“Hay que poner en discusión la propiedad de la tierra y los recursos naturales” dijo Toto Galván, a raíz de una presentación de la Mesa Agroalimentaria Argentina en el Congreso Nacional que busca sortear los problemas del sector tras la reglamentación tardía y parcial de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.
“El Estado no está haciendo nada y es responsable de la situación actual que atraviesa la agricultura familiar en todo el país” dijo Raúl Toto Galván, coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú, dirigente del Movimiento Campesino de Liberación (MCL) y de la CTA de Chaco, luego de que la Mesa Agroalimentaria Argentina (MMA) se congregara en el Congreso nacional para presentar el Programa Agrario para el Alimento, una iniciativa que tiene el propósito de que el Estado asuma un rol más activo en favor de los pequeños productores y las cooperativas.
El dirigente campesino, que también es miembro del Comité Central del Partido Comunista, se refirió al largo proceso de lucha del sector campesino en torno a la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, cuya aprobación se logró en 2014. Al respecto, sostuvo que “es tan interesante como importante el debate que se está desarrollando y desarrolló en torno a la agricultura familiar y su rol respecto a la producción de alimentos en vistas a satisfacer el mercado interno”. No obstante, lo que en 2014 había sido una victoria, con el tiempo se transformó en desazón y nuevo campo de batalla. Es que la ley recién fue reglamentada en 2022, ocho años después, de modo parcial, a tal punto que su reglamentación dista mucho de la idea original que dio impulso al movimiento.
Entonces, sostiene, “el Estado es responsable de la situación que atraviesa el sector”. En efecto, “no hay iniciativas de ningún tipo para dar impulso y desarrollar la agricultura familiar en el país”. Como si fuera poco con la aplicación tardía y parcial de la ley de reparación histórica, “su reglamentación carece de presupuesto, por lo que es una formalidad total”. En este contexto, Galván manifestó que “como nunca antes es válido la lucha por construir un modelo productivo alternativo, agroalimentario, desde los sectores que trabajamos día a día la agricultura familiar”.
Visto en retrospectiva, “hasta el momento, la lucha por fortalecer y consolidar la agricultura familiar se caracterizó por el esfuerzo en implementar esta ley de reparación histórica, incluso cuando gobiernos afines no le dieron importancia a nuestra situación”. Por ello, “se trata de una lucha que todavía continúa, un proceso que no terminó sino que lamentablemente encuentra nuevos obstáculos cuando creíamos que habíamos avanzado”. De ahí que, balanceó, “es una batalla que debe ser profundizada” ya que “si bien las organizaciones vienen peleando todo esto, lo cierto es que los pasos todavía no han sido firmes de acuerdo a los objetivos propuestos”.
Para cambiar el modelo productivo, pensando en una agricultura familiar abocada a la producción de alimentos para el mercado interno, “es central poner en cuestión el problema de la propiedad de la tierra en Argentina y de los recursos naturales, en especial el agua”, detalló el Poriajhú.
El otro aspecto central es que “la agricultura familiar necesita un salto exponencial en su infraestructura y para eso es necesario que el Estado destine los fondos necesarios para llevarlo a cabo”. Al respecto, remarcó que “la infraestructura es el desafío más costoso en término de inversión para el diseño de un proyecto productivo y en ningún país del mundo es encarado por otro sector que no sea el Estado”. Por ello, “la mejora de la infraestructura debe ser una política estratégica para el Estado, dado que es el eje vertebral para alcanzar, por ejemplo, el objetivo de la soberanía alimentaria”.
Por todas estas cuestiones, “una normativa de agricultura familiar sin tocar la cuestión del presupuesto, un programa de desarrollo de infraestructura y de reestructuración de la propiedad de la tierra es una ley que no sirve y que es necesario ampliar, recuperando el espíritu original de la ley de 2014”.