Argentina se acerca a vacunar al sesenta por ciento del universo dispuesto a hacerlo, pero desde JxC y sus conglomerados massmediáticos, siguen con la sanata de la ausencia de vacunas. Pasó el lockout ¿Se viene otro lockout? ¿Qué se puede hacer para que la recomposición salarial deje de ser objeto de un pasamanos que acaba en los bolsillos del Cartel de los Alimentos?
El viernes pasado, Axel Kicillof anunció que Buenos Aires acababa de convertirse en la primera provincia del país en cerrar un contrato para la adquisición de vacunas contra el Covid-19. Se trata de la Covaxin que produce el laboratorio indio Bharat Biotech, que comprometió la provisión de diez millones de dosis con la posibilidad de extenderlo a cinco millones adicionales que van a ser compartidas con otras jurisdicciones, según explicó el propio gobernador.
Ese mismo día, la aplicación de 356.454 señaló un récord de inoculaciones para una jornada, algo que se viene sosteniendo en forma constante a un ritmo del cuatro por ciento de la población cada día, que es similar al que mantiene Europa. Y esto con Sputnik, Sinopharm y AstraZéneca que tienen una eficacia verificada del noventa, ochenta y setenta por ciento respectivamente.
Por otra parte, hoy sale hacia Moscú un vuelo de Aerolíneas Argentinas que va a traer el primer lote del principio activo para comenzar producir la Sputnik V en la planta bonaerense de Laboratorios Richmond, así como una nueva partida de más de quinientas mil dosis de los componentes 1 y 2 de la vacuna.
Así las cosas y de acuerdo al último informe de la consultora especializada en análisis de datos de ciencia y salud Airfinity, Argentina va pasar a integrar el top ten de los países productores de vacunas contra el Covid-19, junto a la República Popular China, EE.UU., India, Gran Bretaña y Rusia.
Pero también para esta semana se espera la llegada de novecientas mil dosis de AstraZeneca, cuyo principio activo que fabricado en la localidad bonaerense de Garin y que durante más de dos meses fueron retenidas inexplicablemente en EE.UU. (Ver Hora de servir la mesa).
A esto se suma otra partida también de AstraZeneca. En este caso son ochocientas mil y van a llegar desde México, más otra de Sputnik cuya cantidad todavía se desconoce. Y para la próxima semana, se confirmó el arribo de dos millones de las que integran el lote de seis millones adquiridas a Sinopharm.
Así, para mediados de julio, algo así como veinte millones de personas ya van a estar vacunadas en Argentina. Esto es el sesenta por ciento del universo dispuesto a vacunarse.
Pese a todo esto, desde el bloque que tiene su representación política en JxC y sus conglomerados massmediáticos, se sigue machacando con la sanata de la ausencia de vacunas. Pero no sólo eso. Los que hasta anteayer vociferaban con su campaña anticavunación, hoy dicen que aunque la evidencia indique lo contrario, no se está vacunando.
Los mismos que con explícita morbosidad se relamen el bigote contando muertos en su afán de arrojarlos en el debe del gobierno, son los que hace dos meses cuando Alberto Fernández advirtió sobre la Segunda Ola y planteó que era preciso ajustar las medidas de seguridad sanitaria, volvieron a cacerolear y hasta movilizaron hacia la Quinta Presidencial para escupir al personas policial que montaba guardia (Ver Educar a puro escupitajo).
Ahí, entre otros connotados dirigentes de JxC, estuvo la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien poco antes había pasado por Formosa para encabezar una criminal campaña contra las moderadas restricciones que imponía una política sanitaria provincial, que venía exhibiendo su eficacia. Durante 2020 esta provincia tuvo que lamentar sólo una persona muerta por Covid-19. Tras el paso de Bullrich y el fallo de la Corte Suprema que avaló su exigencia, el registro de Formosa se saltó a más de seiscientas.
El virus que entró al país, con los que tras vacacionar en Europa fueron incapaces de aislarse apenas dos semanas, se propaló por la presión de los que con la falsa dicotomía entre salud y economía, no quisieron morigerar su codicia y moderar levemente su tasa de rentabilidad.
Y acabó de enseñorearse cuando, pese a que se sabía que se estaba en el umbral de la Segunda Ola, por mezquindad político-electoral se sostuvieron medidas irracionales como la presencialidad para el dictado de clases. Pero también porque los conglomerados massmediáticos fomentan conductas antisociales, que lograron debilitar medidas sanitarias tendientes a contener la propalación del virus.
¿Pero será casual todo esto? ¿Acaso junto al Covid-19 se instaló un virus que vuelve irracional a buena parte de la dirigencia e idiota a otro tanto de la población?
Los que cacerolean para exigir “libertad”, que desde su mirada les cercenan las restricciones de una política sanitaria seria y bastante moderada, son los que se rasgan las vestiduras porque crece la curva de contagios y muertos que se registran durante la Segunda Ola ¿Y qué creían que podría pasar? La estupidez debe leerse, al menos en este caso, como categoría política. Pero también la perversión de los que desde espacios de responsabilidad que les confiere el liderazgo político o de opinión social, dedicaron los últimos catorce meses a propiciar condiciones para que se propague el virus. Y lejos de hacerlo desde una postura ingenua, lo hacen para debilitar a un gobierno que advierten como un dique a las pretensiones de la clase a la que representan.
Pecados de la carne
De acuerdo al informe de mayo que confeccionan consultoras y entidades financieras (REM), la expectativa de inflación para este año se coloca en el 48 por ciento, esto es bastante por arriba lo previsto en el Presupuesto y algo más que lo que este mismo índice dijo el mes pasado.
Todo pese a que el Banco Central logró desacelerar durante este semestre el tipo de cambio oficial y a otros datos macroeconómicos auspiciosos, como el que arrojan las negociaciones con el Club de Paris y el FMI.
Así las cosas, para mayo, esas mismas fuentes hablan de una inflación de 3,6 por ciento. Otra vez los productos de la canasta básica fueron los que registran mayor suba de precios y, entre ellos, la carne bovina vuelve a tener un sitio de privilegio.
Es claro de qué va esto de la puja distributiva (Ver Puja distributiva ¿quién se come la torta?) que beneficia a un tándem de corporaciones muy concentrado que actúa en la cadena de producción de alimentos, mediante una estrategia de integración vertical y horizontal. Se trata de un bloque que, al menos hasta ahora, se mostró impermeable a los intentos de gubernamentales de construir acuerdos.
Dos de los actores más visibles de ese tándem, acaban de ser designados para presidir sus espacios corportativos.
Con Daniel Funes de Rioja, la Presidencia de la UIA queda en manos de un abogado laboralista que es titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, tiene un perfil dialoguista y lobista, al tiempo que es firme defensor de la “reforma laboral” y asevera que la empresas alimenticias no son responsables de la inflación.
Por su parte, Nicolás Pino es alguien próximo a Luis Miguel Etchebehere y fue elegido presidente de la Sociedad Rural Argentina, al imponerse a Daniel Pelegrina, a quien va a suceder.
Aunque con matices, los dos coinciden en que son emergentes de sectores que, hacia adentro de sus corporaciones, representan miradas todavía más críticas sobre el gobierno, que la de aquellos a los que suceden. Y, por supuesto, poseen un factor común: son absolutamente refractarios a cualquier intervención estatal que pretenda actuar sobre su actividad, que tiene una clara incidencia en los precios de los productos alimenticios.
En este contexto, la semana que pasó, un megaoperativo de control sobre los 154 frigoríficos más grandes del país que llevó a cabo la Afip, reveló que en el noventa por ciento de los casos se detectó la comisión de delitos como subfacturación, falta de declaración de ventas y triangulación de operaciones.
Vale citar que los establecimientos en cuestión son casi la mitad de los que faenan el 72 por ciento del producto, cuya comercialización en el mercado interno sufrió un lockout decidido por la Mesa de Enlace (ME), que se extendió por casi dos semanas (Ver Entre Lockout y tensiones, ¿quién paga la cuenta?).
Aquí cabe señalar que por más que el lockout se hizo sentir en Liniers, donde se comercializa una décima parte del movimiento de hacienda, se siguió vendiendo ganado y entre el 28 de mayo y 2 de junio se declaró una faena de 132 mil cabezas. Eso sí, el precio de la carne en góndolas y mostradores, volvió a subir.
De todos modos, el gobierno consiguió que con el paréntesis que impuso a las exportaciones de carne bovina, se sentaran a la mesa de negociación los integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), que es la corporación que agrupa los frigoríficos que controlan el ochenta por ciento de las exportaciones.
Hasta ahora los resultados de esa mesa son escasos y, mientras tanto la ME pide una entrevista con el Presidente, al tiempo que amenaza con otro lockout que, esta vez, incluiría granos y otras carnes.
Brecha fiscal
El lunes venció el plazo de pago por 2.400 millones de dólares que Argentina adeuda al Club de París y, pese a esto, el mundo siguió andando. Al parecer las conversaciones que el Estado nacional viene hilvanando con el FMI para reestructurar la deuda que dejó la Presidencia Macri son lo suficientemente sólidas como para que ese tándem que reúne jugadores de diferente pelaje, considere que vale la pena esperar.
Quienes sí salieron a marcar la cancha son los fondos de inversión que integran el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos del Canje de la Argentina (Exchange Bondholders), que públicamente presionan para que el FMI exija al país, que se diseñe un plan económico más fiscalista y ortodoxo.
Con todo este telón de fondo y en medio de un escenario sumamente inestable, el ejecutivo enfrenta varios dilemas que ponen en el ojo del huracán a la política fiscal mesurada que tuvo hasta ahora (Ver Surfing en el Nyiragongo).
Y es probable que esto haya estado presente en la charla que mantuvieron la semana pasada Martín Guzmán y Axel Kicillof.
Sobre todo, durante los primeros cuatro meses del año, se profundizó la prudencia fiscal que facilitó que se vaya cerrando la brecha entre las curvas de crecimiento de ingresos y gastos.
Pero en esto también la irrupción y particular contundencia de la Segunda Ola, modificó el escenario y con ello impuso la necesidad de que el Estado vuelva a ser quien se ponga la situación sobre los hombros.
Es que aunque de acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales, el empleo registrado en empresas del sector privado expresa cierta recuperación, lo cierto es que además de esto, ese sector demuestra poco compromiso en la tarea de participar en una dinámica constante de recuperación.
Y si para muestra alcanza con un botón, ahí está lo perverso del mecanismo por el que cualquier recomposición salarial, acaba siendo objeto de un pasamanos que por medio de la inflación de los productos de la canasta básica, termina rápidamente en los bolsillos de las empresas productoras de alimentos que poseen un elevado nivel de concentración y cartelización.
Y esta terrible suba de precios, se profundizó pese a las mesas sectoriales convocadas por La Rosada para intentar construir consensos.
Así, mientras con paciencia y meticulosidad, el ejecutivo puso en práctica una política fiscal mesurada que ayudó a lograr ordenamiento macroeconómico que aporta a la resolución de una de las bombas de relojería que dejó Mauricio Macri, los principales actores del universo del capital que actúa fronteras adentro, exhiben -en el mejor de los casos- escaso compromiso con cualquier diseño que permita cierta recuperación. Significativamente, son los mismos que van a estar entre los principales beneficiarios de un posible acuerdo que se cierre con el FMI y el Club de Paris.
Aquí es preciso recordar que buena parte del item que figura como gasto, tiene que ver con formas de subsidio directo e indirecto, que el Estado sigue brindando a empresas y al consumo que se traslada a la columna de ingresos de muchas de esas mismas firmas.
Y que otra parte importante, es imputable al esfuerzo que significa sostener a un sistema público, universal y gratuito de salud que absorbe incluso aquello que el de gestión privada no puede contener, así como al Plan de Vacunación que permite que se acelere el momento en que todo el sector productivo pueda volver al escenario previo a la pandemia.
Porque, claro está, que los que siguen trabajando en las fábricas y moviendo la palanca de la economía y la producción, son los trabajadores que vacuna el Estado y no los cuatro o cinco tilingos que se fueron de tour a Miami para comprar una vacuna.
Por eso junto a la Segunda Ola y la aceleración de vacunación, se altera el panorama en el que la moderación fue meritoria ya que permitió, entre otras cosas, construir un escenario de calma cambiaria que, de todos modos, fue insuficiente para contener el proceso inflacionario.
Y es aquí donde la Segunda Ola y la inflación, aparecen como argumentos suficientes para que se deba reflexionar sobre un replanteo de parte de la política fiscalista que se viene implementando.
Porque la inflación provoca una drástica caída real de los ingresos de los trabajadores que se desempeñan dentro de la formalidad. Pero asociada a las restricciones que impone la Segunda Ola, se vuelve todavía más letal cuando se trata de los que se ven empujados a la informalidad.
Y es ahí donde también entra en zona de riesgo la insipiente recuperación de la actividad que se viene verificando en algunos rubros.
Pero también donde se encienden luces de alarma cuando se advierte que otro esfuerzo que, en términos de política monetaria y fiscal hace el Estado, se puede ir rápidamente por la cloaca que acaba en los bolsillos de los carteles de los monopolios que forman y remarcan los precios de la canasta básica.
De ahí que para que ese esfuerzo fiscal sirva para algo, debe estar asociado a mecanismos eficientes de regulación. Y entonces queda claro que el problema es político, porque hasta ahora siguen funcionando las mesas que buscan consensos sectoriales y otros espacios que pretenden tener una mirada más estratégica como el Consejo Económico Social y el Consejo Agroindustrial, pero durante el cuatrimestre inicial el año, la inflación acumulada fue del 18 por ciento en el caso de los alimentos.
Buena parte del superávit que la balanza comercial registró durante 2020, que fue de 12.500 millones de dólares, fue destinado a cancelar deudas y a mantener a raya a un mercado cambiario sumamente volátil. Este escenario parece repetirse, ya que pese que la balanza deja un saldo positivo de cuatro mil millones para el primer cuatrimestre, esto lejos está de reflejarse en las reservas del Banco Central. Y, en el medio de todo esto, hay especuladores que siguen ganando mucho.
¿Será que como pasó otras veces, los que liquidan una parte por una ventanilla, presionan sobre el precio del dólar y especulan por la otra? Porque, lo cierto, es que la pérdida de reservas que se produce a raíz de este tipo de maniobras, también es un factor que afecta a la posibilidad de sostener esa “prudencia fiscal” que reclaman los mismos sectores que la perpetran.
Y todavía más, ya que achica el margen que hay para poder implementar herramientas contracíclicas capaces de ser eficaces en una contingencia como la actual. Ya que cuando se tensa la relación entre gasto y capacidad de atesoramiento por parte del Banco Central, lo más probable es que crezca la posibilidad de que se acelere el proceso inflacionario que es un territorio en el que, mientras pierden los trabajadores, el universo del capital se siente como pez en el agua.
Entonces los que viven haciendo lo posible para ensanchar la brecha fiscal, son los que van a venir -ya lo hacen- a pontificar que la forma de hacerlo es con devaluación que, por supuesto, provoque otra ronda de ajuste del salario y degradación de las condiciones de vida de los trabajadores.
Y de ese mecanismo de shock que Macri y JxC prometen para su Segundo Tiempo a las reformas regresivas de las relaciones laborales, del sistema de pensiones, y los de Salud y Educación, el paso es tan delgado como peligroso.
Para que quede más claro, las actividades que generan divisas, son posibles porque la geografía argentina ofrece ventajas comparativas que, en casos como la producción agropecuaria, son extraordinarias. Pero asimismo, porque hay infraestructura y recursos humanos que son parte de una construcción acumulada durante décadas de inversión social e intervención estatal.
Esto tiene que ser ponderado a la hora de definir si esas divisas, al menos, entran en un circuito virtuoso que aporte a recuperar producción y trabajo o si cuatro o cinco rufianes se la quedan, con lo que transforman trabajo en dinero inflado que alimenta burbujas especulativas.
Esto ayuda a comprender por qué tanto esfuerzo por parte del bloque que tiene su representación política en JxC y de los conglomerados massmediáticos, a la hora de ayudar a la propagación del Covid-19. Y también vuelve a exhibir que el equilibrio es delicado y los malos atacan en manada.
