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Política
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La masiva movilización de ciudadanía en Buenos Aires y las principales ciudades del país para repudiar las intenciones del presidente de poner militares a vigilar la calle, dejó claro que el país tiene memoria. Los pasos a seguir, analizados por Beinusz Szmukler.

Las calles argentinas, y no sólo en Buenos Aires, revelaron ayer lo que para muchos, sobre todo en el gobierno nacional, todavía no quedaba claro: que el pueblo argentino guarda una celosa memoria de los hechos de su pasado reciente como para permitirse que las acciones represivas se repitan.

Sin embargo (y el gobierno lo ha demostrado repetidas veces) el proceso de ajustes macristas ante la creciente resistencia popular en las calles y las casas refuerza sus estrategias represivas. La intención del presidente de volver a poner en las calles a las fuerzas armadas para atender roles estrictamente policiales encendió la alarma también porque va en ese sentido.

El pueblo se movilizó en diversos sectores del país, pero pareció unido por el espanto y, si bien no faltan en las marchas sectores esclarecidos al respecto de lo que verdaderamente pasa, pareciera no estar todavía suficientemente al tanto de que lo planificado por el macrismo con respecto a nuestras fuerzas armadas es, además, estrictamente ilegal y hasta inconstitucional.

Así lo enfatiza Beinusz Szmukler, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas, quien además destacó que ni la nefasta Ley Antiterrorista, vigente en nuestro país desde el proceso político anterior, habilita a los uniformes verdes a ejercer en las calles el mismo rol policíaco que hace pocas décadas sembró el país de muertes, torturas y desapariciones.

El jurista tampoco obvió los intereses imperiales ocultos tras el decreto 683/2018 En ese sentido, rescató para las reflexiones que la situación amerita el hecho de que en nuestro país se dará a fin de año el encuentro de presidentes del G20 y que la todopoderosa Christine Lagarde estaba aquí cuando la medida fue anunciada ante un aparatoso marco de militares.

Como se recordará, el decreto publicado en el Boletín Oficial del 24 de julio, derogando o modificando leyes expresas y decretos precedentes, entre otras cuestiones habilita a las fuerzas armadas intervenir en la defensa de “objetivos estratégicos” no especificados. Dicho esto y considerando el aluvión de pueblo que se prevé marchando ante la llegada de nuevos ajustes del Gobierno Cambiemos, ¿no será la Plaza de Mayo un objetivo estratégico a defender por las tropas militares que, al decir del general Martín Balza, “no tienen balas de goma”?

Movilizados y demás

Beinusz Szmukler pidió juzgar los hechos “por el momento en que se dan y en su contexto”. En ese sentido y tras recalcar que “esta decisión presidencial es inconstitucional e ilegal”, la idea de sacar militares a ejercer de policías “se da en un momento en que se acentúa la crisis económica y social”.

“Narra una situación global de Latinoamérica en la que hubo un retroceso en el desarrollo que tenían varios países”, agregó y observó que en este marco se da la “tentativa de liquidación de los organismos regionales, como la Unasur”. “Está todo en este marco internacional”, remarcó.

Recordó que entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de este año se reunirá en Buenos Aires la cúpula presidencial del G20. Ante ello consideró que en el Gobierno Cambiemos “están tomando medidas para poder sindicar una voluntad represiva para con el movimiento popular, que sale a la calle, reclama y resiste”.

“Uno se enorgullece de pertenecer al pueblo argentino, que está resistiendo”, dijo. Tras ello, expresó que “el cuento de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico no convence a nadie” y sostuvo que el combate contra estos fenómenos “no es una función de las fuerzas armadas sino de la policía”.

Szmukler también caracterizó el anuncio de Macri como “una especie de reivindicación del terrorismo de Estado”. Y recordando que este fue apoyado por reivindicadores de la última dictadura como Ricardo Bussi y Cecilia Pando, destacó: “los apoyos que tiene son, más o menos, de ese nivel o de los intereses económicos concentrados”.

“Esta idea de poner a las fuerzas armadas en la calle para cumplir roles típicamente policiales no tiene otro sentido que mostrar la posibilidad de represión y asustar a la gente”, fustigó y añadió que “para nada” la cuestionada Ley Antiterrorista vigente contempla el rol de policía para, por ejemplo, el Ejército.

“Las fuerzas armadas sólo intervienen y se organizan para enfrentar las agresiones de origen externo, perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado, dejando fuera de la órbita de las mismas toda cuestión que se refiera a la seguridad interna”, ilustró el letrado y añadió que “esto hasta es parte de una resolución de Nacional Unidas del año 74”.

“El decreto está violando las leyes existentes y por eso es ilegal”, dijo. Por eso llamó a “librar una fuerte batalla” en su contra y, al respecto, especificó que “en el Congreso se debería dictar una Ley” en el mismo sentido y que “los jueces competentes cuando les lleguen las demandas planteando la inconstitucionalidad deberán decretarla” como “parte de la lucha por el Estado de derecho y la democracia”.