La Asociación Empresarial Argentina, la Cámara de Comercio de EE.UU. en nuestro país y el Instituto para el Desarrollo Empresarial salieron al unísono a bancar a Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
Una vez más, la Injustice League salió a jugar fuerte para defender sus intereses de clase y, en esa dirección, la semana pasada se abroqueló para hacer pública su posición contraria al intento de someter a la Corte Suprema a juicio político. Así lo hicieron saber la Asociación Empresarial Argentina (AEA), la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (Amcham) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) por medio de un documentos que en el caso de AEA y sin sonrojarse fue titulado: “La Corte Suprema: Pilar de la República”.
Cabe recodar que AEA reúne a empresarios de la talla de Paolo Rocca del Grupo Techint, Luis Pagani de Arcor, Alfredo Coto y el tío Federico Braun que es propietario de La Anónima. Y, asimismo, a Héctor Magnetto quien fue patrón de Carlos Rosenkrantz hasta el mismo instante en que Mauricio Macri firmó el decreto por el que lo quiso meter por la ventana del Palacio de Talcahuano 550.
Por su parte, lo de AmCham es mucho más explícito a qué intereses representa, mientras que para definir a Idea, sólo alcanza con recodar cualquiera de las ediciones de sus coloquios que sirven de tribuna para la presentación de nuevas promesas de la derecha política y para que los ya consagrados desfilen rindiendo pleitesía a quienes representan eso que suele denominarse como el “poder real”.
Entre las cosas que tienen como factor común los integrantes de Idea, AmCham y AEA, está su capacidad para interpretar libremente los textos de las leyes y, a partir de ahí, hacer prevalecer sus criterios gracias a que cuentan -entre otras cosas- con una dotación casi infinita de abogados y contadores capaces de sacar cualquier conejo de una galera.
Por eso resulta significativo que el documento con el que salieron al cruce del intento de llevar a los actuales cortesanos a juicio político, digan defender “una vez más la imperiosa necesidad de que en nuestro país se acate plenamente el Estado de Derecho y la División de Poderes que establece la Constitución Nacional”.
Es prudente recalcar que precisamente en ejercicio de facultades inherentes a la división e poderes, es que en Diputados se pretende avanzar en el proceso de juicio político, pese a que el documento señale que esto “altera muy negativamente tanto la esencia del pacto constituyente sobre el que se edifica nuestra convivencia, como las perspectivas de crecimiento, de inversiones y de generación de empleo”.
Pero todavía más rocambolesco que lo de AEA es lo de la Amcham: un grupo de empresas estadounidenses que le dicen al Congreso de Argentina cómo debe funcionar, ya que advierte que está paralizado por culpa de la iniciativa del juicio político a la Corte y, no contenta con eso, se sube al púlpito para demandar “el respeto a las instituciones y la seguridad jurídica”. Aunque sea por pudor, el Congreso debería sancionar una declaración en la que se le aclare a estos tipos que Argentina no es una republiqueta bananera.
Pero no es esta la primera vez que estas corporaciones actúan en tándem a la hora de defender a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En diciembre de 2022, AEA, Idea y Amcham, esa vez junto con Carbap y la Sociedad Rural, reclamaron públicamente que La Rosada acepte el fallo por coparticipación que en esos días emitió la Corte Suprema en beneficio de la postura de Horacio Rodríguez Larreta y el PRO.
Por definición, el Poder Judicial está llamado a ser uno de los pilares más sólidos sobre el que se constituye el Estado Liberal Burgués y, mediante la interpretación de los alcances del Código Penal y el Código Civil, se constituye en la salvaguarda de la clase capitalista. Esto se vio potenciado con la aplicación de la doctrina del Plan Atlanta que tiene en el lawfare su mecanismo predilecto.
Entones no sorprende que buena parte de lo peor de la clase capitalista que actúa en el país, salga con tanta decisión a proteger a Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
Pero también desde la otra cara de la moneda, desde el universo del trabajo, hay voces que se hacen oír y que por supuesto son disonantes con las de AEA, Amcham e Idea. Una de ellas es la del secretario de Derechos Humanos de Ctrea, Rogelio de Leonardi, quien recordó que el sindicato que encabeza, la AMP de La Rioja, fue pionera a la hora de demandar que se avance en un juicio político a los actuales integrantes de la Corte.
“Esto después fue tomando cuerpo dentro de las filas del propio gobierno y nos parece que es algo acertado, porque no puede ser en Argentina un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, imponga la voluntad omnímoda de cuatro o cinco personeros de la oligarquía terrateniente”, sostuvo De Leonardi.
Y añadió que “sería éste un momento propicio para reflotar ese pedido que hemos hecho en su momento, para que los jueces de la Corte sean electos por el voto popular, tal cual se elige a quienes forman parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”.