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En un contexto de recrudecimiento de la violencia social, delincuencial y política, así como de una situación económica que golpea duro entre los sectores populares, este país va a una Consulta con la que el gobierno de Daniel Noboa pretende institucionalizar, todavía más, la concentración de poder en una clase capitalista que es la ganadora de la dolarización que lleva un cuarto de siglo. Bruno Soria es analista político y sociólogo, además de integrar las filas del Partido Comunista del Ecuador, y habló con Nuestra Propuesta para reflexionar sobre lo que se pone el juego el domingo.

 

—¿De qué va esta consulta y que objeciones se pueden hacer al respecto?

—Tiene once preguntas de las que nueve están asociadas al problema de seguridad interior que, desde hace como unos tres años, se convirtió en la principal preocupación ciudadana. En todas las encuestas siempre aparece en primer lugar esta cuestión. Pero hay dos preguntas que realmente le interesan al gobierno. Una está vinculada a la implantación del trabajo por horas, que fue abolido en 2008 por medio de una prohibición constitucional, que prohíbe la precarización laboral, concretamente las terciarizaciones. Y la otra pregunta que le interesa a la burguesía ecuatoriana y sobre todo a aquellos sectores ligados a las multinacionales, es la que plantea la posibilidad de que cualquier controversia que tenga una empresa multinacional con el Estado, sea tramitada en tribunales extranjeros. Es decir que se busca legalizar la cesión de soberanía.

 

—¿Qué tan grave es la situación de inseguridad ciudadana en Ecuador?

—El gobierno se ha aprovechado de este problema de inseguridad que vive el pueblo ecuatoriano, que es consecuencia directa de la reimplantación del neoliberalismo. La violencia es una consecuencia de ello, porque con el neoliberalismo, se ha desmontado el Estado y también las políticas públicas, lo que llevó a que hoy por hoy, prácticamente tengamos a cero la inversión pública. Entonces tenemos uno de los más elevados índices de desempleo, desde hace un par de años volvemos a tener altos niveles de migración que son equivalentes a los que tuvimos entre 1999 y 2002, por lo que somos el segundo grupo migratorio que atraviesa la selva del Darién. Y este drama se completa con otro dato: entre enero y febrero de este año, once mil ecuatorianos fueron deportados desde EE.UU.

 

—Esos datos hablan de la descomposición social que padece su país…

—Tenemos una alta descomposición social, lo que se deja ver en algunos índices: son más o menos trescientos mil los niños que han abandonado el sistema educativo y una cantidad similar de jóvenes no ha podido ingresar a la universidad, todo porque no se invierte en educación.

A esto se debe sumar un desmontaje del sistema de salud. Es inaudito, pero en Ecuador pasa que los familiares y amigos tienen que hacer una colecta para poder comprarle a las personas internadas, los medicamentos básicos como paracetamol, gasas y algodón, porque es lo que les piden en los hospitales públicos y de la seguridad social, ya que carecen de insumos fundamentales.

 

—¿Y por qué tanto ajuste?

—Todo esto porque se está privilegiando el pago de la deuda externa y, sobre todo, el gobierno que encabeza Daniel Noboa prioriza cumplir con BlackRock que es la principal tenedora de la deuda externa ecuatoriana.

 

—Lo que usted describe es un escenario de crisis, pero también a un gobierno que espera salir de su propio laberinto corriendo hacia delante con esta consulta…

—En este escenario se viene la consulta para el próximo domingo y estamos ante un panorama donde el gobierno atraviesa una crisis de credibilidad muy fuerte. Hace poco en las Cortes españolas, tuvimos un pedido del grupo parlamentario Sumar, para que se explique sobre un incidente que tuvo lugar cuando el presidente ecuatoriano estuvo en Madrid, al parecer hubo un escándalo porque hizo un uso indebido de bienes e infraestructura del Estado español. Es que por razones de seguridad, el rey de España le facilitó al presidente Noboa un auto oficial que está reservado para su uso personal, pero el presidente lo utilizó para irse de farras y armó un escándalo en altas horas de la noche, en el que estuvieron involucrados guardias de la seguridad ecuatoriana y otros que le suministró el Estado español. Y además con toda una corte que llevó como comitiva en su viaje.

 

—Resulta inevitable ver lo que pasa en Ecuador como un escenario al que Argentina se precipita a paso aceleradísimo…

—Desgraciadamente tenemos un proceso que lleva varios años de desprestigio, una acción sistemática de demolición contra la oposición progresista. Se ha creado un imaginario de que todo aquel que levanta una voz contraria al patrón formal del neoliberalismo es calificado como correísta, algo que desde ese discurso se homologa a categorías como “delincuente” o “narcotraficante”. Esto es lo que hicieron con años de machacar por vía de la judicialización de la protesta social y el lawfare.

Porque en Ecuador tenemos un Poder Judicial altamente selectivo que se suma a la utilización como actor político a los grandes medios de comunicación, que son voceros políticos de la burguesía y que son los que se han encargado de crear en la sociedad ecuatoriana, ese imaginario de asociar a la protesta social con el correísmo y al correísmo con la corrupción.

 

—¿Cómo se puede leer esto de la corrupción en Ecuador?

—Entonces de esa manera se ha buscado polarizar y descalificar a todas las voces contrarias al modelo que representa el actual gobierno o que denuncian estas practicas que tiene la burguesía que es absolutamente descarada como se vio durante la pandemia, cuando como botín político se repartieron los hospitales, algo que hicieron bajo el gobierno de Lenin Moreno.

Además entregaron a la corrupción a asambleístas para tener mayoría en la Asamblea (Poder Legislativo) y tener control político territorial. Se generalizó la corrupción desde el Estado con estas prácticas de cooptación de sectores políticos, pero sobre todo por medio de este trabajo en equipo de los medios de comunicación con un Poder Judicial que fue asaltado en 2018. Y se facilitó, por medio de una consulta popular, el desmontaje del sistema político que se había creado en la Constitución del 2008.

A partir de ese momento hemos vivido la desaparición de la estructura política estatal construida desde 2008, lo que ha facilitado prácticas corruptas. Entonces tenemos la connivencia de la delincuencia con sectores políticos y de la policía que está altamente cuestionada, mientras que las cárceles fueron prácticamente entregadas a los delincuentes con el aval de las autoridades que estaban a cargo de ellas, por lo que se convirtieron en centros de operaciones de la delincuencia organizada donde tenían discotecas, piscinas, Internet, prostíbulos, supermercados y desde ahí se establecían prácticas de extorsión, no sólo a los presos, sino a hacia fuera de las cárceles.

 

—¿De qué manera juega en todo esto el poder del narco?

Para nuestra desgracia estamos entre los dos países con mayor producción de cocaína del mundo, que son Perú y Colombia. Además tenemos fronteras que son muy permeables, lo que facilita el ingreso de cargamentos por la selva, inclusive por el Océano Pacífico en cuyas costas hay zonas de manglares que propician el movimiento de este tipo de actividades ilegales.

Y esto facilita la salida de droga hacia el mundo, porque Ecuador es el primer productor del mundo de plátano, Guayaquil tiene trece puertos y de ellos sólo uno es estatal, el resto son privados por ello es imposible controlar las millones de cajas de plátano que salen, lo que se convierte en un plan perfecto para ocultar cargamentos de cocaína que van hacia puertos como el de Amberes, entre otros.

 

—Hablar de plátanos, de bananas, es hablar de la familia Noboa…

—Sí, la familia del actual presidente, es una de las familias que hizo su fortuna con la exportación de plátanos. Los Noboa fueron pioneros en exportar plátanos y son los que controlan la exportación mayoritaria de ese producto que sale hacia el mundo desde Ecuador.

 

—En este escenario, desde el movimiento popular se construye el Frente Patriótico Democrático Popular que con la participación del PC del Ecuador se manifestó por el No de cara a la consulta…

—Alrededor de la campaña por la consulta popular se formó este Frente que es una alianza construida, sobre todo, entre varios sectores sociales y de izquierda como el Partido Comunista. Desgraciadamente la Revolución Ciudadana, que es el partido de Correa, no se inscribió para la campaña por el No. Ellos tendrían que explicarle al pueblo ecuatoriano por qué no se sumaron e hicieron una campaña ambigua. En cambio desde el Frente la campaña es todo No, las once preguntas por el No es la campaña que hacemos los sectores sociales que somos los mismos que, en estos días, estamos enfrentando una arremetida gubernamental contra protestas de sectores indígenas y campesinos que se oponen a la minería a cielo abierto. Y también nos pronunciamos contra las violaciones de Derechos Humanos que cometen el ejército y la policía durante las incursiones que hacen, sobre todo, en los barrios populares. La declaratoria del conflicto armado interno por parte del gobierno de Noboa genera violaciones a los Derechos Humanos.

 

—Violencia estatal y narco, un combo letal…

—Durante el fin de semana largo de Semana Santa tuvimos 135 asesinatos, todo durante un feriado de tres días. Esto habla de que sacar a los militares a las calles para que realicen tareas de seguridad interior, ha sido un fracaso. El gobierno no tiene un plan, ellos denominaron a estas operaciones como Plan Fénix, pero en la práctica se ha demostrado de que no existe tal Plan Fénix, entonces es una más de las tomaduras de pelo al pueblo ecuatoriano que hace este gobierno.

 

—¿Cuál es el bloque de la clase capitalista que actúa en Ecuador, que busca consolidarse institucionalmente con un eventual resultado positivo del Si en la consulta del próximo domingo?

—Ahí aparecen todos los sectores empresariales que están coaligados y llevan en el poder desde 2017, cuando fue la traición de Lenin Moreno. Desde entonces es el mismo grupo el que continúa en el poder, lo que ha cambiado son sus figuras en el gobierno que demostraron ser una más inútil que la anterior. Varias veces han intentado reimplantar la precarización laboral. A ellos les interesa eliminar los derechos laborales que, durante varias décadas, los trabajadores han conseguido y así tener vías libres para continuar aprovechándose y explotando a los trabajadores, siempre beneficiando a las transnacionales.

También los bloques asociados a las compañías petroleras y, últimamente, a las mineras. El presidente tiene un vínculo muy estrecho con empresas mineras. Meses atrás hizo una gira por Canadá gestionando inversión en la minería, mientras que reprime salvajemente a poblaciones que se oponen a que se practique esa actividad a cielo abierto en la provincia de Cotopaxi.

 

—¿Un sector empresarial vinculado a una industria derivada de la deslocalización de multinacionales y productos primarios?

—Tenemos a todo el sector industrial que está interesado por anular toda posibilidad de control de regulación estatal. Hablar de sector industrial, es hacerlo de un esquema bastante precario, ya que Ecuador es uno de los países que se industrializa recién en los años 70 del siglo pasado, por lo que tiene una industria muy básica. Se trata de sectores industriales ligados a manufacturas o ensamblaje de vehículos, y en los que durante los últimos años han proliferado ensambladoras de aparatos electrónicos. Además de toda la industria asociada a alimentos y productos textiles. Asimismo, sectores agroindustriales, florícolas, bananeros, porque Ecuador exporta plátanos, mariscos, camarones, atún.

 

—¿Este esquema es el que se vería favorecido por la reforma laboral regresiva que propone la Consulta?

—Van por una reforma laboral regresiva que permita maximizar su tasa de rentabilidad. Es la reimplantación de la terciarización y la precarización laboral, que hacen polvo todas las conquistas sociales. Porque a pesar de que Ecuador tiene el segundo salario más alto de América Latina, su capacidad adquisitiva es sólo de una cuarta parte de su valor nominal. Tenemos un salario promedio de 420 dólares, pero su capacidad adquisitiva es de sólo doscientos.

Y, encima, a principios de mes como para reafirmar el sometimiento del gobierno al FMI, se subió el IVA del doce al quince por ciento, lo que lo convierte en uno de los más altos de la región, si consideremos que estamos dolarizados. Porque no es igual el IVA del 18 por ciento que tienen los colombianos o los peruanos, ya que ellos tienen su moneda propia. Pero, por ejemplo, Panamá que también está dolarizado, tiene el IVA al siete por ciento, mientras que en Ecuador lo tenemos ahora a más del doble, por supuesto que también dolarizados. Es decir que el recorte económico a los sectores populares es brutal.

 

—Otro punto clave de la consulta se vincula a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior…

—Si, exactamente, hay nueve preguntas sobre eso que necesariamente se enganchan con aquellas por las que se busca legalizar la precarización laboral. Se quiere autorizar la presencia casi permanente de los militares en las calles, pero no hay ninguna propuesta vinculada a la reactivación económica, hemos tenido cinco leyes que han pasado lamentablemente con la complicidad de Revolución Ciudadana y otros sectores, que han hecho condonación de deuda de pagos atrasados de impuestos, un blanqueo, con lo que se benefició entre otros a familiares del presidente.

Entonces, lo que tenemos y se pretende consolidar si gana el Si en la consulta, es un escenario en el que los militares salieron a cumplir un rol de cogobernanza con el gobierno, ante el desprestigio total que tiene la policía por su involucramiento en actos de corrupción.

 

—Tras más de dos décadas de dolarización y con un proceso neoliberal a ultranza que sólo tuvo un interregno con la presidencia Correa ¿Se puede decir que la situación en Ecuador está tocando fondo?

—Ya tocamos fondo. Hay una ley en EE.UU. en la que se nos considera como una suerte de protectorado. Hoy Ecuador es un protectorado estadounidense. Acabamos de recibir de donación de un avión Hércules de los años 70 del siglo pasado como parte del convenio de sometimiento que tiene el Estado ecuatoriano con EE.UU. Hay todo un sometimiento brutal, el embajador estadounidense, sin empacho y en medio de la crisis que vive mi país, hace lo que le place y es columnista en un medio desde donde prácticamente dice lo que debe hacerse en la política interna ecuatoriana, sin que nadie desde el gobierno diga absolutamente nada por este acto de injerencia grosera.

Y, encima de todo esto, Ecuador se pone al margen de las normas internacionales más básicas, con la irrupción de personal armado en la embajada de México, para llevarse al ex vicepresidente Jorge Glas.

 

—¿Este tocar fondo se vincula directamente con el camino que Ecuador emprendió cuando se decidió la dolarización?

—De la dolarización no hay salida. El ingresar al sistema de dolarización no tiene salida. La salida de este esquema en soledad, sólo sería posible si Ecuador encontrara reservas de exportar dos millones de barriles diarios de petróleo o reservas de minerales raros. Pero también sería posible desde otra perspectiva, a partir de tener una moneda regional que esté sustentada por las economías de toda la región, pero esto va a ser viable sólo a partir de la construcción de condiciones políticas que, en el orden local y regional, prioricen los intereses de los pueblos por encima de los de la clase capitalista.