Por medio de una resolución del Ministerio de Defensa, se abre la puerta a que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior. “Hay un anexo reservado y secreto, el de las reglas de empeñamiento, que debería explicar en qué casos los militares pueden actuar y disparar sus armas”, advirtió el vicepresidente de la Liga, Gerardo Etcheverry.
La reciente publicación de la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa explicita un proceso que se viene expresando por medio de diferentes episodios que, por un lado, ponen en evidencia la sintonía existente entre la gestión encabezada por Gustavo Sáenz y el gobierno nacional, pero también la voluntad de ambos de garantizar un esquema de profunda dependencia a intereses estratégicos de EE.UU. en nuestra región, que Washington no oculta estar dispuesto a reclamar para sí.
Básicamente, la Resolución 347/2025 habilita el despliegue de efectivos del Ejército en las fronteras del norte de Argentina. Y esto ya comenzó a hacerse efectivo la semana pasada con el envío de los primeros contingentes de los cerca de diez mil uniformados que de forma rotativa se prevé mandar a Salta, donde se van a asentar y ya reciben entrenamiento en tareas de vinculadas al control de la frontera con Bolivia, que en principio alcanza alrededor de 150 kilómetros.
El operativo que sugerentemente fue bautizado Julio Argentino Roca va a contar con la participación del comando “Los Rodillas Negras”, que durante la última dictadura se desempeñó como uno de los grupos de tareas que actuaron en el contexto del terrorismo de Estado. Pero además el propio diseño que tiene este dispositivo, presenta una escasa transparencia a la hora de referirse a los métodos que los efectivos están autorizados a utilizar, ya que el anexo de empeñamiento de la resolución deja librado al criterio de los uniformados cosas tan fundamentales como en qué circunstancias disparar sus armas y sobre quién hacerlo.
De este modo, nuevamente bajo la excusa del “combate al narcotráfico” que es una de las preferidas a las que echa mano Patricia Bullrich, por medio del ministro de Defensa Luis Petri, la Presidencia Milei transgrede una parte clave del andamiaje legal que fue construido desde 1983 y vuelve a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
Esto abre una caja de Pandora cuyas consecuencias aparecen tan previsibles como alarmantes. Y no resulta azaroso que para dar el puntapié inicial, el gobierno elija a Salta y más precisamente a la línea fronteriza de esa provincia con Bolivia, donde está en marcha el proyecto de construir una versión bananera del Trump Wall, pero también donde en diciembre pasado un gendarme asesinó a Fernando Martín Gómez de dos tiros en el pecho. Fue durante una represión desatada en Orán contra bagayeros que, en esa zona y ante el feroz ajuste perpetrado por la Presidencia Milei, se multiplican en la búsqueda de conseguir algunos pesos para subsistir con el comercio a pequeña escala entre ambos lados de la frontera.
Así las cosas, el teatro es una provincia que representa la puerta al Triángulo del Litio y está dispuesto para una puesta en escena que cuenta con los intérpretes del caso. Porque a Milei, Petri y Sáenz se suma la hasta no hace mucho titular del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien dos años atrás y públicamente dejó en claro cuál es el libreto y qué guión deben interpretar. Fue durante un evento del Atlantic Council que es como se llama uno de los principales think tank vinculados a la Otan, donde la general de cuatro estrellas fue clara al señalar que nuestra región posee “ricos recursos y elementos de tierras raras”, al tiempo que hizo hincapié en el litio, petróleo y agua dulce pero también en que esas riquezas deben ser para los americanos…pero los del norte ¿Será casualidad entonces que el mejor alumno de Washington disponga que las Fuerzas Armadas comiencen a transitar esta remake de la Doctrina de la Seguridad Nacional, asentando sus borceguíes en las puertas del Triángulo del Litio y del Acuífero Guaraní? Porque, hay que mencionarlo, la Resolución 347/2025 arranca por Salta pero permite desplegar tropas en las zonas fronterizas del NEA.
Datos preocupantes
Con este telón de fondo, la Resolución 347/2025 se presenta también como un eslabón más de la redefinición que la Presidencia Milei lleva a cabo sobre la forma en que administra el monopolio legítimo del uso de la fuerza que le asiste al Estado. Y sobre esto hay dos datos que son preocupantes e insoslayables. Uno de ellos es que la Armada viene realizando entrenamientos antidisturbios, lo que constituye una actividad prohibida por la Ley de Seguridad Interior y de Inteligencia, y el otro es que en forma creciente, el personal que específicamente es formado para defender las fronteras fluviales, marítimas y terrestres, es trasladado a Ciudad de Buenos Aires para reprimir movilizaciones tal como se puede ver cada miércoles con el caso de las que protagonizan los jubilados.
“Esta norma autoriza expresamente a que las Fuerzas Armadas vayan a diversa partes del norte del país, supuestamente, para auxiliar a las Fuerzas de Seguridad”, señaló el vicepresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), el abogado Gerardo Etcheverry, quien advirtió que “detrás de esto aparece el hecho de que hay montones de gendarmes y miembros de otras fuerzas federales a quienes trajeron a Ciudad de Buenos Aires para reprimir y ahora mandan a los militares a cubrir esos lugares sin que haya ningún motivo legal para hacerlo”.
La presencia de personal de Gendarmería y de Prefectura reprimiendo en el kilómetro cero del país, mientras se envía a las Fuerzas Armadas a realizar tareas inherentes a la seguridad interior, constituye un combo que transita el camino del diseño de esas guardias nacionales incapaces de defender la soberanía pero disciplinadas para hacerlo con los intereses imperiales, que constituyen el paradigma que EE.UU. tiene para nuestra región.
“El tema del rediseño tiene cosas muy evidentes como por ejemplo que la Policía de Seguridad Aeroportuaria que está exclusivamente destinada para funciones aeroportuarias, aparezca reprimiendo ante el Congreso, lo mismo la Gendarmería que está para las fronteras y la Prefectura para actuar en zonas fluviales y marítimas”, reflexionó Etcheverry.
En el mismo sentido, advirtió que lo más grave “es que hay un anexo que es reservado y secreto, el de las reglas de empeñamiento, esto es el que debería explicar en qué casos estos militares pueden actuar y disparar sus armas, pero como queda oculto para todos, se habilita la discrecionalidad a que las Fuerzas Armadas pudieran actuar contra cualquiera”, algo que “viola principios básicos como la publicidad de las leyes”, ya que “encima de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, aunque lo intenten disimular porque están en la frontera, plantean que podrían actuar cuando se den determinadas condiciones que se mantienen secretas”.
Y recordó que durante la última dictadura, era común ver cerca de cuarteles y bases militares, carteles que decían “no se detenga, centinela va a disparar”, en los que se podía ver la silueta de un militar apuntando un fusil de manera amenazante. “Esto se parece a eso porque uno corre el riesgo de que si llega a estar dentro de unas reglas de empeñamiento que son secretas para el común de las personas, le acaben disparando”.
