Mientras Gerardo Morales y sus socios de Juntos por el Cambio siguen escalando la violencia institucional desatada en Jujuy, se va a llevar a cabo una jornada nacional de lucha contra la feroz represión que se profundiza en territorio jujeño.
En coincidencia con la conmemoración de un nuevo aniversario del inicio de la Noche del Apagón, el jueves venidero en todo el país se va a llevar a cabo una jornada de movilización para repudiar la feroz represión que desde hace un mes se profundiza en Jujuy, pero también para apoyar a quienes son sus principales víctimas, esto es, aquellos que resisten la Constitución provincial que fue sancionada de forma amañada a instancias del gobernador Gerardo Morales.
La fecha elegida es sumamente pertinente porque, lejos de hacer algún intento por desescalar la situación, la semana pasada Morales redobló su apuesta con una serie de medidas que van desde golpizas a manifestantes, aprietes, detenciones ilegales y más de una veintena de órdenes de allanamiento que se objetivaron sobre dirigentes sociales, de Derechos Humanos y sindicales. Un caso emblemático es el del abogado Alberto Nallar, cuya detención arbitraria provocó un pedido de habeas corpus por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y una protesta de Amnistía Internacional.
Pero también porque, lamentablemente, lo que sucede hoy en Jujuy presenta una alarmante similitud con lo que pasó entre el 20 y el 27 de julio de 1976, cuando alrededor de cuatrocientas personas fueron secuestradas durante la Noche del Apagón, en el contexto del plan de exterminio trazado por el Terrorismo de Estado (Ver Por Memoria, Verdad y Justicia).
Las consecuencias cotidianas e inmediatas de la violencia institucional que se perpetra en Jujuy, son mensurables en el dolor que le provocan a los miles de trabajadores que ahora mismo la sufren en carne propia. Y queda claro que se trata de una situación coherente con lo que hizo Morales desde que, a poco de asumir como gobernador, amañara las leyes vigentes para construir un Superior Tribunal de Justicia provincial que le responda.
A partir de se momento, el nepotismo y la concentración de poder fueron las claves de su acción de gobierno. Son 25 los parientes cercanos del mandatario provincial, los que ocupan cargos clave en la estructura estatal jujeña, en una lista que incluye a hijos, hermanos, cuñados y hasta a su ex esposa. Pero esto es sólo una característica de un diseño que expone sin ningún pudor, de qué modo se puede disponer que las herramientas estatales estén al servicio de un determinado esquema de negocios.
Y, en esto, un caso paradigmático es el que aparece con el caso de Gastón Morales, el hijo del gobernador, quien tiene 37 años, cobra 163.858 pesos de la Cámara de Diputados de la Nación, además de 241 mil por ser presidente de la empresa Cannabis Avatara Sociedad del Estado. De esto va la reconversión productiva que las propaladoras massmediáticas dominantes pretenden exhibir como una suerte de milagro jujeño, cuyas naves insignia son sociedades del Estado como Cannabis Avatara, Xuma y fundamentalmente Jujuy Energía y Minería que es la que tiene la llave que abre la puerta de la explotación del litio en esta provincia.
Y estos datos no son para nada menores para intentar comprender de qué va lo que pasa ahora mismo en Jujuy (Ver Una represión con olor a litio). Es que tanta saña a la hora de defender el flamante texto constitucional, se justifica porque garantiza una suma del poder público que suministra a la clase capitalista un paquete de herramientas estatales para actuar, de de forma discrecional, en un abordaje de la problemática social basado en el disciplinamiento y la represión.
Pero incluso teniendo en cuenta todo esto, lo de Morales aparece con un grado de sobreactuación que sólo se explica cuando se lee la interna del esquema de representación política de derecha que, probablemente, se haga con el Gobierno Nacional en las elecciones de este año.
Es que en ese espacio y de una forma nunca vista, los liderazgos se definen a partir de quién puede ser más brutal. Entonces Morales gana de mano, haciendo lo que Patricia Bullrich no puede hacer -por ahora- porque carece un espacio de gestión pública, pero tampoco Horacio Rodríguez Larreta ya que algo como lo de Jujuy en las calles de Buenos Aires, podría asustar a parte de su electorado que no duda en pedir bala para los empobrecidos por el sistema, pero mientras que la sangre no los salpique.
Una Carta
Morales pudo adoptar medidas tendientes a desescalar la situación en Jujuy, pero optó por profundizar la represión que además enarbola como bandera de la campaña proselitista que lleva a cabo por todo el país. Y así logra posicionarse como un candidato a vicepresidente confiable para el electorado de derecha, pero también como un potencial integrante del gabinete que Bullrich podría tener en caso de llegar a La Rosada.
La forma en que se sancionó la nueva Constitución y el verdadero terrorismo de Estado que desató el Gobierno Morales en su intento por disciplinar las protestas que salen al cruce de ese texto, son un mensaje directo hacia la clase capitalista que actúa en nuestro país. Porque dentro del sistema capitalista, los gobernantes, aquellos que administran las herramientas del Estado Liberal Burgués, no son otra cosa que cuadros intermedios al servicio del capital, ungidos para actuar en la defensa de los intereses de las distintas facciones de la clase capitalista.
Y en escenario global, el que quizás sea uno de los principales focos de interés de la clase capitalista, es aquel vinculado a la transición energética que tiene al litio y a las reservas de combustibles fósiles en el centro de la escena. La agenda de la reconversión y la perspectiva que abre la escasez de combustibles fósiles, ponen de relevancia lo que se vaya a hacer con el Triángulo de Litio que Jujuy integra junto a Catamarca y Salta, pero también con la cuenca neuquina y Vaca Muerta.
Sobre esta base se puede pensar, incluso con las limitaciones que impone la legalidad liberal burguesa, en la construcción de un esquema que permita modificar la matriz productiva de Argentina y sortear buena parte de la restricción externa dentro de un mediano plazo. Esto es que la explotación e industrialización del litio y Vaca Muerta pueden constituirse en el motor de un instrumento equivalente a lo que fue, a mediados del siglo 20, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.
Pero también estos recursos pueden ser entregados a la clase capitalista. Esta es la perspectiva de la que Morales se exhibe como garante y, por eso, también apuesta a la profundización de la represión y no hace nada por desescalar el conflicto. Porque la clase capitalista exige un estricto control social que sabe que necesita para que sea posible este escenario, que también incluye la conculcación de derechos laborales, sociales, humanos y hasta de ciudadanía. Y a la hora de garantizar esto no hay halcones o palomas.
Durante los mismos momentos en que la represión arreciaba en Jujuy, Morales acompañaba a Rodríguez Larreta en el acto en que se presentó la hoja de ruta que este binomio piensa implementar si gana las Presidenciales, “para bajar la inflación”.
En este adelanto, el precandidato dijo que piensa eliminar el déficit en empresas estatales como Aerolíneas Argentinas “sus ineficiencias y privilegios”, así como que va a modificar la Carta Orgánica del Banco Central “para que sea verdaderamente independiente” y “revisar el presupuesto línea por línea para eliminar todo gasto innecesario y llegar a déficit cero”. También postula “retomar el camino que inició Mauricio Macri en 2017 con un nuevo Pacto Fiscal entre las provincias”. Se trata del llamado Consenso Fiscal que 19 mandatarios provinciales firmaron en noviembre de ese año y que, en diciembre de 2019, fue dejado sin efecto con el acuerdo de Rodríguez Larreta y Morales, ya que en la práctica lo de la Presidencia Macri era inviable.
Queda claro que, una vez más, Rodríguez Larreta dice de manera elegante lo que Bullrich suele declarar con desparpajo. “Gasto innecesario”, “déficit cero”, “autonomía del Central” son eufemismos a los que recurrentemente echa mano el glosario del manual neoliberal cuando no quiere explicitar cosas como despido masivo de trabajadores, cierre de áreas de la administración con la afectación concreta de los sistemas público, universal y gratuito de salud y educación, así como la reforma regresiva del sistema jubilatorio. Pero también el ajuste en aras del superávit fiscal y un direccionamiento del crédito y el dinero que beneficie a la financierización.
La suma del poder público en beneficio de la clase capitalista que actúa en Jujuy, que comenzó con el encarcelamiento de Milagro Sala, la brutal cacería de brujas que apuntó a desarticular al movimiento social, la amañada modificación de la composición del Superior Tribunal de Justicia provincial, muestran a Morales como un excelente prospecto para una clase capitalista que ya se frota las manos pensando en la posibilidad de maximizar su tasa de rentabilidad a costillas de lo que ofrecen el litio y Vaca Muerta, pero también por el escenario que puede propiciar la destrucción de lo que aún queda del sueño del Estado de Bienestar.
Pero la clase capitalista también sabe que para esto precisa un abordaje de la problemática social basado en el disciplinamiento y la represión que no reconozca límite, ni siquiera aquellos que marca la legalidad liberal burguesa. Morales, Bullrich, Rodríguez Larreta son hoy los mejores ejemplos de cuadros intermedios al servicio del capital que, como tales, se exhiben como aptos para garantizar que funcione sin interferencias la simbiosis existente entre el Estado Liberal Burgués y el poder empresarial corporativo. Esto es, que el Estado sea facilitador de mecanismos que favorezcan la maximización de la tasa de rentabilidad de la clase capitalista, pero que también la pongan a buen resguardo por medio de la potestad que tiene sobre el uso de la violencia extrema.
Y de esto va lo pasa ahora mismo en Jujuy, que se convierte en una suerte de anticipo de lo que se puede avecinar en un escenario en el que todavía no está claro qué es lo que el gobierno va a poder refinanciar de los vencimientos por 20.151 millones de dólares con el FMI pautados para este año y qué es lo que va a pasar a engrosar los 6.064 acordados para 2024.
Está claro que a la larga o a la corta y por más alquimia que se le busque, tal como lo fue el acuerdo original realizado por Mauricio Macri con el Fondo, la prosecución del camino iniciado por la renegociación de 2022 sólo va a ser sostenible con un terrible ajuste y represión social.
Entonces, ese ensayo de laboratorio que es Jujuy, resulta un buen prospecto para la clase capitalista. Algo que advierte como un modelo aplicable en el orden nacional, tanto por el criterio utilizado para la apropiación de recursos naturales, como para la represión sobre cualquier intento de cuestionarlo.
Asimismo pone en negro sobre blanco de qué va esto de las relaciones sociales y productivas que impone el capital, pero también señala un contundente episodio de lucha de clases que se pone de manifiesto en un capítulo en el que la crisis del capitalismo muestra sus límites como sistema que en Argentina y desde el ensayo de orquesta que hace en Jujuy, pretende profundizar desde La Rosada aquella “miseria planificada” a la que con meridiana claridad se refería Rodolfo Walsh en la Carta a la Junta Militar.
