Vence la prórroga del DNU que prohíbe desalojos por falta de pago y congela el precio. El gobierno publicó un protocolo para asistir a familias “en situación de desalojo”. Mientras, los inquilinos reclaman al Estado que arbitre medidas para prevenirlos, como así también aumentos y contratos fuera de la ley.
A un año del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia y en pleno ascenso de contagios diarios, que anticipan una segunda ola -tercera si se tiene en cuenta el pico de diciembre-, la problemática de la vivienda vuelve a estar en el centro de las preocupaciones de los inquilinos en todo el país.
El 31 de marzo vence la prórroga del DNU 320/20 sancionado en abril del año pasado, que prohíbe los desalojos por falta de pago y congela el precio de los alquileres. Frente a la problemática que se avecina, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un protocolo para asistir a familias en situación de desalojo.
Mientras los inquilinos nucleados en la Red de Asociaciones de Inquilinos reclamaron, con un ruidazo que se hizo sentir en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y capitales provinciales como Córdoba, que se reconozca que "el acceso a la vivienda es un derecho universal" y que se abra una mesa de negociación para prevenir desalojos, aumentos y contratos fuera de la ley.
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial que elabore y ponga en marcha el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, con el propósito de “caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales”, según explicó el Secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.
El gobierno nacional instrumentó el protocolo mediante la Resolución 88/2021 publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, ya que este miércoles 31 de marzo vence el decreto que prorrogó de forma automática los contratos de los alquileres, prohibió desalojos y “congeló” el precio de los arrendamientos para vivienda, aunque como bien saben los inquilinos de todo el país, la medida se cumplió poco y nada.
La Resolución no explica en qué consistirá el protocolo pero establece quienes serán las partes intervinientes, entre ellas, los ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ministerios provinciales y entes municipales.
Lo más importante es que la Resolución habilita al ministro Jorge Ferraresi a “arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los Entes Ejecutores Provinciales y Locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública en el marco de la presente resolución”.
De otro modo, se habilita la disposición -que debería hacerse efectiva- de viviendas construidas con participación del Estado nacional para ofrecer soluciones habitacionales a aquellas personas que se vean afectadas por el vencimiento de la prórroga del Decreto 320/20.
El gobierno nacional concentra desde el año pasado su política habitacional en tres grandes programas: el programa Federal Argentina Construye, la línea de crédito Procrear y el Plan Nacional de Suelo Urbano.
Argentina Construye contempla una inversión de 29 mil millones de pesos en los próximos tres años, destinados a obras articuladas con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad.
Sus ejes de acción son “construcción, ampliación y refacción de viviendas” que incluye la edificación de 1.500 nuevas viviendas, el otorgamiento de lotes con servicios públicos para “sectores medios y populares”, “créditos y transferencias para la compra de materiales”, “refacción y dotación de núcleos sanitarios” y “equipamiento público”.
Por su parte Procrear, a partir de sus nueve líneas de crédito, se propone brindar trescientos mil soluciones habitacionales, entre créditos personales e hipotecarios, que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos.
A su vez, el Plan Nacional de Suelo Urbano, que busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial y contempla la regulación del mercado del suelo de las distintas localidades.
Frente a la no política habitacional del macrismo, que en su expresión positiva fue una política de desregulación absoluta del acceso a la vivienda, las iniciativas del gobierno del Frente de Todos son por demás progresivas. Sin embargo, frente a un déficit habitacional de casi cuatro millones de viviendas y a nueve millones de inquilinos a nivel nacional, que se ven perjudicados por las presiones de las patronales inmobiliarias y las consecuencias de la pandemia, las políticas mencionadas tienen gusto a poco.
No por nada las agrupaciones sociales, gremiales y de inquilinos vienen advirtiendo acerca de las consecuencias que podría tener la falta de prórroga del decreto 320/20 y, principalmente, la ausencia de una política habitacional más ambiciosa y estructural, que al mismo tiempo impulse el sector de la construcción y el mercado interno.
En otras palabras, lo que se reclama, entre ellos el Partido Comunista, es el diseño y la implementación de un gran plan nacional de viviendas populares que esté al alcance de los trabajadores y los sectores medios.
Pero antes de todo esto, un buen paso inicial sería que el Estado intervenga decididamente el mercado inmobiliario. Desde que se sancionó la Ley de Alquileres, las inmobiliarias y los propietarios descargan sus obligaciones en los inquilinos y además recargan las renovaciones de contratos con aumentos que invitan al desalojo.