¿Viejo trayecto o Nueva Ruta?

Ya a esta altura y cada vez con más cartas sobre la mesa, va quedando claro que para aquello de la clase capitalista que se sintetiza en el FMI y su correlato local, lo que se consumó con el Stand-By de 2018, lo tienen que pagar los trabajadores argentinos y por varias generaciones ya que, además, el mecanismo de sobreendeudamiento que volvió a operar esta vez, condiciona severamente cualquier posibilidad de construir herramientas de desarrollo económico, al tiempo que cercena la posibilidad de que se tomen decisiones autónomas, esto es, la soberanía económica, política y nacional.

Todo esto quedó en evidencia después de dos años de gestos de buena voluntad por parte del Gobierno y de negociaciones que aparecen como infructuosas o, al menos, insuficientes de cara a un año en el que a la vuelta de la esquina hay vencimientos por un total de 19.115 millones de dólares a lo que hay que sumar 19.367 millones para 2023.

Pero este nuevo capítulo del proceso de sobreendeudamiento, también se presenta como un óbice para la puesta en marcha de un plan de desarrollo, cuya implementación -ya con el diario del lunes- puede decirse que el gobierno ató demasiado a la esperanza del “mejor acuerdo posible” con el FMI.

Esto quedó en claro cuando no hace mucho, el propio ministro Martín Guzmán reconoció que el Plan Plurianual anunciado por el Presidente, está acollarado con el acuerdo al que se pueda arribar con el Fondo. Esto, de alguna manera, explica por qué en esta partida el FMI tiene más de un as en la manga, ya que en este caso la premura es toda del Gobierno que ya cruzó su Ecuador y, hasta ahora, se vio obligado casi con exclusividad a tapar agujeros que le dejó la Presidencia Macri y a enfrentar la terrible contingencia que planteó la pandemia.

Y aunque en estas dos tareas se las arregló bastante bien, las elecciones de medio término pusieron en evidencia que con eso no alcanza para evitar que parte del voto volátil, vuelva a dejarse seducir por los espejitos de colores que otra vez le ofrece el bloque de representación política que encabeza el PRO, que actúa como una verdadera task force de los actores político-financieros que llevaron a que durante la Presidencia Macri, la deuda externa por la que debe responder Argentina se incrementara en un 67 por ciento. Esto quiere decir que el pasivo en dólares pasó durante esos cuatro años, de 148.881 millones a 249.047 millones.

Por eso a nadie debería sorprender que la táctica del Fondo sea la de correr el arco, pero tampoco que la de la task force que actúa localmente, consista en intentar horadar el poder gubernamental por medio de la obstaculización de la iniciativa parlamentaria y la intromisión del Poder Judicial en decisiones que no le competen, pero también mediante la acción directa que expone a Juntos por el Cambio (JxC) como una verdadera quintacolumnista de aquello que representa el FMI (Ver Cuentas claras conservan los amigos…y exponen a los enemigos).

Pero la dilación del acuerdo con el FMI, también se convirtió en un factor real o una excusa para que los actores que intervienen en las cadenas de valor que forman los precios que acaban en las góndolas, continúen disfrutando de una verdadera bacanal en la que durante la pandemia disfrutaron de subvenciones directas e indirectas que implementó el Estado, lo que les permitió sostener e incrementar su tasa de rentabilidad. Pero, pese a eso, sobre todo en el caso de los alimentos, los precios al consumidor fueron aumentados por encima de la inflación general que ya de por sí es inadmisiblemente elevada.

Con este telón de fondo, La Rosada persiste en la tarea de construir acuerdos sectoriales que -de alguna manera- sean capaces de contener la angurria desenfrenada de estos sectores que presentan una terrible concentración y una clara imbricación de sus carteras de negocios con el sector financiero, por lo que no debe sorprender su mirada cortoplacista y que lejos de apostar a la construcción de una matriz agroindustrial capaz de generar valor agregado, trabajo y consolidar el mercado interno, prefieran la reprimarización que les permite aprovechar los precios internacionales que ofrecen los comodities y, así, transformar trabajo y las ventajas comparativas que ofrece el suelo argentino en dólares que acaban fugando (Ver Golpe a golpe, verso a verso).

Después de que se sus gobernadores se bajaran de la reunión en la que el ministro de Economía expuso sobre el estado de la negociación con el FMI, JxC mantiene la incógnita sobre su concurrencia a la cita que con idéntica finalidad y a instancias de lo que parte de ese bloque planteó como condición, se prevé llevar a cabo mañana martes en el Congreso.

Al cierre de esta edición todavía no hay una convocatoria formal para este encuentro. La tarea de acercar posiciones está a cargo de Gerardo Morales quien públicamente reconoció que “esta deuda la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir y escuchar a Martín Guzmán” y de Sergio Massa quien por estas horas se encuentra aislado ya que su esposa, Malena Galmarini, padece Covid-19.

El misterio que ronda sobre la decisión que tome JxC refleja la puja interna que existe hacia adentro del bloque, pero también que pese a esto, ahí todos coinciden en que cada gesto -por mínimo que sea- que pueda parecerse a una política de Estado, debe costarle al Gobierno sangre, sudor y lágrimas.

¿Pero por qué si trata de un brete en el que el Gobierno Cambiemos metió a los argentinos, ahora se desentienden de la resolución? La respuesta es clara, ya que el Stand-By de 2018 lejos estuvo de ser un acto de mala praxis y es por eso que, aunque ahora jueguen al policía malo y el policía bueno, lo cierto es que la solución para el problema del sobreendeudamiento en que coincide el multiverso macrista, es aquella que enunció María Eugenia Vidal durante el debate televisivo que se hizo de cara a las parlamentarias de octubre.

“Fácil, tendríamos la confianza de los organismos internacionales y hubiéramos conseguido más crédito”, aseveró cuando Leandro Santoro le preguntó qué hubieran hecho con la deuda si fueran Gobierno. La constatación empírica señala que, en la vida de las personas y en la de los Estados, nadie presta sólo por confianza, esto lo sabe Vidal ya que el Gobierno Cambiemos fue al Fondo como último recurso después de que, en menos de dos años, se patinara la confianza que Argentina había ganado en los mercados internacionales de crédito, merced al proceso de desendeudamiento que tuvo su principal hito en 2006 cuando la Presidencia Kirchner canceló la deuda con el FMI (Ver Cuentas claras conservan los amigos…y exponen a los enemigos).

El problema es que, lejos de despertar inquietud, los dichos de Vidal fueron premiados por casi cinco de cada diez votantes de la Ciudad de Buenos Aires, que prefirieron volver a apostar por sus propios prejuicios y el pensamiento mágico que sin pudor les permite seguir metiendo la mugre debajo de la alfombra.

Afuera y adentro

El 3,8 por ciento de la suba registrada durante diciembre en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), redondeó un acumulado anual de 50,9. En el caso del último mes del año, otra vez el rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, fue el que más aportó a la inflación con un 4,3 por ciento parejito en todas las regiones del país.

Con este arrastre, el panorama para el arranque de 2022 es poco halagüeño. Propios y extraños adelantan -en el mejor de los casos- índices similares para el primer cuatrimestre de un año que arrancó con el tarifazo que impuso Horacio Rodríguez Larreta, a lo que hay que añadir subas más moderadas (pero subas al fin) como las autorizadas en medicina prepaga, Internet, telefonía y televisión por cable (Ver ¡A brindar que se acaba el año!).

En este punto hay que reconocer que la economía global atraviesa un período altamente inflacionario y que, en este contexto, sería quimérico pretender que una formación estatal capitalista periférica que, como Argentina, tiene un problema endémico en la inflación, pueda disociarse de esta situación.

¿Pero de qué va este problema inflacionario que entre otras cosas lleva a que EE.UU. y Gran Bretaña registren su nivel más alto de las últimas tres décadas?

Una de las causas reside en la recuperación de la demanda, que se produce a medida que se va superando la fase más crítica de la pandemia que también habilita lo propio en las fases de producción y distribución que en varios casos se habían cancelado a raíz de las medidas sanitarias, lo que provoca que se produzcan cuellos de botella en muchas cadenas de suministro, algo que trae aparejados problemas logísticos, escasez de productos acabados y de materias primas lo que fomenta condiciones para la suba de precios.

Otro punto se corresponde con la irrupción de Ómicron y la proliferación de trabajadores contagiados, lo que genera problemas en muchas empresas que deben alterar y discontinuar su esquema de producción. Y también por el aumento del gasto al que la pandemia llevó, incluso, a gobiernos que habitualmente son en extremo celosos de la austeridad fiscal.

¿Pero cómo puede impactar todo esto en Argentina? En primer término y como para desasnar a Vidal, hay que advertir que todo esto quiere decir que para el mediano plazo (esto es varios años) se puede esperar que el precio del dinero se encarezca, con lo que si se sigue la receta de la diputada PRO, suponiendo que se consiga algún prestamista dispuesto difícilmente alcance con la confianza.

Por otra parte, dos de los rubros donde se manifiesta con más crudeza el fenómeno inflacionario global, son las materias primas e insumos básicos para la producción de manufacturas, así como en los fletes y otros servicios logísticos.

Y, en todos estos casos, cabe aclarar que las distorsiones que aportan a la inflación se vinculan a la concentración, esto es, la tendencia hacia la ausencia de competencia que inexorablemente se viene manifestando en los mercados capitalistas desde bastante antes de la pandemia (Ver Para pensar el día después).

Con este telón de fondo, con precios de materias primas inflados, se vuelve cada vez más titánica la tarea de desacoplar los precios locales de los internacionales, de materias alimenticias como granos y carnes, que se ubican al principio de la cadena de valor que acaba en las góndolas.

Como para que quede más claro: dos multinacionales son las que controlan el 75 por ciento del comercio global de granos, cuatro el ochenta por ciento del correspondiente a alimentos e idéntico número lo hace con el 95 por ciento del mercado planetario de semillas comerciales.

Pero a su vez la suba de los precios de insumos y fletes, incide en los precios de la industria manufacturera nacional, que en varios rubros posee un componente importante de dependencia con partes importados. Es que para llevar un tornillo de una parte a otra del mundo, lo más probable es que haya que recurrir a una de las tres multinacionales que controlan y le ponen precio al ochenta por ciento del transporte marítimo.

Como se ve, para imaginar que 2022 va a ser un año inflacionario sobran las razones exóticas, pero cuando se combinan con el ADN de la clase capitalista que actúa en Argentina, la cosa pasa de castaño oscuro.

Los tres principales conglomerados que actúan en la industria alimenticia del país -Molinos Río de la Plata, Ledesma y Arcor- maximizaron su tasa de rentabilidad durante los dos años de pandemia.

Cuando el Covid-19 pegaba más fuerte, Molinos Río de la Plata distribuyó entre sus accionistas alrededor de 2.400 millones de pesos de ganancias, Arcor ganó 5.442 millones netos y Ledesma alrededor de 1.600 millones.

¿Pero qué pasó durante 2021? De acuerdo a los últimos datos provistos por la Comisión Nacional de Valores, en los primeros tres trimestres Molinos y Arcor ya habían tenido ganancias netas por 2.343 y 15.225 millones de pesos respectivamente.

Como el resto de la industria, se vieron beneficiados por el otorgamiento de formas de subsidios como los ATP y el Repro 2, pero también por abordajes como la AUH y el IFE que en la práctica son formas de subvención indirecta que viabilizan una transferencia de dinero que, desde el Estado, se dirige fundamentalmente hacia las empresas productoras de alimentos.

Y esta maximización de ganancia, se profundizó durante 2021 como consecuencia de expansión de la demanda que trajo aparejada la mayor flexibilidad a las restricciones sanitarias que provocó la pandemia. Queda claro, entonces, que aunque haya un componente externo que aporta a la suba de costes, en esto de la inflación la principal responsabilidad le cabe a una clase capitalista que actúa en el país y que lleva hasta el paroxismo la máxima del capitalismo que pontifica que hay que socializar pérdidas y privatizar ganancias.

El negocio de la inflación

La tasa de rentabilidad envidiable y posiciones dominantes basadas en la cartelización de casi toda la cadena de valor que llega hasta las góndolas, exponen con claridad de qué va esto de la puja distributiva y quiénes son los que ganan con esto de la distorsión de precios y la inflación.

En este contexto es evidente que hay condiciones externas que presionan sobre los índices generales de precios, pero también que resulta llamativa una inflación del cincuenta por ciento en una economía en la que por decisión gubernamental se frenaron los aumentos de variables clave como las tarifas de energía.

Por eso a la hora de buscar explicaciones habrá que ver cuál es la característica del régimen de intercambios que prevalece, qué condiciones de mercado hay y, en ese marco cuál es el poder de mercado que poseen los agentes que participan en la cadena que acaba fijando los precios.

Pero  por encima de todo esto, habrá que prestar atención a qué finalidad se persigue con la conducta inflacionaria que los actores de esa cadena ni siquiera se ocupan de disimular. Porque está claro que la maximización de tasa de rentabilidad es una de ellas ¿Pero será sólo eso?

Junto a Arcor, Molinos y Ledesma, entre los hiperganadores de los dos años de pandemia, aparecen los de siempre: Aluar, el Grupo Techint, Pampa Energía, Ternium y por supuesto el Grupo Clarín.

¿Pero qué debe haber del otro lado de la moneda? El último informe sobre Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), elaborado por el Ministerio de Trabajo, dice que durante los primeros diez meses de 2021, los ingresos de los trabajadores conveniados se colocaba algo más de cuatro puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por su parte, según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, recalca que merced a la ley de movilidad que reemplazó a la impuesta por la Presidencia Macri, el haber jubilatorio se ubicó dos puntos por arriba de la inflación.

Poco, pero al menos es algo más de lo que puede decir el 36 por ciento de la población económicamente activa, que se ve obligada a desempeñarse en relaciones laborales de informalidad. Se trata de algo así como siete millones de personas que de acuerdo a datos del Indec, durante el mismo período percibieron una recomposición salarial promedio que se coloca en el 27,3 por ciento. De enero a octubre, la inflación había llegado casi al 42 por ciento.

Queda claro que mediante la paritaria y, sobre todo, con un gobierno que intenta laudar lo mejor que puede para el lado del universo del trabajo, el salario se recupera aunque sea moderadamente en un escenario inflacionario.

Pero no existe ninguna posibilidad de que esto pase en un contexto en el que prime el precariado como forma vincular entre los universos del trabajo y el capital.

Entre los súperganadores también aparecen las diez empresas de supermercados que concentran el 85 por ciento de las ventas de todo el país, ranking que lideran Carrefour, Cencosud, Coto y La Anónima ¿Si se trata de firmas que venden al público, por qué no les importa tanto cuidar el mercado interno?

La voluntad del Gobierno de enhebrar acuerdos sectoriales como el que permitió elaborar el proyecto de Ley Agroindustrial y el Plan GanAr 2022-2023, tuvo respuesta bastante escasa por parte de los empresarios, algo que se reflejó en la forma en que los productos primarios traccionaron a la inflación durante todo 2021.

Un caso paradigmático es el de la carne bovina, cuyo precio promedio se ubicó un 60,7 por ciento por encima de los de diciembre de 2020, tal como lo advierte el informe del área económica y estadística del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

Y otro tanto ocurre con el esquema de precios al consumidor que la Resolución 1050 apenas consiguió morigerar y que esta semana debuta con una nueva etapa del programa Precios Cuidados por el que se le pone precios de referencia a alrededor de 1.300 productos que componen la canasta y por el que se prevén aumentos promedio de dos por ciento mensual.

Pero además de todo esto, la inflación deja la mesa servida para que la clase capitalista desplace todas sus herramientas de presión con sus conglomerados massmediáticos y economistas sabiondos que con rictus de Buster Keaton pontifican recetas para apagar el incendio, pero que son más inútiles que Carlitos Chaplin en El Bombero.

Es que a caballo del “combate a la inflación”, lo que se intenta imponer no es otra cosa que recetas que bajen salarios, flexibilicen relaciones laborales y desmantelen al sector público vía privatizaciones, al tiempo que postulan que es preciso establecer un rigor fiscal que actúe exclusivamente sobre la inversión social y propician el advenimiento de una etapa en la que el Estado resigne su papel de mediador social para dejar que “la mano invisible del mercado” bendiga a la “libre competencia”. Y, después de todo eso, prometen que finalmente van a bajar los diferentes precios de la economía. Todo esto ya pasó durante la convertibilidad y ya sabemos como acabó la cosa.

“Un aumento general en la tasa de salarios daría como resultado una caída de la tasa general de ganancia, pero no afectaría los precios de las mercancías”, escribía hace más de un siglo Carlos Marx para una conferencia que después se transcribió en su obra “Salario, precio y ganancia”. Y tampoco en esto se equivocaba.

Ultra vires

La semana pasada se hizo público un trabajo que ya había despertado interés en La Rosada, cuyos autores Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh, aseguran que el Stand-By de 2018 es un acto ultra vire. Los que tuvimos que recurrir al diccionario de la RAE para saber de qué iba todo esto nos sorprendimos, ya que se trata de un “principio jurídico que considera nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley, y cuyo objetivo es prevenir que una autoridad administrativa o entidad de derecho privado o público actúe más allá de su competencia o autoridad”.

Lo que está diciendo este trabajo, corrobora y le da sustento académico a aquello que ya se sabía a raíz de las confesiones que oportunamente hicieron Mauricio Clavert y el propio Mauricio Macri (Ver Surfing en el Nyiragongo). Pero también la Evaluación Ex Post del préstamo que elaboró el FMI y sustenta la idea de que, por este hecho, Macri debería comparecer como imputado por haber perpetrado crímenes económicos contra la humanidad (Ver ¡Estalló el verano!).

Ahora bien, por si su vecina (la de la cacerola) le pregunta si estos dos son de La Campora, la respuesta es no. Lejos de eso, Marsh (¡ojo, no es Marx!) fue funcionario del FMI y ahora se desempeña como consultor senior de Exante Data, una consultora internacional de análisis macroeconómicos y de mercado. Mientras que su coequiper es profesora e investigadora temas de derecho económico y financiero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds donde, seguramente, todos se volvieron kirchneristas con la llegada de Marcelo Bielsa.

Pero saliendo del sarcasmo, es preciso advertir que nada tiene de casual que se vayan sumando voces autorizadas y de intachable pedigree capitalista, que advierten que lo que hizo la runfla encabezada por Macri y Dujovne constituye un delito pero, asimismo, presenta todas las desprolijidades propias del accionar mafioso.

Aunque lo que cuestionan es la forma pero no el fondo del asunto, este tipo de perspectivas no dejan de ser saludables y suman carnadura a la construcción de una mirada sobre el proceso de sobreendeudamiento de 2018, que debería ser más cuestionadora fronteras adentro de Argentina.

Actualmente hay dos denuncias penales a raíz del Stand-By, que hicieron el abogado Eduardo Barcesat y el actual director de Banco de la Nación, Claudio Lozano. Con todos estos antecedentes ¿a nadie sorprende la Corte Suprema ni siquiera diga mú sobre este tema, cuando está autorizada a actuar en casos de gravedad institucional y vaya que este lo es? No, es verdad, lo sorprendente sería que lo hiciera y, más aún, que lo hiciera a partir de un criterio de Justicia.

Una vela a cada santo

¿Existe un “mejor acuerdo posible” con el FMI? Esta es la pregunta que, a estas horas, no pocos se están haciendo en el Gobierno donde va cobrando fuerza la idea de que sólo va quedando margen para refinanciar los vencimientos de 2022 y 2023, ya que la posibilidad de reestructurar la deuda aparece como un horizonte cada vez más alejado.

Esto es algo para lo que el Fondo tiene dispositivos como el crédito de facilidades extendidas, por el que es el propio organismo quien garantiza los dólares necesarios para cancelar vencimientos, pero a cambio monitorea cada decisión gubernamental.

Si se avanza en esta dirección, se ganaría tiempo, cuatro años, pero en los que el crecimiento de la economía del país, estaría seriamente comprometido por las recetas de ajuste que impone en FMI que -en este escenario- esperaría que para 2026 las arcas del Banco Central cuenten con los dólares suficiente para que Argentina comience a pagar efectivamente el Stand-By de 2018, pero también buena parte de los vencimientos que ese año comienzan a correr, correspondientes a la deuda con privados que contrajo la Presidencia Macri.

¿Será esta la última palabra o todavía queda alguna posibilidad de que se destrabe la negociación con el FMI? Con esa esperanza, el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, viajó hoy a EE.UU. para reunirse mañana martes con su contraparte de ese país, Antony Blinken (Ver Cuentas claras conservan los amigos…y exponen a los enemigos).

La posición de los delegados estadounidenses en el FMI, representa hoy el principal obstáculo -aunque sea formalmente- para que el Gobierno argentino pueda llegar a un acuerdo que contemple, al menos en parte, los objetivos que se propuso negociar con el Fondo (Ver Roma no cree en lágrimas).

Para eso confía en que este intento in extemis, logre que el presidente Joseph Biden mueva los resortes necesarios para que la negociación se encamine hacia una “salida política”, a partir del reconocimiento de que el Stand-By de 2018 fue otorgado por motivaciones políticas.

Y que esto permita destrabar una situación que, así como está la cosa, transita sobre un terreno cada vez más minado. Es que aunque no se entraría inmediatamente en default, el 30 de marzo es la fecha límite para que Argentina pague los 4.080 millones de dólares correspondientes al primer vencimiento fuerte del Stand By.

A partir de ese día, comenzaría a correr un plazo de seis meses, durante los que se podría pagar o solicitar un acuerdo de facilidades extendidas y en el que, aunque seguiría recibiendo dinero ya pautado en líneas de crédito con los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, no podría solicitar otros créditos. Asimismo, podría caer en default con el Club de Paris con el que Argentina refinanció una deuda de alrededor de dos mil millones de dólares y perdería la posibilidad de negociar una reducción de los sobrecostos de las tasas de interés, que es un objetivo que persigue el Gobierno en las tratativas que lleva con el Fondo.

¿Pero hasta dónde se puede extender la “solución política” que se le pide al Gobierno Biden, cuando la diferencia entre lo que planea el Fondo y las necesidades básicas de Argentina respecto al sendero fiscal son abismales?

Traccionado por los buenos precios internacionales que dejaron los commodities, el Aporte a las Grandes Fortunas y el crecimiento del PBI que anduvo por los diez puntos Argentina tuvo durante 2021 un déficit que rondó el tres por ciento.

El Proyecto de Presupuesto que naufragó en el Congreso, preveía un crecimiento de cuatro puntos y un déficit de 3,3. Aunque diferentes voceros gubernamentales coinciden en que esto se puede revisar a la baja y admiten que es posible trazar un horizonte de equilibrio fiscal y déficit primario cero para 2027, también recalcan que aceptar lo que propone el FMI es suicida, ya que implicaría recortar inversión, gastos de capital y en el sistema jubilatorio, así como una drástica suba de tarifas que le echaría más leña a la inflación. Y esto frenaría una recuperación económica que aunque va a estar lejos de la de 2021, el Gobierno espera que siga a ritmo sostenido.

En medio de estas tensiones, La Rosada precisa consolidar este crecimiento y, más aún, poner en marcha su estrategia de desarrollo basada en la matriz exportadora que pretende plasmar en el Plan Plurianual (Ver ¿Al Fondo? ¡Mejor a fondo!).

Pero para arrancar hace falta financiamiento, cuyo acceso quedó drásticamente condicionado por la deuda que dejó la Presidencia Macri. Y en esta clave hay que leer la agenda parlamentaria que se espera que el ejecutivo proponga para las sesiones extraordinarias, en las que es muy probable que se intente sancionar los proyectos de Ley de Hidrocarburos y Agroindustrial (Ver ¡Aguante Corelandia!).

Pero también las visitas que Alberto Fernández va a hacer, dentro de algo más de dos semanas, a Rusia y a la República Popular China (RPCh) donde se va a reunir con Vladimir Putin y Xi Jinping.

Aunque se trata de encuentros que responden a invitaciones que se le hicieron a Fernández apenas asumió la Presidencia y que, por la pandemia debieron postergarse, el contexto que las rodea les otorga un realce superior.

“Van a hablar acerca de la colaboración en el tema vacunas, inversiones, ciencia y en otros temas de interés común”, es la información oficial que La Rosada difundió sobre el temario que se abordará cuando el mandatario argentino esté en el Kremlin.

Y, desde ahí, va a viajar hacia la RPCh, donde se va reunir con su par local, pero también va a asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijín 2022, cuya realización está atravesada por el boicot que impulsó EE.UU., al que Argentina no se sumó (Ver ¿Qué hay detrás del boicot olímpico a China?).

Ahí el Presidente va a firmar la adhesión de Argentina al megaproyecto de inversiones en infraestructura más ambicioso del siglo 21, denominado Nueva Ruta de la Seda (Ver Todo llega...también el G-20 y G-20: el inodoro dorado).

Como se ve, a la hora de algunas definiciones, el Gobierno le sigue prendiendo una vela a cada santo. Y, en una de esas, quién dice, esta vez se produzca el milagro.