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“Para dar solución a la pobreza y al hambre en nuestro país, se deberían ejecutar políticas públicas y pergeñar cambios estructurales que erradiquen de raíz aquellos dilemas que sufre nuestro pueblo”, dijo el Movimiento Campesino Liberación.

“Para dar solución a la pobreza y al hambre en nuestro país, se deberían ejecutar políticas públicas y pergeñar cambios estructurales que erradiquen de raíz aquellos dilemas que sufre nuestro pueblo”, dijo el Movimiento Campesino  Liberación (MCL) por medio de una reciente declaración.

Ahí señala que “hasta el momento todos los gobiernos democráticos han echado mano, en mayor o menor medida a los planes sociales; los cuales, efectivamente, fueron, son y serán necesarios para la urgencia que supone esa problemática tan grave”.

Tras lo que aclara que “las causas de fondo de aquellos conflictos se hallan en las matrices productiva y distributiva de nuestro país; en su faz capitalista neoliberal, altamente concentrada (y en gran medida extranjerizada) en un puñado de mega empresas, que son las grandes ganadoras de la suba arbitraria y exponencial del precio de los alimentos, entre otros rubros, mientras que resultan perdedoras las grandes mayorías de la sociedad argentina”. Y que se trata de “los mismos que devoran los aumentos de salarios, jubilaciones y pensiones, y los ingresos de los sectores medios de nuestro país”.

Asimismo, sostiene que “las políticas alimentarias, además de ser insuficientes, se han desarrollado en un contexto global caracterizado por el crecimiento poblacional y urbano acelerados, creciente concentración en pocas manos de las tierras cultivables, expansión del poder de mercado de las grandes compañías transnacionales, el libre comercio y la profundización de la globalización neoliberal, que en nuestro país tiene como una de sus consecuencias la dolarización del precio de los alimentos”.

Y que, al mismo tiempo, “instituciones internacionales como la FAO, han promovido enfoques basados en la agroecología; mientras que otras, como la OMS, vienen advirtiendo sobre los problemas generados por el uso de los agrotóxicos, el consumo extensivo de carne procedente de la ganadería intensiva, el sobrepeso y la obesidad de la población”.

Por lo que “para afrontar los desequilibrios de poder en los sistemas alimentarios, uno de los conceptos centrales alrededor de este debate, es el de derecho a la alimentación”.

También recuerda que la FAO publicó en 2004 unas “Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” y que, de acuerdo con estas directivas, “el derecho a la alimentación surge de tres instrumentos jurídicos internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2 y 11) y la Carta de las Naciones Unidas (artículos 55 y 56)”.

En este sentido, resalta que la realización progresiva de tal derecho, “requiere de un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional. Por tanto, en la medida en que se logre la primera, también se estaría avanzando hacia la garantía del derecho a la alimentación (FAO, 2004). No obstante, el Movimiento Campesino Liberación (MCL) ha incorporado aspectos relacionados a la equidad, el desarrollo humano y el ambiente, que van más allá de su definición tradicional. En este sentido, y para lograrlose deberían tener en cuenta la eliminación progresiva de las desigualdades, garantizar las posibilidades de desarrollo popular y la conservación del ambiente como soporte de la alimentación y la nutrición”.

 

Soberanía Alimentaria

 

“En esta evolución, un concepto más importante aún es el de Soberanía Alimentaria, acuñado por la Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, donde se lo planteó como propuesta para contraponerse al modelo industrial capitalista destructivo que aún hoy, continua provocando hambre, desigualdad y crisis climática: “La Soberanía Alimentaria es el derecho de las personas a producir de forma autónoma alimentos sanos, nutritivos, climáticos y culturalmente apropiados, utilizando recursos locales y a través de medios agroecológicos, principalmente para atender las necesidades alimentarias locales de sus comunidades”, resalta el MCL.

Y aclara que la Soberanía Alimentaria “es necesaria incluso para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en el planeta” (https://cloc-viacampesina.net/).En otras palabras, “es el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a terceros países. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo”.

Por otra parte, recuerda que “a partir de la integración de estos nuevos conceptos, se ha acuñado el concepto de ciudadanía alimentaria como ‘la práctica de participar en comportamientos relacionados con los alimentos que apoyan, en lugar de amenazar, el desarrollo de un sistema alimentario democrático, social y económicamente justo y ambientalmente sustentable’”.

Y, “con este enfoque lxs ciudadanxs, constituyéndose como sujetos, no son solamente consumidores, sino que adquieren un papel más activo en la construcción de un sistema alimentario viable”.

Por lo que el MCL propone: “que el estado nacional promueva la producción de alimentos básicos sanos, seguros y soberanos a bajo costo; asocie a pequeños y medianos productores rurales y urbanos a su sistema de producción mediante un subsistema logístico adecuado; aliente y sostenga la producción de cercanía, con circuitos de comercialización cortos y precios adecuados a los costos de producción”.

Y sostiene que “la tierra es para quien la trabaja, y no para los especuladores del mundo financiero y el agronegocio, y en tal sentido una reforma agraria integral es imprescindible para el acceso democrático a los territorios, que son esenciales para la alimentación de las comunidades, en el entendimiento que los alimentos no son mercancías para el enriquecimiento de unos pocos, sino derecho humano inalienable del pueblo trabajador”.

Asimismo, demanda que “la financiación necesaria para el sostenimiento de la Agricultura Familiar se logre con recursos genuinos y no con créditos del Banco Mundial; como lo serían aquellos derivados del aumento a las retenciones de las exportaciones de los principales granos y de manera segmentada”.

Y añade que esa medida, “como política de coyuntura, ayudaría a desacoplar los precios internacionales de los internos en materia alimentaria, junto a un fuerte control de aquellos, de manera estatal y con intervención popular; sin perder de vista que nuestro país necesita crear con suma urgencia órganos estatales para el contralor del comercio internacional, que en el pasado eran las Juntas Nacional de Carnes y Granos desguazadas durante el Menemismo”.

Finalmente, hace hincapié en que “nos manifestamos preocupadxs por la autorización de la siembra del nuevo trigo transgénico HB4, lo cual constituye una amenaza para la alimentación y la salud de las personas, por el uso de un agrotóxico quince veces más tóxico que el glifosato; el glufosinato de amonio, veneno que dejaría residuos en los granos y consecuentemente en harinas y alimentos. Por lo tanto, nos sumamos al rechazo ya expresado por los movimientos de campesinxs, productorxs agroecológicxs, organizaciones sociales y ambientalistas, integrantes de las universidades nacionales, la sociedad civil, especialistas en salud y quienes representan al sector científico crítico”.