En este caso se trata de Raúl Aceituno, que estaba condenado a prisión perpetua por el crimen de David Watu Cilleruelo, pero disfrutaba de prisión domiciliaria.
“Murió el genocida Raúl Aceituno, participe en el asesinato de nuestro camarada David Watu Cilleruelo, asesino de compañeros en la década del 70/80, integrante de la Triple A”, señaló el Partido Comunista Bahía Blanca, ante el fallecimiento de uno de integró la patota que ultimó al militante de a FJC, el 3 de abril de 1975.
El fallecimiento de Aceituno, vuelve a poner sobre el tapete el papel que el Poder Judicial juega a la hora de estirar hasta el hartazgo los tiempos procesales en muchos casos en los que se juzgan crímenes de lesa humanidad y, así, garantizar la impunidad biológica de criminales que actuaron durante el terrorismo de Estado.
“La justicia, que aún les es funcional, hizo esperar 46 años para aplicar condena, que resultó ser domiciliaria, dónde terminó sus últimos días”, recordó el PC bahiense, tras lo que hizo hincapié en que, pese a esto, “el sueño de justicia de Watu, y los 30000 compañeros sigue, siendo objetivo a conquistar para nuestro pueblo”.
Hubo que esperar hasta agosto de 2021, para que la lucha de más de cuatro décadas, lograra sentar en el banquillo de los acusados a Aceituno y a otros tres civiles que el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó por crímenes de lesa humanidad perpetrados en la Universidad Nacional del Sur durante 1974 y 1975, entre ellos, el asesinato de David Watu Cilleruelo.
Esa vez Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli recibieron penas de diez años de prisión, que es la condena máxima prevista por el delito de asociación ilícita, mientras que Aceituno fue condenado como uno de los autores del asesinato del militante de la FJC, por lo que recibió la pena de prisión perpetua.
Pero ninguno de ellos fue a prisión, ya que el TOF rechazó la solicitud de que se ordenara la detención de Curzio, Pallero y Forcelli, quienes se encuentran en libertad y, en el caso de Aceituno, se pidió la realización de una pericia médica antes de resolver si se revocaba su prisión domiciliaria que cumplió hasta su muerte.