El 12 de abril, en la ciudad de Rosario, se va a llevar a cabo el Tribunal Ético Popular para exigir justicia por Florencia Gómez Pouillastrou.
El Tribunal Ético Popular es un mecanismo utilizado para visibilización, recolección de prueba y testimonio, respecto a casos en los que la inacción del Poder Judicial hace que se niegue a las víctimas el acceso a la justicia. Por eso es que, a más de dos años que fuera asesinada, resulta absolutamente pertinente la decisión del Partido Comunista de llevar a cabo un Tribunal Ético Popular para exigir justicia por Florencia Gómez Pouillastrou.
La cita es el miércoles 12 de abril en Rosario y lo que se pretende es construir un espacio que, al tiempo que busque aportar al esclarecimiento de un crimen que tiene un claro tinte político, sirva para denunciar el papel de un Poder Judicial diseñado para defender los intereses de la clase capitalista que, asimismo, posee un preocupante componente patriarcal.
De ahí que mediante una tarea profesional y militante, el Tribunal se constituye como un lugar desde el que, mientras se intenta encontrar respuestas que aporten para contribuir a la sanación y acompañamiento de las víctimas -Florencia tenía dos hijas-, sea un espacio de encuentro de carácter pedagógico y político en el que cada uno de los convocados argumente, escuche y sume criterios que seguramente permitirán establecer que el femicidio de la militante de La Fede, lejos de ser un caso aislado, responde a algunas de las peores características de un sistema que es preciso cambiar.
Por eso en el marco de una convocatoria amplia, ya se confirmó que el experimentado abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), Gerardo Echeverry, va a integrar el equipo que estará encargado de la redacción del alegato de acusación, donde también se destaca la participación de los estudiantes de Derecho y militantes de la FJC, Bryan Ojeda y Emiliano Ramos. Y, el jurado va a tener entre sus miembros a Iris Avellaneda.
Florencia Gómez Pouillastrou tenía 35 años y todavía nada se sabe sobre quién ejecutó su asesinato, que fue perpetrado el 12 de octubre de 2020 en la localidad santafesina de San Jorge. Desde ese mismo día, el PC, La Fede y la Ladh se movieron con particular ahínco en la búsqueda de justicia.
Apenas una semana después de que se perpetrara el crimen, el Partido Comunista solicitó ser incorporado a la causa en calidad de querellante a partir de “la reconocida militancia social y política de víctima por los derechos de los más vulnerables”. Pero este pedido fue rechazado por el juez a cargo de la investigación del femicidio, Pablo Ruiz Staiger.
Esa postura se mantuvo inamovible, pese a que poco después se presentó un documento firmado por alrededor de quinientas personas que, a instancias de la Corriente Lohana Berkins, volvieron a solicitar que se permita que los abogados del PC accedan al expediente en carácter de querellantes.
Al respecto, oportunamente, la abogada Verónica Juri, señaló que el juez Staiger fue la única parte involucrada en la causa que se opuso a la solicitud del Partido y añadió que lo hizo sin argumentos procedimentales. Asimismo, insistió “en la caracterización de los femicidios como crímenes políticos”, tras lo que advirtió que la decisión de Steiger “podría resultar una grave intromisión del Poder Judicial sobre las competencias y campo de acción de los partidos políticos, considerándolos como meros actores en ámbitos electorales y quitándoles el rol social”.
El punto expuesto por la letrada es razonable, ya que Florencia Gómez fue responsable de Géneros del PC en la provincia de Santa Fe y al momento de ser ultimada, llevaba a cabo una tarea intensa en el área a su cargo, así como un papel protagónico en la lucha contra la violencia machista y la trata de personas.
