Prado y Miguel Lamota.

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Una decisión judicial le ordena al Ministerio de Justicia que “deje de reducir recursos humanos e infraestructura institucional” de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia.

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Por orden de la Sala 7 de la Cámara de Apelaciones Criminal Correccional, el juez Edmundo Rabbione debe colocar esta carátula a la causa abierta por el asesinato de Andrea Amarante, Pamela Cobas y Roxana Figueroa que fue perpetrado en mayo pasado en el porteño barrio de Barracas.

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El sábado fue multitudinaria la vigilia montada en el Centro Cultural contra los despidos y la amenaza de cerrarlo. “Es un gran desafío lograr la unidad de todas las luchas”, recalcó la secretaria de Derechos Humanos de la CTA bonaerense, Lorena Giorgetti, y añadió que “necesitamos estar organizados y que haya un mayor sentido de la solidaridad y la consciencia de clase”.

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La rama argentina de la Asociación Americana de Juristas pide explicaciones por la remoción de las placas que señalaban el Salón de los Derechos Humanos en el Palacio de Tribunales, que es donde se juzgó y condenó a Videla, Massera y Viola.

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Los organismos de Derechos Humanos, entre ellos la Liga, hicieron público su repudio a los despidos y el desguace del Centro Cultural Haroldo Conti. “Quieren desmantelar áreas estratégicas para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, advirtieron por medio de una declaración.

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Se va a construir un Espacio de Memoria en el predio y el edificio donde durante la última dictadura funcionara el centro clandestino de detención Quinta de Funes, ubicado en las afueras de Rosario.

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¿Peligra la Ley IVE a cuatro años de su sanción? “Es un derecho que supimos conquistar y que vamos a continuar defendiendo en las calles, poniéndole el cuerpo”, destacó la integrante de la Comisión Nacional de Géneros del PC, Bárbara Palumbo.

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Fue el viernes frente al Edificio de las Cuatro Columnas de la ex Esma para denunciar el intento de cierre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y protestar contra los despidos masivos que la Presidencia Milei. La Liga Argentina por los Derechos Humanos dijo presente.

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En medio de un escenario en el que lo judicial y lo político se imbrican como pocas veces antes, el vicepresidente de la Liga, el abogado Gerardo Etcheverry, habló con Nuestra Propuesta sobre lo que deja el primer año de la Presidencia Milei, que con su blitzrieg también fue por todo a la hora de afectar Derechos Humanos.

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El juez que interviene en el crimen de Andrea Amarante, Pamela Cobas y Roxana Figueroa insiste en que se trató de un delito común. “Esto es de una hipocresía y un cinismo atroz”, advirtió desde la Corriente Lohana Berkin, Andrea Mossano.

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“Vamos a insistir nuevamente ante la Fiscalía para pedir explicaciones sobre tal situación de la causa y para preguntar por qué no nos dan ninguna información al respecto”, advirtió la secretaria de Derechos Humanos del PC de Santa Fe, Graciela Paccot.

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Diferentes organismos, entre ellos la Liga, volvieron a advertir sobre el peligro que trae aparejado el plan de vaciamiento del área de Derechos Humanos que lleva a cabo la Presidencia Milei.  

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Así lo anticipó Martín Menem. “Esto se da en un contexto donde hay un retroceso enorme en lo que hace a los derechos de las mujeres y del colectivo Lgtbq+”, advirtió desde la Corriente Nacional Lohana Berkins, Andrea Mossano, tras lo que recalcó que “no va a haber un solo paso atrás”.

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Esto es lo que advierte el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos por medio de una carta pública que fue enviada al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

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En un acto llevado a cabo en Resistencia, un grupo de abogados fue homenajeado por su actuación durante la última dictadura. Entre ellos están los comunistas Salomón Golberg y Rubén Yunes.

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Por orden del juez Daniel Rafecas, fue detenido Julio César Casanova Ferro, uno de los integrantes de la banda liderada por Aníbal Gordon que regenteó el CCD ubicado en la calle Pomar 4171/73 donde permanecieron secuestrados Carmen Román, Juan Carlos Comínguez, Luis Cervera Novo, Isidro Gómez, Cesáreo Arano, Miguel Prado y Miguel Lamota.

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La Red Federal de los Derechos Humanos y la Democracia presentó un informe en el que se narra lo sucedido durante el año que estuvo caracterizado por la resistencia y la lucha ante la feroz avanzada reaccionaria perpetrada por la Presidencia Milei.

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Por Memoria, Verdad y Justicia, pero también contra el negacionesmo y la reivindicación de los genocidas, una multitud volvió a darse cita en la iglesia de la Santa Cruz. La Liga Argentina por los Derechos Humanos dijo presente.

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“Han desaparecido a nuestros camaradas abogados que entablaban acciones de habeas corpus y ahora plantean este tipo de acciones fingiendo problemas de salud”, denunció Duilio Ramírez ante la audiencia en la que, el jueves venidero, los represores intentarán presentarse como víctimas.

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El Ministerio de Seguridad se quedó con el lugar que ocupaba el disuelto Inadi en la Comisión Nacional de Refugiados. Su titular designó al abogado defensor de Luis Oscar Chocobar.

Leer más…Bullrich metió la pata en la Conare 

El gobierno volvió a arremeter contra las personas que se colocan por afuera de la heteronorma y anunció que va a eliminar por decreto el DNI no binario. Se trata de “un hecho lamentable pero que no sorprende”, advirtió la secretaria de Género y Diversidad de Suteba San Martín, Celeste Sibiglia.

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Se trata del predio y el edificio donde funcionó el Regimiento 9 de Corrientes. “Para nosotros tiene un significado particular porque fue donde asesinaron a Ito Gómez”, sostuvo desde el PC provincial Diego Silva y advirtió que detrás del intento se esconde la voracidad de un negocio inmobiliario.

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