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Mié, Jun
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Política
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En Jujuy se llevaron a cabo dieciséis violentos operativos policiales contra sedes, comedores y merenderos de organizaciones y también en domicilios de sus referentes.

La Liga Argentina de Derechos Humanos (Ladh), pidió la “intervención de los tres poderes del Estado en Jujuy, por parte del Congreso Nacional” y denunció que el gobernador, Gerardo Morales, “responde a cada gesto solidario con Milagro y los presos políticos de Jujuy con nuevas agresiones”.

Lo hizo en línea con la posición adoptada por otros organismos de Derechos Humanos, después de que ayer miércoles se llevaran a cabo en esa provincia dieciséis violentos operativos policiales, ordenados por el juez de Control Rodolfo Miguel Fernández y el fiscal provincial Diego Funes, en el contexto de una causa iniciada de oficio.

Este nuevo episodio de la persecución política a organizaciones sociales que reina en Jujuy desde que Morales es gobernador, tuvo lugar a una semana de la visita que el presidente Alberto Fernández hiciera a la titular de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

En medio de un duro operativo, uniformados fuertemente pertrechados irrumpieron en domicilios particulares de referentes sociales y en sedes de organizaciones a las que pertenecen, ubicadas en San Salvador, Maimará, Tilcara, Lozano, Palpalá y Calilegua.

Los objetivos fueron, entre otras, la sede del Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento Evita, Nuestramérica Jujuy y Tupac Amaru, así como en comedores, merenderos y en una decena de domicilios particulares ubicados en barrios populares.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación advirtió que estos hechos son “una demostración más de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy y de la falta de protección de los derechos humanos en la provincia”, por lo que exhortó a las autoridades provinciales a “detener la persecución política a organizaciones sociales y a garantizar el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en la provincia”.

Sobre todo esto, la Ladh señaló que en este capítulo del pustch del Gobierno Morales contra los movimientos sociales, cuenta “con la colaboración siempre predispuesta de la Policía y el Ministerio Público de la Acusación y el Tribunal Superior de la Justicia”.

Tras lo que añadió que sobran los motivos para pensar que esto es un acto de revancha, que busca continuar criminalizando y desprestigiando a las organizaciones y a las personas solidarias, organizadas y comprometidas con el presente y futuro de Argentina”.

Y, en este sentido, hizo hincapié en que “siempre supimos que al neoliberalismo se lo arraiga con represión, persecución, miedo”, algo que no debería tener lugar “dentro de la democracia”.